Este miércoles, en un nuevo aniversario del estallido social en Chile, manifestantes chocaron con la Policía en las inmediaciones de Plaza Baquedano, en el centro de Santiago, escenario de las protestas que mantuvieron en vilo al Gobierno de Sebastián Piñera entre octubre de 2019 y marzo de 2020.
Según informó el diario La Tercera, al menos 20 personas fueron detenidas, mientras que cuatro efectivos de Carabineros resultaron lesionados en la Región Metropolitana.
Además, la institución reportó que cerca de 30 sujetos intentaron derribar los muros que rodean el ingreso a la estación Baquedano de la Línea 1 del Metro, mientras que otro grupo intentó saquear locales en el sector de Pío Nono, pero fueron «rápidamente dispersados por Personal de Control de Orden Público (COP)».
Asimismo, de acuerdo a un reporte del canal Piensa Prensa, Carabineros montó un fuerte operativo para «reprimir» a los manifestantes, con carros lanzaguas, lanza gases y bombas lacrimógenas en las inmediaciones de la Plaza Baquedano, rebautizada como ‘Plaza Dignidad’ a partir del estallido social.
Esta misma jornada, el mandatario Gabriel Boric afirmó que la política debe «dar soluciones» a las demandas de la ciudadanía y descartó «actos especiales o particulares» por el cuarto aniversario del 18-O, reportó Biobío. La fecha marcó el inicio de las protestas contra el Gobierno de Piñera, que derivaron en el proceso para reformar la Constitución creada durante la dictadura de Augusto Pinochet, que continúa vigente.
«El estallido social, que algunos pretenden hacer como si no hubiese sucedido o borrar de la historia de nuestro país, tiene efectos de largo alcance y creo que es muy pronto para poder establecer un análisis completo», dijo Boric desde China, donde mantuvo una reunión con su par Xi Jinping, en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín.
Persiste la impunidad
Este martes, Amnistía Internacional (AI) emitió un comunicado en el que exigió reformas en las fuerzas de seguridad, para evitar nuevos abusos policiales como los que se sucedieron durante el conflicto político y social en Chile.
«A cuatro años de la respuesta represiva de las policías a las movilizaciones sociales, las víctimas aún no consiguen una reparación integral, la reforma estructural a Carabineros no avanza, y la impunidad persiste en el país», dijo el organismo de Derechos Humanos en el aniversario del estallido.
«Si bien el gobierno de Gabriel Boric ha presentado algunos proyectos relacionados con las labores policiales, como el que busca regular el uso de la fuerza en el mantenimiento del orden público y de la seguridad pública al interior del país, la reforma estructural a Carabineros ha quedado prácticamente rezagada», indicó AI.
