El gobierno de Donald Trump aprobó una nueva legislación migratoria que impone una tarifa adicional de US$250 para quienes soliciten visas de trabajo, estudio o turismo para ingresar a Estados Unidos. Esta medida entró en vigor tras la promulgación de la llamada “gran y hermosa ley”, firmada el pasado 4 de julio.
Conocida como “tasa por integridad”, esta tarifa funcionará como un depósito obligatorio, que se sumará al costo habitual del visado. El objetivo es desincentivar estadías prolongadas y fomentar el cumplimiento estricto de las condiciones migratorias.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) será el encargado de aplicar el cobro al momento de emitir la visa. Los solicitantes podrán solicitar el reembolso siempre y cuando:
No permanezcan más tiempo del autorizado.
No acepten empleo sin autorización.
Soliciten y obtengan una extensión legal o ajuste de estatus.
Esta tarifa se aplicará a visas como B-1/B-2 (turismo y negocios), F/M (estudiantes), H-1B (trabajo), J (intercambio), O/L/R/H (trabajadores temporales o religiosos) y P (atletas).
Adicionalmente, se contempla un recargo de US$24 por el formulario I-94 y cargos extra de US$13 o US$30 para quienes viajen bajo los programas ESTA o EVUS.
A partir de 2026, el monto se ajustará anualmente según la inflación. Expertos han señalado que esta medida podría elevar el costo total del trámite hasta 2.5 veces más que el actual, afectando principalmente a estudiantes y viajeros.
Los ciudadanos exentos de visa, como los canadienses o quienes integran el Programa de Exención de Visado, no estarán sujetos a esta nueva tarifa.
