SANTO DOMINGO.-La Junta Central Electoral (JCE) dio a conocer ayer el contenido de la Resolución 38-23 que pretende regular la participación de los funcionarios públicos en la precampaña y la campaña electoral.
La resolución está sustentada en las limitantes que impone la Ley Electoral 20-23 de reciente promulgación y en la que se establece que desde el mismo momento, en que el órgano rector de las elecciones reconoce una candidatura, si la persona es funcionario público queda inmediatamente suspendido de sus funciones sin disfrute de salario hasta tanto concluya el proceso electoral.
Solo se librarán de dicha medida los funcionarios electos aunque estos últimos, deberán evitar pronunciarse sobre sus aspiraciones en los actos oficiales propios de su función.
También instituye prohibiciones como el uso de la imagen de funcionarios y regula la publicidad estatal para evitar competencia desleal.
Las sanciones son de tipo administrativo y penal.
En el primer acápite, se contemplan multas de entre uno a doscientos salarios mínimos y en la parte penal, las denuncias serían canalizadas ante el Ministerio Público y se contemplan penas de privación de libertad de entre uno a tres años.
Los seguimientos a los casos de violaciones podrán ser monitoreados de manera digital desde la unidad sancionadora de la JCE.
Equidad competencia
— Sanciones
Los funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones utilicen los recursos del Estado para beneficiar a un candidato y/o organización política, serán plausibles de sentencia condenatoria.
