Con los registros en casas y fincas en el Distrito Nacional, Santo Domingo, La Vega, Monte Plata y San Francisco de Macorís, las autoridades han completado 45 allanamientos contra el grupo.
Santo Domingo, RD. Con los 18 allanamientos simultáneos realizados ayer en diferentes puntos del país, suman 45 los practicados por el ministerio público en la primera fase del operativo en contra del entramado de corrupción denominado Coral, con el fin de recolectar evidencias e incautar bienes.
Ayer fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y de Persecución realizaron 18 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, La Vega, Monte Plata y San Francisco de Macorís, los que incluyen varias fincas, villas, apartamentos, locales comerciales, entre otros.
Mientras que en el primer operativo esos fiscales acompañados de policías y militares realizaron 27 allanamientos simultáneos en San Pedro de Macorís, Monte Plata, Samaná, Santo Domingo y el Distrito Nacional.
Bienes cuantiosos
En esos operativos se han incautado bienes millonarios y el apresamientos de varios de los involucrados en el entramado de corrupción, entre lo que se encuentran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Flete Guzmán, el coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz y el mayor Alejandro Girón Jiménez.
Todos presos
Contra los cinco primeros la jueza Kenya Romero, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó prisión preventiva por un periodo de 18 meses para ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, mientras que en contra del último se ordenó arresto domiciliario.
Wilson Camacho, director del Pepca, explicó que los allanamientos que realiza el ministerio público este jueves se enmarcan dentro del entramado de corrupción de la operación Coral y que son para incautar bienes.
“Los allanamientos todavía están en progreso; en la medida de que estos se cierren, entonces estaremos en condiciones de saber si por alguna razón se han realizado arrestos o no”, dijo Camacho, titular del Pepca), al responder preguntas de los periodistas en un receso del juicio de fondo del Caso Odebrecht, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Agregó Camacho que “esta es una segunda ola de incautaciones para llegar hasta el último peso que se hayan robado del erario; esa es la razón por la que estamos haciendo estos allanamientos”.
“Hasta el momento estamos incautando bienes y recolectando evidencias. Los allanamientos están en proceso cuando se cierre podrán saber si se han producido apresamiento” expresó el director de la Pepca.
Cáceres Silvestre fue el jefe de la seguridad del expresidente Danilo Medina.
Modus operandi
Según la Pepca, una de las tácticas utilizadas por el presunto entramado contaba de dos pasos, primero el nombramiento irregular de cientos de policías y militares en las nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), cobrando entre 20,000 y 70,000 pesos mensuales.
La siguiente fase consistía en entregar a la red un porcentaje de esos montos a cambio de bajas dádivas. Las autoridades también señalaron que en ese proceso se solían desviar sumas millonarias provenientes de los viáticos, compra de combustibles y raciones alimenticias.
Asimismo, la diferencia entre lo pagado y la dádiva era subsecuentemente repartida entre miembros de esta sociedad.
DETALLES
Núñez de Aza
La PEPCA calificó a uno de los detenidos, Rafael Núñez de Aza, como “uno de los cerebros financieros principales”, a quien acusa de crímenes como estafa, coalición de funcionarios y lavado de activos, este último sirviendo como vínculo entre el coronel y Rossy Guzmán. Esta unidad de persecución indicó que Guzmán creó varias empresas con ese fin, señalando específicamente Único Real State. Citó una de las presuntas instancias de lavado la compra de un apartamento ubicado en Balcones del Atlántico, Las Terrenas, Samaná.