La Corte Suprema de Colombia deberá decidir la situación jurídica del expresidente en los próximos días
Bogotá ha vivido este martes un momento inédito: la declaración del primer expresidente colombiano llamado a comparecer ante la justicia, en un proceso penal por manipulación de testigos. Álvaro Uribe, que presidió el país entre 2002 y 2010 con una política de seguridad de mano dura tan alabada como rechazada, compareció a primera hora de la mañana ante la Corte Suprema de Justicia. El peso político y la popularidad de Uribe, senador, jefe del partido en el poder y mentor del actual mandatario, Iván Duque, hace que el caso trascienda el ámbito judicial. Tras siete horas de audiencia, la Corte Suprema informó que Uribe quedó formalmente vinculado al proceso por los «delitos de fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo».
Uribe llegó al tribunal en una camioneta poco antes de las ocho de la mañana, fuertemente escoltado y en medio de gritos de apoyo y de rechazo de un centenar de partidarios y detractores. Poco antes, sus seguidores se reunían en una misa por el exmandatario en la catedral de Bogotá, cercana al palacio, a la que asistieron políticos, senadores y empresarios afines al uribismo.
Tras salir del vehículo, Uribe, de 67 años, saludó a algunos correligionarios y entró sin hacer declaraciones hasta la sala de audiencias, en la que debía responder por presunto fraude procesal y soborno, delitos castigados con ocho años de cárcel. El caso tiene que ver con la supuesta manipulación de testigos, ya como senador, para que declararan a su favor en una investigación que lo vincula a grupos paramilitares.
En la calle, fuera del Palacio, se vivía una metáfora de lo que es Colombia y su polarización. De un lado, una pancarta blanca decía: “Necesitamos justicia. Uribe debe ir a la cárcel”, bien visible entre manifestantes con carteles que catalogaban al político de genocida. Del otro, seguidores de uno de los personajes más populares en la historia de la política colombiana coreaban su nombre y sostenían que la indagatoria era obra del chavismo, mientras relacionaban la interpelación judicial a Uribe con la situación actual en Perú y Ecuador. El proceso, que lleva más de un año en curso, ha exacerbado la división: los detractores, con tambores y canciones; los uribistas, con vuvuzelas que intentaban acallar los gritos de los antiuribistas. En el medio de la calle, la Policía se interponía para evitar altercados.
La causa promete ser larga, ya que la comparecencia de este martes es solo el comienzo de un largo proceso. Aunque la audiencia no era pública, se sabe que el expresidente tendría que responder al menos a cien preguntas. El tribunal deberá cotejar su declaración con la de otros 20 testigos que declararon anteriormente. A partir de ese momento, y en un plazo de 10 días, los jueces deberán decidir si lo mantienen dentro del proceso penal o lo absuelven. Si deciden seguir adelante y llevarlo a juicio, también tendrán que decidir si dictan medidas cautelares para evitar su huida o cualquier interferencia en el proceso. Todo ello, cuando restan escasas fechas para las elecciones locales del día 27.
Los ánimos se fueron agitando en el transcurso de la mañana. Adriana Torres, una monja carmelita, contaba entre lágrimas de emoción que vino a apoyar a Uribe. “Del Centro Democrático [el partido de Uribe e Iván Duque] me pagaron el pasaje en avión desde Medellín y vine porque lo quiero mucho”, contaba. Del otro lado se escuchaban denuncias de crímenes. Raúl Carvajal gritaba consignas en contra del expresidente y del también exmandatario Juan Manuel Santos: “Hoy, hace exactamente 13 años me mataron a mi hijo que era un suboficial de Ejército por negarse a cometer un falso positivo [asesinato extrajudicial]”.
Durante su mandato, cerca de 4.000 jóvenes fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército en medio del conflicto que durante seis décadas ha desangrado Colombia, y que Uribe intentó sofocar sin éxito mediante una política de abierta confrontación. Opositor al proceso de paz con las FARC, Uribe no es solo el líder del Centro Democrático —en el poder desde agosto de 2018—, sino también el senador más votado y, ahora, el protagonista de la campaña para los comicios locales.
El presidente de la Corte, Álvaro Fernando García, salió al paso de las voces que “atacan legitimidad institucional por la investigación” y pidió confiar en la justicia”. “Ninguna presión influirá en las decisiones que están obligados a tomar en Derecho los magistrados”, aseguró el presidente del Alto Tribunal. Por la noche, el expresidente Uribe se dirigió a sus seguidores desde la sede de su partido y agradeció al presidente Iván Duque que en la mañana de este martes le expresó solidaridad e hizo un recuento detallado de cómo comenzó este caso que lo tiene contra las cuerdas.
“Cuánto me duele que llamen a una indagatoria acusándome de fraude procesal. Por favor, yo lo que hice fue constatar la información que me llegaba”, dijo Uribe con su tradicional estilo de discurso de letanía religiosa. Sobre la acusación de soborno reconoció que su abogado Diego Cadena le entregó dos millones de pesos (cerca de 700 dólares) a un testigo, pero se desmarcó de esa decisión. “Si me hubiera consultado le habría dicho terminantemente que no”, aseguró. Un detalle importante porque la Corte basa su acusación en que Uribe dio consentimiento para esos pagos y ofrecimientos de beneficios judiciales.
El expresidente ha tenido discrepancias con varios de los magistrados por el capítulo de espionaje ilegal a la Corte durante su Gobierno. Y aunque al inicio de su discurso dijo que a pesar de esas diferencias “nunca desafiaría las decisiones”, más adelante sugirió que esa mala relación influyó en su caso. “Me preocupa que este desavenencia que tuve con la Corte haya llegado a donde llegó”, dijo. En los próximos días, el Alto Tribunal deberá decidir cuál es la medida judicial contra el expresidente. Una decisión que, sin duda, sacudirá la política en Colombia.
Una denuncia del expresidente que se volvió en su contra
C. O.
Cientos de horas de grabaciones y 40 testigos dan forma al proceso contra Álvaro Uribe y el congresista Álvaro Hernán Prada por supuesta manipulación de testigos. El caso comenzó cuando Uribe denunció al senador de izquierdas Iván Cepeda por recabar declaraciones de antiguos paramilitares en su contra. El tribunal cerró el caso contra Cepeda, pero abrió otro contra Uribe. Ahora investiga si allegados a él, y con su consentimiento, pagaron dinero y ofrecieron beneficios judiciales a exparamilitares para que se retractaran. La denuncia original de un paramilitar señala que en una antigua propiedad de la familia Uribe se creó un grupo de autodefensas.
