Lo ha anunciado personalmente el canciller austríaco, Sebastian Kurz, en una rueda de prensa convocada por sorpresa a las ocho de la mañana. El gobierno cerrará siete mezquitas y expulsará a unos 60 imanes por difundir ideas extremistas y adoctrinar a menores de edad en valores contrarios a las leyes de Austria.
Se trata de asociaciones musulmanas que reciben financiación desde el exterior, supuestamente desde Turquía que el gobierno austriaco elimina con el fin de evitar las «sociedades paralelas». «El islam político y el extremismo no tienen cabida en Austria», ha dicho Kurz, sustentando estas decisiones en la investigación llevada a cabo por las fuerzas de seguridad después de que apareciesen unas imágenes en las que un grupo de niños recreaban con uniformes militares, posando incluso como cadáveres amortajados con banderas turcas, la batalla de Galípoli, desarrollada en suelo turco durante la I Guerra Mundial.
«No es una cuestión religiosa, debemos estar en alerta contra el Islam político», ha dicho Kurz, escoltado en la comparecencia por el ministro de Cultura, Gernot Blümel; el vicecanciller Christian Strache, y el ministro de Interior, Herbert Kickl, los dos últimos pertenecientes al partido antieuropeo y anti extranjeros FPÖ.
Los objetivos de estas medidas son la erradicación en Austria de las mezquitas de los «Lobos grises», una organización turca de extrema derecha, erradicar las mezquitas sostenidas por fondos salafistas desde el exterior y terminar con la presencia en el país de los imanes de la sociedad AtIB, que deberán abandonar Austria junto con sus familias, en total unas 150 personas.
Cuatro de las mezquitas que serán clausuradas se encuentran en Viena, dos en la región de Alta Austria y una en Carintia. Sobre todas ellas pesa la acusación de difundir ideas ultranacionalistas turcas y promover una lectura ultraconservadora de los principios islámicos.
La asociación islámica mayoritaria en el país, la Comunidad de Culto Musulmán (IGGiÖ), ha participado activamente en las investigaciones y asegura que las mezquitas no contaban con los permisos apropiados para funcionar, de modo que no interpreta la medida como un ataque a la religión musulmana sino como una cuestión de seguridad «en beneficio de todas las personas que viven en Austria». En este país vive alrededor de medio millón de musulmanes, en su mayoría de origen turco y bosnio, lo que representa el 6% de la población de un país de mayoría católica.
La asociación austro-turca ATIB, que cuenta con unos 100.000 miembros, es muy próxima al islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. El ministro de Interior ha explicado que esta es la primera vez que se aplica la ley aprobada en 2015 que prohíbe cualquier financiación extranjera de los predicadores y los lugares de culto musulmanes para limitar la influencia foránea sobre la comunidad islámica austríaca. «En Austria existe la libertad religiosa», aseguró el vicecanciller austríacos, Strache, «por eso es importante que ese principio no sea utilizado para el adoctrinamiento político».
La oposición socialdemócrata del SPÖ no ha mostrado resistencia a esta medida, ya que fue durante la anterior legislatura, cuando era secretaria de Estado, Munar Duzdar, cuando arrancaron las investigaciones y aparecieron las primeras pruebas de las prédicas anticonstitucionales de estos imanes.
Desde Turquía, sin embargo, llegan reacciones muy críticas por parte del gobierno. El portavoz, Ibrahim Kalin, ha escrito en las redes sociales que Austria está «cercenando los lugares de culto musulmanes para sacar de ello rédito político» y habla de una «ola racista populista contra el Islam».
