El presidente Luis Abinader, quien ha prometido que su Gobierno respetará la continuidad jurídica del Estado, dispuso prohibir a la República Popular China invertir en áreas estratégicas de República Dominicana, entre las que citó puertos, aeropuertos y telecomunicaciones, lo que anula acuerdos previos entre ambos países.
Sin identificar los peligros que las inversiones chinas en esos sectores representan para la seguridad interior del Estado, al mandatario se le atribuye decir que “el Gobierno dominicano ha decidido tener una alianza estratégica con los Estados Unidos y ha dejado clara esa decisión a China”.
Durante una conversación en inglés en el Wilson Center, una organización no partidista que funge como un foro de problemas globales, el jefe de Estado afirmó que “mi posición es que nosotros necesitamos estar en temas de alianzas estratégicas con los Estados Unidos”.
La veda para invertir en puertos, aeropuertos y telecomunicaciones, anula acuerdos arribados entre el gobierno dominicano y el de China, que incluyen participación de capitales orientales en el proyecto de ampliación de la terminal marítima de Manzanillo.
Lo señalado por el jefe de Estado, de que esa prohibición obedece a que el Gobierno ha decidido tener una alianza estratégica con Estados Unidos, obliga a pensar que esas áreas de inversión estarían reservadas a capitales estadounidenses, lo que genera un indeseable brebaje de discriminación y privilegio.
El control de la mayoría de los aeropuertos está hoy bajo administración de capitales franceses, y una de las principales compañías de telecomunicaciones es de inversión mexicana, como también operan bancos comerciales canadienses y de Estados Unidos, lo que quiere decir que el problema es China.
No resulta prudente que el Gobierno fuerce a la nación a alinearse de manera incondicional con cualquier potencia económica, política y militar, sobre la cual pone a disposición la posibilidad de control monopólico de las áreas estratégicas de desarrollo, lo que vulnera los principios de soberanía e independencia.
Sobra tiempo para que el presidente Abinader rectifique tan letal decisión y reencauce la política oficial de promoción de inversiones por el lado de la pluralidad, seguridad jurídica y respeto al ordenamiento constitucional, en el claro entendido de que esta es una nación libre e independiente de toda potencia extranjera.
