El debate sobre la reforma del Código Penal en la República Dominicana ha reavivado una vieja preocupación nacional: la influencia de actores externos en la toma de decisiones del Congreso. En medio de esta discusión, el senador de la provincia Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Antonio Taveras Guzmán, ha asegurado que el Senado no se dejará presionar ni por Estados Unidos ni por ningún otro sector, interno o externo.
La declaración de Taveras Guzmán no es menor. En los últimos años, la política dominicana ha estado salpicada de denuncias sobre la injerencia de potencias extranjeras en asuntos nacionales, ya sea en materia de derechos humanos, políticas económicas o reformas legislativas. En este contexto, el senador ha buscado dejar claro que el nuevo Código Penal será resultado de un proceso de discusión autónomo, sin interferencias.
¿Es realmente independiente el Congreso?
Las palabras del senador Taveras Guzmán buscan tranquilizar a un sector de la población que teme que el Código Penal sea influenciado por presiones foráneas. Sin embargo, la realidad política del país muestra que el Congreso dominicano ha sido históricamente permeable a presiones de sectores empresariales, religiosos y diplomáticos, lo que ha ralentizado y condicionado reformas clave.
En el caso del Código Penal, las discusiones se han extendido durante años debido a la polarización de temas sensibles, como la despenalización del aborto en tres causales, la tipificación de nuevos delitos y la corrupción. Grupos conservadores y organismos internacionales han ejercido presión en direcciones opuestas, convirtiendo la reforma en un campo de batalla ideológico y político.
Un Código Penal en la encrucijada
El país necesita un nuevo Código Penal. El marco legal actual data de 1884 y presenta vacíos que dificultan la persecución efectiva de crímenes modernos, como el lavado de activos, el crimen organizado y los delitos informáticos. La urgencia de actualizar esta legislación es indiscutible, pero su aprobación se ha convertido en un proceso marcado por negociaciones políticas y presiones externas e internas.
Taveras Guzmán, como presidente de la Comisión de Justicia del Senado, asume un rol clave en este proceso. Su afirmación de independencia del Congreso respecto a poderes externos es una declaración de intenciones que pone el foco en el verdadero desafío: lograr un consenso sin ceder a presiones de ningún sector que busque imponer una agenda particular.
El reto de la soberanía legislativa
En un mundo cada vez más interconectado, la influencia de actores externos en la política interna es inevitable. Lo que está en juego no es si existe o no presión extranjera, sino la capacidad de las instituciones dominicanas para tomar decisiones en función de los intereses nacionales.
Si el Senado realmente quiere demostrar su independencia, deberá aprobar un Código Penal que refleje un equilibrio entre el respeto a los derechos fundamentales y la necesidad de fortalecer la justicia. Las declaraciones de Antonio Taveras Guzmán son un mensaje claro, pero la verdadera prueba será si el Congreso puede aprobar una
