Legislaciones laxas, imposiciones de los tratados de Libre Comercio y el aumento del contrabando de desechos en asociación con organizaciones criminales amenaza seriamente a varios países de la región.
El impacto que tendría la medida ya era un secreto a voces. En 2018, la decisión de China de dejar de importar desechos plásticos de terceros países abrió la puerta a la posibilidad de que otras regiones del mundo se convirtieran en el vertedero de las naciones industrializadas, por lo que América Latina emergió como receptor.
Así, mientras EE.UU. y Europa occidental figuran como las zonas donde más contaminan (y con mayores ingresos), países como México, Argentina, Chile y Perú despuntan como los nuevos destinos de la basura que se produce en el Norte Global. Las evidencias más alarmantes están registradas en el informe ‘Los residuos plásticos han llegado a América Latina: tendencias y desafíos en la región’, publicado a mediados del año pasado por la organización Gaia.
El problema va más allá del tema ecológico, ya de por sí preocupante, y deja entrever las debilidades de los países de la región para afrontar la avalancha de residuos por sus legislaciones laxas, las dificultades para enfrentar las presiones de EE.UU. y el temor de algunos Gobiernos para dar a conocer quiénes son los principales beneficiarios de un negocio que, además de sucio, es opaco.
Tierra y mar de plástico
A estas alturas se sabe que en el mundo se vierten ocho millones de toneladas anuales de residuos al mar, que hay peces en el Amazonas con evidencia de contaminación de plásticos, que cientos de especies se ven afectadas por la ingesta de polímeros y que probablemente en 2050 habrá más plástico que fauna marina en los océanos.
El fenómeno lleva años produciéndose, pero el cierre de puertas de China a la importación de residuos podría hacer que la situación se agrave con mayor rapidez en los países de América Latina y el Caribe. De acuerdo al informe de Gaia, «los flujos de comercio internacional de residuos plásticos han cambiado y se han adaptado a la búsqueda de nuevos destinos para los residuos producidos por las potencias mundiales, con EE.UU. a la cabeza».
Entre enero y agosto de 2020, según datos de USA Trade Online, llegaron a la región 44.173 toneladas de residuos plásticos a 15 países de América Latina, lo que en la práctica equivale a 35 contenedores por día.
Debido a los huecos en la legislación y a un control blando, México, El Salvador, Ecuador y Guatemala están en el tope de la lista como importadores de plástico proveniente de EE.UU. Entre enero y agosto de 2020, según datos de USA Trade Online, llegaron a la región 44.173 toneladas de residuos plásticos a 15 países de América Latina, lo que en la práctica equivale a 35 contenedores por día.
En el caso particular de México, que cuenta con una ley para regular este tipo de importaciones desde 1990, la queja de las organizaciones ambientalistas es que la dispersión legislativa de ese instrumento da lugar a vacíos que son aprovechados para hacer negocios con la basura.
La opción por la que apuestan las ONG de defensa del ambiente es que se implemente el Convenio de Basilea para las importaciones de plásticos de todos los países del mundo, incluido Estados Unidos. Sin embargo, Washington no es signatario de ese instrumento y, de hecho, ha presionado para frenar su aplicación en la región.
Las lagunas en las normativas también se repiten en Ecuador, donde todavía está pendiente la regulación de residuos, a pesar de la vigencia de la Ley de Gestión Ambiental de 1999. Hasta el año pasado, los investigadores de GAIA solo habían documentado tres solicitudes para el movimiento y traslado de desechos, en un país que en 2020 recibió 3,66 toneladas de plástico procedente de EE.UU.
En Argentina, la situación es un poco distinta. Desde finales de la década de los 80 del siglo XX, ese país detectó solicitudes de importadores de desechos etiquetados como «ayuda sanitaria» o «ayuda humanitaria», que realmente consistían en residuos hospitalarios y lodos cloacales. Ese precedente promovió la entrada en vigor de una Ley Nacional de Residuos Peligrosos, promulgada en 1992, para regular el sector.
No obstante, en 2019, el entonces presidente argentino, Mauricio Macri, promulgó una ley para volver a permitir la importación de residuos. La normativa fue duramente criticada por organizaciones sociales y recicladores, aunque defendida por el Ejecutivo hasta su derogación, bajo el actual Gobierno de Alberto Fernández.
«Argentina blindó sus fronteras mucho antes de que las economías más ricas discutieran esta enmienda, a la que Estados Unidos se ha opuesto», apunta el informe de GAIA. Sin embargo, esta semana, organizaciones sociales denunciaron el estancamiento de la Ley de Envases, frenada en el Congreso, y la supuesta opacidad en los datos sobre la gestión de residuos, lo que constituye un problema ambiental y de salud para el país.
¿Qué pasa con los residuos que llegan?
El problema con estas importaciones de residuos es que hacerles seguimiento resulta casi imposible. El informe de GAIA alerta que los métodos más utilizados para ‘disfrazar’ la entrada y salida de desechos es a través «de partidas, subpartidas y fracciones arancelarias amplias y ambiguas, que no rastrean estos materiales hasta su uso final».
«A partir de las experiencias de los países asiáticos, existe amplia evidencia internacional de que estos desechos llegan contaminados o son difíciles de reciclar, lo que genera un impacto en los países receptores», continúa el documento. En paralelo, el sector de reciclaje sigue creciendo en la región: solo en 2020, Interpol detectó la tendencia y consideró probable que la razón sea la recepción de material proveniente de EE.UU.
Aparentemente, estas empresas tendrían inversionistas provenientes de empresas de EE.UU. y China. Desde territorio estadounidense, el objetivo sería desviar los residuos que antes iban con destino al continente asiático.
En los primeros meses de 2020, las exportaciones de desechos plásticos de EE.UU. a México crecieron 135 %. El mayor pico se registró entre julio y agosto, cuando se enviaron unas 6.800 toneladas por mes.
En paralelo, las empresas chinas estarían estableciéndose en América Latina para recuperar el mercado perdido con la medida dictada por su país de origen en 2018. El incentivo común para los inversionistas extranjeros en la región sería «la mano de obra barata y la cercanía de los países latinoamericanos con Estados Unidos, el mayor productor de estos desechos».
Aunado a este panorama, Interpol alertó que la gestión global de desechos ha mostrado el «aumento alarmante» del comercio ilegal de plásticos en todo el mundo, principalmente desviados hacia el Sudeste asiático. De hecho, el informe apunta a la presunta complicidad entre las redes criminales y los negocios legítimos de gestión de la contaminación para ser utilizados como «tapadera» para negocios ilícitos.
En estas dinámicas, la propia Interpol reconoció que el aumento de las restricciones para la importación de residuos terminaría impactando en los países con legislaciones más débiles y escasos controles. Y los datos más preocupantes, desde hace dos años, provienen de México y Ecuador, donde ni siquiera la pandemia pudo mellar la recepción de desechos.
En los primeros meses de 2020, las exportaciones de desechos plásticos de EE.UU. a México crecieron 135 %. El mayor pico se registró entre julio y agosto, cuando se enviaron unas 6.800 toneladas por mes, equivalentes a 42 contenedores grandes por día.
El repunte en Ecuador también coincidió en agosto de 2020, cuando se importaron casi 1.100 toneladas de residuos, a razón de unos siete contenedores por día. Si en enero de ese año EE.UU. había exportado 446,3 toneladas de desechos plásticos al país suramericano, el incremento en ocho meses más tarde fue de 137 %.
La misma opacidad en el manejo de esos residuos impide determinar, en la mayoría de los casos, qué tipo de desechos son, aunque los informes disponibles apuntan a que se hay gran presencia de PET (Polietileno Tereftalato) y plásticos mixtos (como el utilizado en botellas de gaseosas y agua). En el caso específico de México y Ecuador, el estado de California aparece como el principal exportador, seguido de Misisipi.
La trampa del libre comercio
De acuerdo al informe de Gaia, uno de los obstáculos para lograr mayores regulaciones y evitar que los países de América Latina se conviertan en receptores sin control de la basura es la política de puerta abierta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Aunque ese organismo tiene una normativa sobre el comercio ciertos desechos, no tiene una regulación específica sobre plásticos sucios y otros residuos, por lo que «no ofrece una protección ambiental equivalente o mayor que la del Convenio de Basilea y no constituye un marco legal alternativo válido al Convenio [de Basilea] para tales desechos plásticos».
El as bajo la manga de EE.UU. ha sido presionar para evitar que se aplique la enmienda de plásticos del Convenio de Basilea a los miembros de la OCDE, que ya decidieron postergar la discusión sobre esa materia para 2024.
«El gobierno de los Estados Unidos continúa impunemente con estas exportaciones ilegales y sus representantes oficiales minimizan el derecho ambiental internacional. Mientras tanto, los controles del comercio de desechos dentro de la OCDE son más ligeros que fuera de la OCDE, y la OCDE representa un riesgo para el comercio ilegal de desechos plásticos», sostiene Gaia. El dato sobre el que sustenta esa afirmación es que EE.UU. transó el 55 % de sus desechos plásticos con países de ese bloque en 2019.
Por eso, el as bajo la manga de Washington ha sido presionar para evitar que se aplique la enmienda de plásticos del Convenio de Basilea a los miembros de la OCDE, que ya decidieron postergar la discusión sobre esa materia para 2024. Mientras tanto, los controles dependen de cada país.
Un caso similar ocurriría con el Tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá (T-MEC), que «tiene un lenguaje suave, con poca fuerza jurídicamente vinculante, que simplemente impone la cooperación entre países», sin precisar cómo debe actuarse en caso de incompatibilidad con el tratado de Basilea.
