Los diputados recientemente nombrados, con mayoría de Nuevas Ideas, han aprobado cesar a todos los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general que habían emitido veredictos contrarios al presidente.
En la primera sesión de la Asamblea Legislativa, ocho horas después de ser instituida con el apoyo de 64 de los 84 diputados que apoyan al presidente Nayib Bukele, ha aprobado la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por jueces allegados. Poco más tarde el fiscal general de la República, Raúl Melara, fue depuesto por el exfiscal encargado del crimen organizado, Rodolfo Delgado.
Dos exministros de Bukele, Ernesto Castro y Suecy Callejas, llegaron escoltados de la policía y formarán parte del nuevo equipo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El fundamento para la total renovación, de uno de los órganos representativos del Poder Judicial, fue la aprobación de sentencias contrarias a la Constitución por impedir el trabajo del Ministerio de Salud en el transcurso de la pandemia que contenía «regulaciones arbitrarias y discriminatorias» infringiendo «la separación de atribuciones y competencias de los órganos de Estado, en concreto, del Ejecutivo», apostillaron los jueces cercanos al presidente salvadoreño.
Inmediatamente después de la nueva ley, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la medida. «Es una destitución que no está precedida por las garantías procesales necesarias», esgrimieron desde la institución judicial. Los magistrados destituidos han expresado la privación de sus cargos como una coerción del Ejecutivo. Anteriormente, la Sala tachó de inconstitucionales decretos del Gobierno por excederse en sus funciones. «Viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa y el sistema político pluralista», describe la sentencia, que detalla que hay una «marcada intención» de suprimir los controles hacia el Ejecutivo y el Legislativo.
«Golpe de Estado»
Los despidos fulminantes de todos los jueces, incluyendo los suplentes, no se han discutido en la Cámara de Diputados ya que se ha realizado a través de una dispensa de trámite. Este paso ha sido criticado por la oposición que lo ha tildado de «golpe de Estado» mientras que las organizaciones internacionales han salido al paso debido a la concentración de poder que vislumbra una inexistente separación de poderes en El Salvador.
«Bukele rompe con el Estado de derecho y busca concentrar todo el poder en sus manos», ha asegurado José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch. Por su parte, Diego García-Sayán, Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados ha desaprobado la renovación definiéndola como: «Los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a integrantes de la Sala Constitucional».
Nayib Bukele deberá cuidar su relación con Estados Unidos por la vulnerabilidad de El Salvador con una acusada sincronización pareja al ciclo económico de la súper potencia, reflejada en la alta dependencia de las remesas y las exportaciones. Una fuerte dependencia que se puede ver debilitada y que dependerá si el gobierno «apoya la separación de poderes y mantenga las normas democráticas», ha manifestado Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Chung se ha mostrado consternada «porque un órgano judicial independiente es la base de una democracia». A esta declaración se unió Juan González, encargado por Biden para el Hemisferio Occidental: «Así no se hace», sentenció. Hace unas semanas González mostraba su inquietud por la presión que el dirigente ejerce a los medios de comunicación.
Al presidente de 6,5 millones de salvadoreños parece no importunarle y ha esgrimido que «estamos limpiando nuestra casa, y eso no es de su incumbencia», refiriéndose a las instituciones internacionales.
Nayib Buekele, de 39 años, lleva en el poder desde hace dos años, pero no fue hasta las elecciones del pasado marzo cuando refrendó una mayoría sin precedentes en la Asamblea Legislativa con el 66% de los votos borrando casi del mapa político a la izquierda con el Frente Farabundo Martí (FMLN) y a la derecha cuya representación es el partido Alianza Nacional Republicana (Arena). Lo que supuso una victoria sin precedentes desde la guerra civil de El Salvador, que finalizó en 1992, y generó un escenario tenso entre las dos fuerzas anteriormente citadas.
