Tras 10 años de control sobre un territorio bloqueado y sin apenas servicios básicos, el movimiento islamista se dispone a entregar el Gobierno
Kayed Zaza, su mujer y sus 12 hijos parecen condenados a sobrevivir en el barrio de Nassaz, en el confín oriental de la ciudad de Gaza. Desde el solar de la que fue su casa hasta la última guerra se divisan las máquinas perforadoras gigantes con las que Israel construye el mayor muro subterráneo del mundo en torno al enclave. “Estoy harto. Nadie se ocupa de mi familia. Nos tenemos que valer por nosotros mismos”, se lamenta este refugiado palestino de 44 años.
Acaba de descender de la estructura de hormigón que emerge junto al lugar en el que se hallaban su supermercado y su piso con vistas al campo y a la frontera israelí. Desde el 21 julio de 2014, cuando los carros de combate Merkava de la ofensiva Operación Margen Protector lanzada por el Ejército de Israel arrasaron la periferia de Gaza, Zaza y los suyos viven de prestado.
Llevan tres años hacinados en un barracón prefabricado que exhibe el logotipo de la Cooperación Española y de otros países europeos que auxiliaron a la población civil tras el conflicto. “No hay quien duerma en este contenedor metálico”, reconoce escamado por las noches de frío y húmedo bochorno Ahmed, de 18 años, uno de los seis hijos varones de Zaza. Como el 80% de los dos millones de habitantes de la Franja, toda la familia depende de la ayuda internacional.
Este corresponsal corroboró la semana pasada durante una visita a la franja palestina que Gaza es ya prácticamente inhabitable —la ONU prevé el colapso de sus servicios básicos en 2020—, y se ha convertido en una insalubre prisión a cielo abierto de 365 kilómetros cuadrados.
Es un territorio bloqueado por todas partes por Israel, menos por el sur, donde Egipto solo ha abierto durante 18 días la frontera en lo que va de año. En el que apenas está garantizado el suministro eléctrico cuatro horas al día. Donde el 90% de los acuíferos están contaminados y las cloacas vierten directamente al mar por falta de energía en las estaciones depuradoras.
Este es el enclave cuya Administración pretende devolver Hamás a la Autoridad Palestina después de arrebatársela por las armas —en un enfrentamiento civil que se cobró casi 400 muertos— hace una década. Los islamistas anunciaron el domingo la entrega del Gobierno de facto en Gaza y su compromiso de participar en un Ejecutivo de unidad nacional, con el objetivo de convocar los primeros comicios generales palestinos conjuntos desde 2006. Se resisten, claro está, a ceder el control de la seguridad que ejercen férreamente sobre el enclave.
Clima de aislamiento
La desesperación del clan de los Zaza en el distrito de Nassaz, donde siempre llegará antes que a otra parte la metralla de los obuses, se proyecta hasta el despacho de Naji Sarhan, viceministro de Vivienda del Gobierno de Hamás en el centro de Gaza. Este ingeniero formado en Estados Unidos sigue teniendo el mismo aspecto de burócrata desbordado por una ingente tarea que cuando EL PAÍS le visitó hace dos años.
“La reconstrucción después de la guerra va muy lentamente”, admite. “Aún quedan 6.000 familias, unas 30.000 personas, sin realojar. Las infraestructuras esenciales están siendo reparadas, pero aún quedan muchas carreteras destruidas”. Más de 160.000 viviendas resultaron dañadas en 2014. De los 6.000 millones de dólares (unos 5.019 millones de euros) que los donantes internacionales se comprometieron a aportar, Sarhan dice que solo tiene noticia de la transferencia de 800 millones, procedentes en su mayoría de Qatar, Kuwait y Arabia Saudí.
Gaza no está siquiera a media luz. El portavoz de la compañía eléctrica local, Mohamed Thabit, calcula que funciona a un cuarto de su potencia. “De los 600 megavatios diarios que la Franja precisa para su normal funcionamiento, contamos con apenas 160: los 67 que produce la única central existente cuando hay gasóleo disponible; 70 que nos vende ahora Israel, tras la última reducción de suministro, y otros 23 procedentes de Egipto a través de líneas en muy mal estado”, detalla este técnico.
Los clientes ya no abonan la factura de la luz. O no pueden o no parecen estar conformes con el servicio: “Tenemos un 80% de impagos”, admite Thabit con resignación. “En realidad, la vida cotidiana depende de los generadores y el combustible cada vez es más caro”. En febrero y marzo, en la noche más oscura de Gaza, los apagones se prolongaron hasta 22 horas al día. Ahora la energía fluye por distritos en turnos de entre cuatro y seis horas diarias.
La reducción del suministro de electricidad ha tenido un impacto devastador sobre los servicios sanitarios de Gaza, según ha alertado la Organización Mundial de la Salud (OMS). Más de 30 hospitales y 70 centros de salud se han situado al borde del cierre total o parcial por falta de combustible para los generadores. Los apagones han desbaratado la esterilización y el suministro de agua potable desalinizada.
A la sobreutilización de los generadores durante más de 20 horas al día se ha añadido la reducción de las reservas de combustible para su funcionamiento, que la OMS declara que solo está garantizado hasta octubre, según su último informe. Los apagones ponen en peligro las vidas de los pacientes en las unidades de cuidados intensivos —más de un centenar en el servicio neonatal—, y de las unidades de hemodiálisis. La refrigeración de los bancos de sangre y las reservas de vacunas se ha visto comprometidas.
Los analistas observan con escepticismo el anuncio de Hamás de reconciliación con la Autoridad Palestina, después de haberse malogrado anteriores intentos de acercamiento. Los islamistas se han visto ahora presionados por el Gobierno de Ramala, que ha recortado las transferencias de fondos, y por el de El Cairo, que exige garantías de seguridad en la frontera del Sinaí, donde opera un grupo afiliado al ISIS. Qatar, que hasta ahora era el principal donante en Gaza, se ha visto sometido a un boicot político y económico encabezado por Arabia Saudí que ha diluido su ayuda.
Estados Unidos y la UE, que incluyen a Hamás en sus listas de grupos terroristas, solo aceptan tratar con el Gobierno reconocido de la Autoridad Palestina. Como subrayaba en Gaza el politólogo Talat Okal, los islamistas ya solo plantean su “supervivencia política”. En este clima de aislamiento y de deterioro casi irreparable de las condiciones de la vida cotidiana en el enclave palestino tal vez haya llegado la hora de que Hamás renuncie de una vez a su hegemonía absoluta en Gaza.
El Gobierno de Ramala da los primeros pasos para la cesión de poderes
El primer ministro palestino, Rami Hamdala, tiene previsto reunirse próximamente en la Franja de Gaza con responsables de Hamás para negociar un acuerdo de transición entre el Gobierno de facto de los islamistas, cuya disolución fue anunciada el domingo, y la Administración de la Autoridad Palestina. “Esperaremos a que se den los primeros pasos sobre el terreno”, advirtió ayer en Ramala Nabil Shaat, asesor del presidente palestino, Mahmud Abbas, citado por France Presse. “Queremos que Hamdala encuentre abiertas todas las puertas de los ministerios en Gaza”. El primer ministro palestino no ha visitado el enclave mediterráneo desde 2015, cuando fracasó el último intento de reconciliación entre Hamás y el partido nacionalista Fatah, que encabeza el presidente Abbas. El movimiento islamista, que ganó las elecciones legislativas celebradas en 2006, desalojó por la fuerza a Fatah de las instituciones de Gaza al año siguiente. Desde entonces, los dos principales partidos palestinos han suscrito acuerdos de entendimiento en La Meca (2007), El Cairo (2011) Doha (2012) y Gaza (2014) que fracasaron sucesivamente.
