El exjefe del Consejo de Ministros dejó el cargo por un polémico audio, pero no por la muerte de 49 civiles en protestas.
Este martes se cumple una semana de la caída del primer ministro de Perú, Alberto Otárola, considerado el hombre fuerte del Gobierno de Dina Boluarte y para muchos una especie de ‘presidente en las sombras’ del país andino. Una salida que se dio envuelta de suma polémica.
La revelación de un audio que escandalizó a la sociedad peruana y, particularmente a la limeña, en el cual Otárola flirteaba con una joven –en un caso que podría tipificarse como acoso– fue señalado como presunto tráfico de influencias porque la mujer consiguió un jugoso contrato con el Estado.
La Fiscalía inició diligencias preliminares contra el expresidente del Consejo de Ministros, reemplazado por Gustavo Adrianzén, como presunto instigador del delito contra la administración pública-negociación incompatible, en agravio del Estado; y como presunto autor del delito contra la administración pública-patrocinio ilegal, en agravio del Estado.
En la conferencia de prensa en que Otárola anunció su dimisión explicó que lo hacía para «darle tranquilidad» a Boluarte. Una actitud diferente a la que mantuvo entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, cuando miles de personas protestaron en las calles con un saldo mortal.
La represión
Apenas Boluarte asumió el mando de la nación latinoamericana, el 7 de diciembre de 2023, comenzaron las manifestaciones antigubernamentales a nivel nacional, especialmente en las provincias. El primero que se encargó del Ministerio de Defensa fue precisamente Otárola.
Pocos días después, el 21 de diciembre de 2022, era cambiado a la Presidencia del Consejo de Ministros. En ese momento ya se habían producido 10 muertes en la región de Ayacucho, uno de los territorios donde más se ha pormenorizado el despliegue brutal de las fuerzas del orden.
Al final se contabilizaron 67 fallecimientos, de los cuales 49 se produjeron durante «enfrentamientos directos» con militares y policías. Las pruebas, recogidas también por organismos internacionales, demuestran que hubo una represión sin parangón reciente en el Perú.
No obstante, Otárola se mantuvo fiel a Boluarte y, de hecho, ambos fueron incluidos en la misma denuncia de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien los acusó en noviembre pasado por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves.
La paradoja
El historiador peruano José Ragas fue uno de los sorprendidos por la renuncia de Otárola. «No se esperaba la salida», admitió a este medio desde Chile, donde enseña en la Universidad Católica.
«La represión desmedida no provocó ningún tipo de movimiento al interior de esta coalición autoritaria con el Congreso, más bien reafirmaron la autoridad de Otárola y él creó una narrativa donde los responsables eran los mismos manifestantes», dijo.
Por lo tanto, consideró que el «punto de quiebre» por lo revelado en la prensa local «dice mucho de dónde la élite política y social pone la línea moral, si en un escándalo o en la muerte de compatriotas».
Un mapa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos muestra que, de las 50 muertes, la mayoría se dieron lejos de la capital: 21 en Puno; 10 en Ayacucho; siete en Apurímac; tres tanto en Arequipa como en Junín; y dos en Cusco, La Libertad y Lima, respectivamente.
Un hecho que no pasa desapercibido para diversos especialistas. Una de ellas, Iris Jave, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que departió el domingo sobre este asunto en una entrevista con un medio local.
«No ha sido necesario ningún audio», afirmó Jave en referencia a lo vivido en las movilizaciones. «Pero es este desprecio que hay respecto de las peruanas y peruanos que están en regiones, que es como un bloqueo para no preocuparse, ser sensibles o ni siquiera sancionar esas decisiones», comentó a La Encerrona.
La cultura de los audios
En Perú la política suele estar estrechamente ligada a la propalación de audios o videos, particularmente cuando se trata de escándalos. Desde la época en que gobernaba Alberto Fujimori (1990-2000) es un hecho común.
Los más famosos propiciaron el derrumbe político precisamente de Fujimori. Los llamados ‘vladivideos’ en los cuales se confirmaba que su poderoso asesor, Vladimiro Montesinos, sobornaba a varios sectores para ganar favores y acumular más poder, cambió para siempre su era.
El hijo del expresidente, Kenji Fujimori, quien era congresista cuando aparecieron los ‘kenjivideos’ en 2018, quedó grabado mientras cabildeaba para conseguir votos en el Congreso, evitar una vacancia al entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski y así salvar el indulto a su padre. Un hecho por el que fue condenado sin pena de prisión.
«Es importante preguntarnos: dónde estamos poniendo esta línea, qué estamos dispuestos a tolerar y cuánto ha cambiado nuestros parámetros en cuanto a lo que consideramos que es correcto e incorrecto», cuestionó Ragas.
