El primer ministro luso, António Costa, amenazó con dimitir si PSCD y CDS no votaban contra la ley que reponía derechos laborales de los maestros
António Costa ha ganado el pulso. El primer ministro portugués amenazó el viernes con dimitir si los grupos parlamentarios aprobaban la ley que reconocía los años de congelación de las carreras de los profesores. En la comisión de educación, todos los grupos -socios y oposición- habían votado a favor de la recuperación de la antigüedad de los maestros. Si el mismo viernes, la izquierda ratificó su voto, en la tarde del domingo, el centroderecha del PSD y CDS anunciaron que cambiarán el sentido de su voto. Han doblado la cerviz.
En Oporto, en una intervención sin derecho a preguntas, Rui Rio, el líder del Partido Socialdemócrata, presentó la rectificación como si fuera un golpe mortal para Costa. De entrada, acusó al primer ministro de ensayar «un golpe palaciego para perturbar la campaña de las elecciones europeas». Y después señaló que no va a votar a favor de descongelar la antigüedad de los profesores -como hizo el jueves en la comisión de Educación- sin «la condición innegociable del equilibrio de las cuentas públicas».
Al final de siete minutos de intervención y sin justificar claramente por qué cambiará de sentido de voto en una semana, Rio anunció que solo votará igual si se le añade a la ley una salvaguarda financiera. Ni al mismísimo ministro de Finanzas se le hubiera ocurrido solución mejor.
La situación creada el viernes a la mañana por el primer ministro, António Costa, se ha saldado a su favor. Él creó el golpe «teatral» o «dramático», según sus socios de la izquierda, «fantochada», según la derecha, y él ha salido victorioso de este golpe de efecto. Según, Costa -y su todopoderoso ministro de Finanzas, Mário Centeno- reconocer la antigüedad de los profesores congelada durante la crisis supone 800 millones de euros a las arcas del Estado y el desequilibrio de las cuentas para los próximos años. A la revindicación de los profesores se tendría que sumar la de otros funcionarios públicos de «carreras especiales» en similar situación, los funcionarios de Justicia, magistrados, militares y policías. Un gasto anual que, según Centeno, superaría los mil millones de euros en 2020.
Pese al triunfo de Costa, la jerigonza -el gobierno minoritario socialista con apoyo parlamentario de Bloco y PC- tendrá más rifirrafes antes del final de legislatura. Aún quedan leyes con las que se pueden reproducir el mismo conflicto, con unos socios de Gobierno votando contra el Gobierno y el centro derecha ayudándole a evitar la derrota. Son leyes sociales básicas, como las de Salud -y la participación de la sanidad privada-, la ley de la Reforma Laboral, o la ley de la Vivienda.
La consecuencia de la ratificación del voto hubiera sido la dimisión del Gobierno y la convocatoria -o no, pues es prerrogativa del presidente, Marcelo Rebelo de Sousa-, de elecciones anticipadas en pleno verano. La situación aún hubiera sido más estrambótica pues ya están marcadas las elecciones legislativas para el 6 de octubre. Pero, una vez más, Costa jugó con fuego y salió ganador.
