La Fiscalía de Veracruz ha informado este jueves del hallazgo de una fosa con 166 cráneos y otros restos humanos en un lugar no revelado por «razones de seguridad». En el área, de unos 300 metros cuadrados, los agentes también han encontrado 200 prendas de vestir, 114 identificaciones y otros artículos personales de las víctimas. Ese sería el segundo cementerio clandestino más grande que se localiza en ese Estado sacudido por la violencia. Hace dos años integrantes del Colectivo Solecito, una asociación de familiares con personas desaparecidas, dieron con un predio cercano al puerto de Veracruz llamado Colinas de Santa Fe, donde hallaron 295 cuerpos,.
En un mensaje a medios de comunicación el fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, informó que el departamento de la Fiscalía encargado de recibir denuncias por desaparición de personas obtuvo un testimonio que reveló la ubicación de la fosa. Durante la investigación,
que ha durado 30 días, las autoridades utilizaron georadares, sondas de búsqueda y de drones para rastrear el terreno. «Del análisis antropológico de los hallazgos se ha podido determinar que se trata de inhumaciones clandestinas de al menos dos años de antigüedad», explicó. El funcionario dijo que no se había informado de los trabajos de búsqueda a los colectivos con familiares desaparecidos por cuestiones de seguridad, pero adelantó que pondrían a disposición un catálogo con las prendas y demás accesorios encontrados.
Lucy Díaz Henao,una de las integrantes del Colectivo Solecito, cuestionó que la Fiscalía haya ocultado los trabajos de búsqueda a las diversas organizaciones. «La Fiscalía no es de fiar y nosotros no tenemos ninguna razón para confiar en ellos. Hacen un trabajo muy chapucero (tramposo) y tememos que manipulen, pierdan indicios o escondan información», manifestó. Además, destacó, las autoridades se pasaron por alto la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que entró en vigor el año pasado y que prevé que en las búsquedas las autoridades deben permitir la participación directa de los familiares.
La Fiscalía, expuso Díaz Henao, a la par de las exhumaciones debe avanzar en la identificación de los restos. En el predio de Colinas de Santa Fe se exhumaron 295 cuerpos y sólo se han identificado 25 de ellos. En la entidad, uno de los más poblados del país con ocho millones de habitantes, los colectivos calculan que hay unos 20.000 desaparecidos. En gran parte de los casos, afirmó, hubo participación de policías o funcionarios públicos. «Las desapariciones por parte de los policías siguen. Cuando llegó Yunes (el actual gobernador) dejó en los puestos a los mandos viejos, con malas mañas», aseguró.
Veracruz, en el golfo de México, tiene más fosas que municipios: más de 300 frente a poco más de 200 localidades. En enero pasado Winckler,Ortiz notificó al Congreso de los estragos de la delincuencia organizada: en los últimos seis años las autoridades periciales habían hallado, hasta ese momento, 343 fosas clandestinas distribuidas en 102 puntos a lo largo y ancho de la entidad. En las fosas estaban enterrados 225 cuerpos, pero sólo 111 personas habían sido identificadas por sus familias.
El Estado ha sido golpeado por la violencia producto de la disputa entre grupos del crimen organizado y sus finanzas públicas han sido azotadas por los recurrentes casos de corrupción que se agudizaron durante la gestión del exgobernador Javier Duarte, actualmente preso. En 2017, el año más sangriento en la historia de México, Veracruz cerró con 1.641 homicidios dolosos, una tasa de 20,7 asesinados por cada 100.000 habitantes,. En los primeros siete meses del año se han iniciado 784 carpetas de investigación por el mismo delito.
Durante la gestión del exmandatario Duarte, Arturo Bermúdez Zurita, entonces secretario de Seguridad, y Roberto González Meza, director de Fuerza Civil, una corporación que actuaba bajo el mando de Bermúdez, ordenaban y ejecutaban la detención ilegal de personas en total impunidad. Los policías, bajo su mando, capturaban y torturaban a quienes les ordenaban. Los dos funcionarios policiales actualmente están presos. En octubre del año pasado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz emitió una recomendación a diversas autoridades tras documentar la desaparición de 81 personas entre febrero de 2011 y octubre de 2016. En 22 casos se presumía desaparición forzada, es decir, hubo participación material o intelectual de servidores públicos. La CEDH denunció la simulación por parte de la Fiscalía estatal en las investigaciones de los casos,
