Expresidente de la Junta, Roberto Rosario, explicó régimen utilizado por oficialías del Estado Civil y mecanismo aplicado para eliminar la práctica que perjudicaba al ciudadano.
Santo Domingo, RD. -Las Oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE) trabajaban bajo un régimen similar al que actualmente operan los consulados dominicanos, con claros márgenes de discrecionalidad que terminaban beneficiando a quienes dirigían esas entidades.
Esto consistía en que el oficial del Estado Civil era el que establecía el precio de las tasas, las cuales se cobraban por los servicios del Registro Civil. Además de cuánto se cobraba por documentos como actas de nacimiento, de matrimonio, y cuánto cobraba un oficial del Estado Civil por celebrar un matrimonio tanto dentro como fuera de la oficialía.
Cada oficialía, según explica Roberto Rosario, expresidente de la JCE, establecía un costo distinto sin tener interés en de qué manera esto perjudicaba al ciudadano.
Además de ello el ex presidente de la entidad indicó que alrededor de las oficialías se crearon mafias, las cuales dificultaban el proceso de obtención de la documentación de las personas.
Algo que facilitó esta acción era que, en ese entonces, más del 98% de los trabajos en esas entidades eran manuales. Así que en conjunto a empleados del interior de la Junta y personal del exterior, se extorsionaban a los ciudadanos, quienes tenían en ocasiones que pagar grandes cantidades de dinero para poner tener un documento, e incluso implicaba extensos periodos para conseguirlo, por esos mismos obstáculos.
El también expresidente de la JCE dijo que, al igual que en la actualidad, todo el mundo conocía sobre la situación, tanto así, que se venía arrastrando desde alrededor de los años 80 y 90.
El entramado estaba ahí y todos lo sabían, pero no era de interés de los que pasaban por el cargo, según Rosario.
“Nosotros sabíamos qué estaba ocurriendo porque, así como el Listín Diario lo publica ahora, otros medio lo denunciaron en ese momento”, explicó, agregando que, tomando en cuenta las denuncias que salieron en medios escritos y televisados, en el año 2007 se sometió un reglamento al pleno de la JCE para que esta procediese a declarar esos ingresos como públicos.
Reglamento y beneficios
En ese reglamento, según lo detallado por Rosario, se estableció que, a partir de ese momento, el salario que recibía un el Oficial del Estado Civil pasaría a ser un salario que pagaría la JCE, contrario a como ocurría anteriormente que de todo lo ingresado a la oficialía se cubrían los costos de funcionamiento de la entidad y lo restante iba en beneficio a ese oficial.
El servidor público declaró que había alrededor de 30 o 40 Oficialías que tenían ingresos superiores al mes de más de RD$800,000 y, en algunos casos, superando los RD$2,000,000 mensuales.
Al momento de ponerse en marcha lo establecido por el reglamento sometido, el primer año se produjo un ingreso anual, por ese concepto, de RD$600 millones y al año 2016 ya esa cifra iba por RD$1,200 millones por esas actividades de autogestión.
Expuso que, en el caso de los consulados, existen algunos que funcionan bajo el mismo criterio, poniendo como ejemplo los de Nueva York, Madrid, Barcelona y los de Haití, donde de cierta manera operan la “discrecionalidad, regularización y de total autonomía” sobre los fondos, los cuales son aportados por el ciudadano.“Son fondos públicos que se manejan de manera privada y que se utilizan con el único propósito de favorecer a alguien”, señaló Rosario.
Voluntad política
Igualmente, puntualizó que el gobierno actual había prometido en la campaña que, de asumir la dirección del Estado, resolvería y eliminaría esos “privilegios” y los convertiría en ingresos públicos, pero que no existe voluntad política.
Lo cual, en el caso de que ocurriese, se mejoraría el servicio civil que ofrecen los consulados y los ciudadanos recibirían un mejor servicio y más barato. Criticó, también, que actualmente República Dominicana tiene el servicio consular más caro de América Latina.
Y alegó que la Constitución pone a cargo del presidente el control y la disposición de las políticas del exterior, tanto desde el ámbito administrativo como el funcional. “Solo basta con un decreto del presidente o con una decisión que emita la dirección del Mirex para que eso se regularice igual que lo hizo la JCE”.
“Cuando yo sometí el reglamento, nadie me lo pidió, nadie lo exigió, simplemente había la voluntad política de disminuir los costos a los ciudadanos, de facilitar la vida de estos y eficientizar ese servicio”, comentó Rosario.
SEPA MÁS
Los resultados.
Rosario dijo que gracias a esos ingresos, el 98% del papeleo que era manual ahora el 100 % está automatizado, mientras el patrimonio de la JCE aumentó “sustancialmente” y casi todas las oficinas en el interior del país fueron construidas con los recursos que provinieron del pago de los ciudadanos.
Control de ingresos.
Dijo que así como lo hizo la JCE en 2007, lo puede hacer el Mirex ahora, y emitir una resolución o un reglamento que la ley orgánica le permite, asumiendo el control de esos ingresos.
