El relato pinta una escena desordenada y convulsa, después de varios días de tensiones y agresiones, de enfrentamientos más o menos violentos entre grupos de indígenas y finqueros que poseen tierras en zonas reservadas para los pueblos originarios. Cerca de un sitio conocido como Mano de Tigre, en honor a una enorme piedra con aparente huellas de un felino, unos lugareños recogían, casi a las 22.00 (hora local). de este lunes, el cuerpo sin vida de uno de los dirigentes que no habían claudicado en el afán por recuperar los territorios que la ley les concede y la realidad no.
Se llamaba Jehry Rivera Rivera, tenía 45 años, dos hijos y un pequeño albergue turístico en el que mostraba con orgullo parte de la cultura del pueblo Térraba, al que pertenecía como parte de una rama llamada brorán. Cinco balazos en los hombros, la cabeza, una axila y la espalda lo dejaron en posición de crucificado sobre la tierra arcillosa por la que peleó machete en mano. Seis años atrás lo habían agredido por denunciar una tala ilegal, pero esta vez el enfrentamiento acabó engrosando la lista de homicidios, que en 2019 cerraron en una tasa de 10,6 por cada 100.000 habitantes.
Sus compañeros pidieron una ambulancia, llamaron a la policía y trataron de socorrerlo, pero solo fue posible escucharle decir que, por favor, su muerte sirviera de algo en la lucha por los derechos indígenas. «Que siguieran luchando», cuenta su padre, Enrique Rivera, a EL PAÍS.
Un sospechoso fue detenido esa misma noche. En apariencia, era hermano de un campesino al que Rivera hirió con el machete en medio de la trifulca y la balacera que reportaría luego la Policía. La noticia es nueva, pero se repite constantemente para la población originaria con la que se identifica uno de cada 40 costarricenses, según un censo del 2011. El 18 de marzo pasado, otro líder indígena llamado Sergio Rojas, de la etnia bribri, había sido asesinado con 15 disparos mientras descansaba. Ocurrió en el territorio Salitre, muy cerca de Térraba, en un municipio llamado Buenos Aires, que mantiene una larga historia de disputas entre grupos indígenas y terratenientes externos.
Las autoridades judiciales no han reportado sospechosos ni mayores pistas acera del asesinato de Rojas. Del de Rivera sí; muchas personas vieron el momento en que le dispararon y la Policía no tardó en capturar al supuesto asesino. Pero el conflicto va más allá de un nuevo mártir para las comunidades indígenas, o al menos la parte que defiende los métodos de recuperación de tierras por la fuerza. Según el relato del padre de Rivera, el sospechoso y su hijo ya habían tenido discusiones en el pasado. «Ese muchacho es medio indígena, tiene sangre boruca [otra etnia], pero es cómplice de los ganaderos no indígenas. Por eso ya había tenido sus discusiones con Jehry y ahora pasó esto”, cuenta.
“Como padre me siento contento de que muriera defendiendo estas tierras. Hay gente indígena que no lo hace. Ahora es un héroe de nuestra consigna, un gran dirigente, se entregó como Jesús de Nazareth”, continúa por teléfono desde los caminos terrosos de Térraba, a 130 kilómetros de San José. La presidenta de la asociación comunal, Daniela Gutiérrez, prefiere no hablar del asesinato y asegura que el ambiente ya está tranquilo, aunque sabe que la presencia policial es un condicionante.
Organizaciones defensoras de derechos humanos elevan el reclamo por la vulneración de los derechos de los pueblos ancestrales a sus tierras y por la inseguridad que viven a pesar de las medidas cautelares dictadas desde 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre una parte de estas tierras.
La disputa acumula décadas y se remonta hasta 1977, cuando se creó la ley que otorgó tierras a los ocho pueblos indígenas del país, aunque muchas de ellas ya estaban ocupadas por sikuas, término utilizado en el sur costarricense para llamar a las personas no indígenas. Hasta ahora, el Estado ha sido incapaz de resolver los conflictos por los derechos sobre estos territorios, de detener las nuevas ocupaciones y aplacar las disputas políticas internas entre dirigentes indígenas.
Rivera y Rojas eran dos dirigentes informales, de los que creen que se debe recuperar por la fuerza lo que las leyes y las instituciones no les han garantizado, cuenta Salomón Ortiz, dirigente de la comunidad Salitre y adversario de ellos en las formas por las que peleaban por sus derechos. “Este muchacho que mataron el lunes iba por ese estilo más combativo y el clima aquí ya estaba bastante alterado”, sostiene.
Dirigentes indígenas formales e informales esperan respuestas del Estado sin demasiadas esperanzas. Insisten en que no basta con enviar policías, que urge ordenar la posesión de tierras y sacar a los sikuas, así hayan estado ahí por años. El gobierno de Carlos Alvarado envió una delegación a la zona y varias reuniones se celebraban entre las partes, mientras el padre de Jehry planeaba el funeral para este viernes sin dejar de pensar en lo que viene. “Depende del Estado que esto se complique más. Yo le pido a Sibú nuestro dios que nos dé la fortaleza para hacer lo que pidió mi hijo, seguir luchando los años que sean”.
