El Presidente Luis Abinader mantiene una prudente distancia y un manifiesto compromiso contra la impunidad y la corrupción. La procuraduría general no está controlada por los compañeros del partido de gobierno, ni por sus más cercanos colaboradores.
La lucha contra la corrupción no es un tema político coyuntural que nace, exclusivamente, por decisión de un partido ni de un gobierno. Es la maduración de décadas de reclamos y demandas que emergen desde el conjunto de la sociedad y salieron a la luz con fuerza en enero del 2017. Es una lucha contra un sistema corrupto y de impunidad que vino gestándose, al menos en su última etapa, con el “borrón y cuenta nueva” de Juan Bosch para intentar sortear políticamente los difíciles momentos post tiranía de Trujillo en 1962-1963 y con el ascenso al poder en 1966 del Dr. Joaquín Balaguer y con este último, el sistema de partido instaurado desde entonces, donde el PLD y todos los gobiernos posteriores fueron sus herederos y continuadores.
Nelson Espinal
La verdad es que el PLD, tanto con Leonel Fernández como con Danilo Medina en la presidencia, permitieron o prohijaron la corrupción y la impunidad “porque así es como se gana y se mantiene el poder en nuestro país”.
Igualmente lo es el tema de la persecución política disfrazada de judicial o “Lawfare” y la importancia para el sistema democrático del Debido Proceso de Ley, cuyo interés y vigencia no es nuevo. Tomó importancia a partir de la charada judicial contra el expresidente Salvador Jorge Blanco, a partir del 1986. En aquel entonces el Dr. Balaguer, desde la Presidencia de la República instauró los lunes en la noche una procesión al patíbulo para no solo destruir un expresidente, sino su obra de gobierno y su partido. La descarada persecución judicial con fines político del régimen contra sus opositores facilitó la corrupción e impunidad que supuestamente se quiso atacar. Logrando quitarle valor, desprestigiarla para que toda acción judicial fuera interpretada persecución política. (Lawfare cultural appropriation)
La jugada fue evidente. Se buscó eliminar políticamente al único expresidente que podía sacar del poder a Joaquín Balaguer. Para lo que se prestaron muchos. Unos de forma ingenua, otros bien intencionados y algunos con calculada perversidad.
La actual situación no es similar a la de aquel entonces, aunque siempre es conveniente tenerla presente. El presidente Luis Abinader mantiene una prudente distancia y un manifiesto compromiso contra la impunidad y la corrupción. La procuraduría general no está controlada por los compañeros del partido de gobierno, ni por sus más cercanos colaboradores. El sistema judicial es hoy más robusto e independiente que en aquel entonces y la constitución en parte civil del Estado dominicano con abogados de prestigio le arroja luces al proceso.
Por ello, los retos más relevantes son los siguientes:
1. Que se respete de manera rigurosa el Debido Proceso de Ley. Sin debido proceso será circo y una pobre justicia. Es el Debido Proceso, junto a expedientes bien fundamentados, lo que le da credibilidad institucional y fortalecerá la lucha contra corrupción y la impunidad.
En este sentido, el Ministerio Público debe demostrar su independencia no solo con los gobiernos de Danilo Medina, sino con los gobiernos de Leonel Fernández. No solo contra el pasado, el PLD, sino con el presente, el PRM.
2. Evitar el exceso de protagonismo personal de los fiscales en su rol de líderes institucionales de las acciones en justicia. Los abogados sabemos que la esencia del Derecho es la Prueba. Hay que permitir que estas hablen y contribuyan a la sana administración de justicia. Así se evitan los excesos como se produjeron en Brasil, donde los fiscales y todo el sistema judicial perdieron credibilidad.
Asumir la conducta prudente, firme y de comedimiento de la magistrada Miriam Germán es el camino, porque el gran déficit de nuestro país es de respeto y autoridad.
3. En efecto, es un reto evitar la instrumentalización de la justicia con fines políticos que enjuicia y castiga a priori en tribunales y en los medios. Teniendo culpables favoritos en busca de venganza y no de justicia. Ahora bien, no solo existe “lawfare” a nivel de los acusadores contra los inculpados, también hay “lawfare” cuando los inculpados lo argumentan para intentar desprestigiar las acciones judiciales.
4. El gran reto en términos de Políticas Públicas del gobierno del cambio, para evitar retrocesos, es que estas iniciativas de independencia judicial se traduzcan en reformas institucionales permanentes para el país.
5. Por último, pero no menos importante, es que los partidos políticos asuman hacia adentro, como reto interno, lo que hoy reclama el país, transparencia y legalidad. El sistema de partido debe empezar a reflejar la aspiración de la sociedad dominicana. Los partidos políticos son los mediadores entre la ciudadanía y el poder. El peligro de no hacerlo es continuar perdiendo legitimidad.
Es lamentable la forma en que el PLD se ha defendido en los últimos meses. Aún no han entendido ni asimilado el proceso. Reducirlo a la lucha interpartidista los aísla, ampliando su desconexión con parte de la sociedad. Una dosis de humildad y responsabilidad es la clave para que el PLD se defienda de quien primero tiene que defenderse, de su propia arrogancia.
