Un año y medio después de ser destituida por una maniobra que encabezó su hasta entonces número dos, Michel Temer, la primera mujer que alcanzó la presidencia de Brasil ha vuelto a la escena. Dilma Rousseff, generalmente poco afecta a las entrevistas, ha dedicado unos días a encuentros con la prensa con un objetivo: defender ante la opinión pública a su antecesor y compañero del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva. El expresidente, el mejor situado en las encuestas para vencer en las elecciones del próximo octubre, se someterá este miércoles a un juicio sobre el recurso que presentaron sus abogados contra la condena a nueve años y medio de prisión, acusado de recibir como soborno un apartamento en la playa. Para Rousseff (Belo Horizonte, 1947), todo lo ocurrido en Brasil en el último año y medio es producto de un «golpe» que se inició con el impeachment que la apartó de la presidencia y ahora continúa con el juicio contra Lula.
La expresidenta recibe a EL PAÍS en su casa, un sencillo apartamento de clase media en Porto Alegre, la ciudad donde vive y la misma que este miércoles acogerá el juicio a Lula. Rousseff clama contra lo que entiende como doble vara de medir de la justicia brasileña. “Contra Aécio Neves [el candidato derrotado por ella en las elecciones de 2014, exlíder del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB)] hay pruebas contundentes: una conversación grabada y una maleta de dinero. [Contra] el presidente ilegítimo Temer hay otra grabación e imágenes de un asesor suyo llevando una maleta [de dinero] para arriba y para abajo. Y están todos tranquilos ejerciendo sus cargos. El presidente Lula no tiene cuentas en Suiza, solo tiene esa historia absurda del apartamento”. Argumenta Rousseff que esa vivienda nunca perteneció a Lula y que la acusación no ha podido probar qué beneficios recibió del expresidente la constructora para habérselo regalado.
Rousseff fue destituida bajo la acusación de hacer maniobras contables para maquillar el déficit fiscal sin pedir autorización al Congreso. Para ella, hay una conexión evidente entre lo sucedido entonces y la actuación judicial contra Lula: “Yo creo que el golpe que se produjo en Brasil en 2016 no es un acto aislado. Es un proceso. Y el impeachment fue el acto inaugural”. El “segundo momento”, dice la expresidenta, fue el programa adoptado por el nuevo Gobierno de Temer, con medidas como una reforma laboral y una ley para limitar los gastos públicos. “Ahora, para aprobar el programa que falta, como la reforma de las pensiones, es necesario el tercer acto. Se quita de en medio la mayor amenaza para este proyecto: el presidente Lula. Él tiene casi un 40% de las intenciones de voto. El rechazo popular construido a lo largo del proceso de impeachment y de las grandes manifestaciones en la calle se ha diluido. Si Lula no es retirado de la carrera, ganará las elecciones”.
La expresidente aún confía en que la sentencia contra Lula pueda ser revertida. “Pero si él fuese condenado”, advierte, “vamos a usar todos los instrumentos jurídicos que están a nuestra disposición. Vamos a hacer todas las movilizaciones de que somos capaces. Pero no creo que eso se traduzca en actos agresivos y violentos”. Una eventual inhabilitación de Lula plantearía un grave problema al PT, que perdería su principal líder político y sufriría un nuevo desgaste para la ya sacudida imagen del partido, con diversos dirigentes condenados por corrupción. Y casi nadie es capaz de apuntar un nombre verdaderamente fuerte para sustituirlo en la batalla electoral.
Desde hace meses, en Brasil es contínua la especulación sobre si el PT dispone de un plan B en el caso de que Lula no consiguiese llegar a las elecciones. Rousseff lo niega con vehemencia: “¿Para qué quieren que tengamos una plan B? Si lo tuviéramos estaríamos haciéndoles el juego. ¿Por qué vamos a quitar a Lula de la carrera por una acusación de la que creemos que es inocente? ¿Para ganar la elecciones? ¿Qué elección merece que sea repudiado un líder del tamaño de Lula por una acusación? ¿Qué cobardía es esa? ¿Para diversión de los golpistas, de esa derecha y de esa oligarquía atrasada del país?». «Los que quieren un plan B», prosigue, «son los mismos que querían que yo renunciara. ¿Y por qué querían eso? ¿Por qué tenían alguna consideración por mí? ¡No! Porque si yo hubiese renunciado impediría el striptease político de lo que era claramente un golpe”.
Más que al actual presidente Temer, que ocupaba la vicepresidencia cuando Rousseff fue destituida, la expresidenta culpa de todas las maniobras a Eduardo Cunha, otro destacado miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), entonces socio de gobierno del PT. Cunha, ahora en la cárcel con una condena de 14 años por corrupción, fue el presidente de la Cámara de Diputados que facilitó la tramitación parlamentaria del impeachment. “Él es la mente por detrás del proceso, quien lo hace viable legislativamente y rompe la alianza que sostenía al Gobierno”, explica. “Él solo quería que nos arrodillásemos y aceptásemos su agenda, ultraconservadora en materia de costumbres y ultraliberal en lo económico”.
