elaborado por #MultimediosLZO
Un comunicado reciente de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OGTIC) expone una serie de ataques infundados que tienen como blanco al ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, y al director de la OGTIC, Bartolomé Pujals. Según la institución, las denuncias sobre irregularidades en el proceso de selección para la instalación de un Punto GOB carecen de fundamento y están siendo manipuladas por sectores opositores con poder mediático. Estos ataques parecen buscar presionar al presidente Luis Abinader mediante un chantaje público que lo lleve a destituir a ambas figuras clave.
Una campaña basada en falsedades
El comunicado desmiente con claridad las afirmaciones difundidas en los medios:
El proceso fue cancelado sin costo alguno para el Estado:* La OGTIC señala que el proceso fue anulado antes de la firma de un contrato o de realizar pagos. Por tanto, cualquier insinuación de corrupción o favoritismo carece de sustento.
Proceso transparente y competitivo: A diferencia de lo alegado, el proceso permitió la participación de hasta cinco oferentes. Incluso las plazas comerciales que no respondieron a la invitación inicial pudieron presentar sus propuestas, garantizando igualdad de oportunidades.
Verificación legal: Los requisitos establecidos por los Términos de Referencia (TDR) no exigían que los oferentes fueran propietarios de los locales. El fideicomiso propietario del inmueble fue verificado y no tiene relación con funcionarios públicos, según la institución.
Renuncia del oferente más avanzado: El oferente más prometedor decidió retirarse porque no podía cumplir con el plazo de entrega para diciembre de 2024, dado que su cronograma indicaba que la obra estaría lista en marzo de 2025.
El trasfondo político: chantaje al presidente
Los ataques no solo buscan desacreditar a Bonilla y Pujals, sino que parecen ser parte de una estrategia para chantajear al presidente Abinader y forzar la destitución de estas figuras clave en su gobierno. Este intento de presión provendría de sectores opositores con creciente influencia mediática, que estarían utilizando estos casos para generar ruido y debilitar la gestión presidencial.
La estrategia de oposición con poder mediático o adversarios internos en el partido de gobierno
Según fuentes cercanas al entorno gubernamental, estos ataques han sido orquestados por sectores vinculados a la oposición en su mayoría y replicado por prensa no investigativa, que actualmente manejan importantes medios de comunicación. Estos grupos estarían utilizando su plataforma para amplificar narrativas falsas y crear un clima de desconfianza hacia el gobierno o con propósitos personales dentro de adversarios aspirantes a los cargos de los «agredidos».
Un caso similar: diciembre de 2023
La OGTIC también recordó que en diciembre de 2023 se realizó un proceso similar que quedó desierto, y en ese momento no surgieron señalamientos de irregularidades. Esto refuerza la idea de que las acusaciones actuales responden a una agenda política.
La respuesta de la OGTIC: firmeza y transparencia
La institución reafirmó su compromiso con la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos, asegurando que este tipo de informaciones malintencionadas buscan confundir a la ciudadanía y deslegitimar los esfuerzos por ofrecer servicios de calidad.
Un llamado al análisis crítico
Es esencial que la ciudadanía no se deje manipular por campañas basadas en desinformación. Los intentos de chantaje al presidente no solo afectan a los individuos señalados, sino que también buscan socavar el liderazgo necesario para avanzar en las transformaciones que el país necesita.
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Comunicado Oficial de la OPTIC
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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA.
En relación con las informaciones publicadas recientemente sobre el proceso de selección para la instalación de un Punto GOB, esta institución considera necesario informar los hechos de manera precisa y transparente, debido a que dichas afirmaciones carecen de fundamento y no reflejan la realidad de los procedimientos llevados a cabo.
En primer lugar, es importante destacar que este proceso fue cancelado sin que se llegara a firmar un contrato ni realizar desembolso económico alguno. Desde el inicio, se realizó un estudio de mercado conforme a los reglamentos establecidos, identificando al menos dos plazas comerciales con las condiciones necesarias para albergar un Punto GOB. Sobre esta base, se llevó a cabo un proceso de excepción que permitia la participación de hasta cinco oferentes. Las dos plazas comerciales identificadas fueron invitadas formalmente, y el proceso quedó abierto para que otras también pudieran participar, desmintiendo así cualquier afirmación de que se trató de una adjudicación directa.
Adicionalmente, se cumplió con la debida diligencia exigida en los Términos de Referencia (TDR). En este caso, no se requiere que los oferentes sean propietarios de los locales, por lo que se presentó un contrato de alquiler con opción a compra, acompañado de una autorización para subarrendar. También se verificó el título del inmueble, confirmándose que pertenece a un fideicomiso compuesto por empresas, sin que exista evidencia alguna de que funcionarios públicos formen parte de dicho fideicomiso.
Cabe señalar que este proceso no fue el primero de su tipo. En diciembre de 2023, se llevó a cabo una convocatoria similar que quedó desierta, momento en el cual solo una plaza comercial cumplía con los requisitos necesarios, y no era la mencionada en las publicaciones recientes.
Asimismo, es necesario aclarar que, si el objetivo hubiera sido beneficiar a una entidad específica, se habría optado por un proceso directo en lugar de uno competitivo. Este no fue el caso, ya que la transparencia y la participación abierta de los oferentes fueron principios fundamentales en todo momento.
Por otro lado, esto locales pueden estar aún en construcción, al inicio de este tipo de procesos. Las adecuaciones necesarias se ajustan después de la adjudicación, como ocurrió con los Puntos GOB de San Cristóbal y Santo Domingo Norte, que hoy operan exitosamente tras completarse las condiciones requeridas. En el caso específico de este proceso, durante la verificación técnica se constató que el oferente había completado la terracería y contaba con una estructura lista para ensamblarse en un plazo de 1 a 2.5 meses. Sin embargo, el oferente renunció al proceso debido a que no podía cumplir con el plazo de entrega establecido para diciembre de 2024, ya que su cronograma proyectaba la finalización en marzo de 2025.
Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la correcta aplicación de los reglamentos y la administración responsable de los recursos públicos. Este tipo de informaciones incorrectas no solo desinforman a la ciudadanía, sino que también buscan desacreditar el esfuerzo realizado por esta institución para garantizar servicios de calidad en beneficio de todos.
Dirección de Comunicaciones
OGTIC
