El tema de las compras públicas en la República Dominicana ha sido objeto de debate y preocupación en los últimos años, especialmente en lo que respecta a la falta de consecuencias para aquellos que violan la ley. La Ley 340-06 de Compras, implementada en 2006, inicialmente tenía disposiciones para sancionar a aquellos que no cumplían con sus regulaciones. Sin embargo, en 2006 se decidió quitarle este sistema de consecuencia, lo que algunos consideran como el inicio de la impunidad en el país en este ámbito.
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