El Ejército israelí reprime las libertades básicas en Cisjordania y persigue la disidencia en las redes sociales, según un informe de Human Rights Watch
“Después de ser sometida a interrogatorio durante tres horas y media, condujeron a Nariman Tamimi a una habitación donde estaba su hija Ahed, pero les prohibieron hablar entre ellas. Esa misma noche los soldados las trasladaron a la prisión de Hasharon (Israel), donde fueron separadas”. El caso de la madre de la adolescente palestina que se convirtió en icono del activismo contra la ocupación israelí ilustra el informe publicado este martes por Human Rights Watch (HRW), en el que se denuncia la privación de derechos civiles de generaciones enteras en el territorio bajo control militar de Cisjordania.
Las libertades básicas (de expresión, reunión o manifestación) de 2,5 millones de palestinos están sometidas a la ley marcial heredada del mandato británico antes de 1948 o dictada por el Ejército a partir de 1967. “Si bien la imposición de restricciones pudo estar justificada (por razones de seguridad tras la Guerra de los Seis Días), la suspensión indefinida de derechos más de medio siglo después vulnera la responsabilidad de Israel como potencia ocupante”, sostiene una investigación dirigida por Omar Shakir, director local de HRW, deportado el mes pasado por el Gobierno de Benjamín Netanyahu bajo la acusación de haber apoyado la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) al Estado judío.
La ONG con sede central en Nueva York analiza en su informe Nacido sin derechos civiles el “draconiano uso de decretos militares para reprimir a los palestinos en Cisjordania”. “La responsabilidad de la potencia ocupante se incrementa con el paso del tiempo (…) pero Israel sigue negando a personas que viven bajo su control derechos universales, como la igualdad de trato al margen de la raza, la religión o la identidad nacional”. La legislación de estado de excepción dictada en 1945 por la Administración colonial británica para sofocar revueltas judías y árabes faculta todavía a los jefes militares israelíes a prohibir como “asociación ilegal” cualquier grupo que “muestre desafección a las autoridades”. Gracias a la vaguedad de la tipificación de los delitos, basta con declarar “zona militar cerrada” un lugar concreto para prohibir cualquier protesta.
Los representantes diplomáticos de los 28 países de la UE en Jerusalén Este y Ramala (sede administrativa de la Autoridad Palestina) ya constataron en 2018 la “sistemática discriminación legal” que sufren los 2,5 palestinos en Cisjordania, sometidos a la ley marcial, frente a los más de 400.000 colonos de los asentamientos, a quienes se aplica la legislación civil israelí. Los embajadores ante Palestina reclamaron que Israel ponga fin al apartheid legal y reforme la justicia militar para “garantizar un proceso y juicio justos de acuerdo con el derecho internacional”. Los palestinos sometidos a procesos penales militares bajo la ocupación tienen un índice de condenas del 99,74%.
Las últimas normas castrenses sobre la ocupación en Cisjordania, aprobadas por el Ejército en 2010, elevan hasta 10 años de cárcel la condena por “intentar influir sobre la población, de palabra o por cualquier otro medio, de manera que atenten contra el orden público”. HRW considera que para “criminalizar el discurso de oposición a la ocupación” las autoridades israelíes observan de cerca “las cuentas palestinas en las redes sociales y utilizan algoritmos predictivos para establecer objetivos sospechosos”. Aunque Israel no ha desvelado sus métodos de escrutinio digital, los responsables de seguridad aportan constantemente ante la justicia militar los posts de palestinos en las redes sociales como prueba en las acusaciones de “incitación al odio”. Dos altos ejecutivos de Facebook se reunieron en 2016 con el ministro israelí de Seguridad Interior, Gilad Erdan. El Gobierno aseguró entonces que esa red social había atendido el 95% de las peticiones presentadas por Israel sobre retirada de contenidos, pero los responsables de la compañía fundada por Mark Zuckerberg declinaron hacer declaraciones.
Por ejemplo, el cargo presentado contra la madre de Ahmed Tamimi fue el de “tentativa de incitación a la violencia” por difundir a través de Facebook imágenes del momento en el que la menor abofeteó a un soldado que había irrumpido en el patio de su casa en una aldea palestina. La difusión del vídeo, que alcanzó magnitudes virales a escala internacional, desencadenó la detención de ambas activistas. “En la revisión del vídeo efectuada por HRW no se observa ningún llamamiento a la violencia”, concluye en su informe la ONG. Madre e hija aceptaron finalmente declararse culpables y asumieron una condena de pocos meses de cárcel para eludir la amenaza de una sentencia a 10 años de prisión en un consejo de guerra.
Las restricciones impuestas por la ley castrense también golpean de lleno a intelectuales, activistas y medios de comunicación. El Centro Palestino para el Desarrollo de la Libertad de Prensa contabilizó en 2018 la detención de 74 periodistas y la clausura de 19 medios en Cisjordania y Jerusalén Este. “La suspensión indefinida de derechos tiene un brutal impacto sobre la vida cotidiana en palestina”, sostiene el estudio dirigido por Omar Shakir, quien lo presentó en Amán. Tras ser deportado, sigue trabajando desde la capital jordana como responsable de HRW para Israel y Palestina. “La negación del debate y la libertad de expresión, de la petición ciudadana pacífica de cambios, conducen a un bloqueo social e intelectual”, destaca su análisis sobre el régimen militar impuesto por la ocupación en Cisjordania, que mantiene en vigor las medidas represivas desde hace 52 años.
“Suponer que la legislación antigua (de 1945 y 1967) es intrínsecamente perjudicial y discriminatoria carece de toda base en la doctrina jurídica”, replica al informe de HRW el exfiscal militar de Cisjordania Maurice Hirsch, citado por The Jerusalem Post. “El derecho internacional autoriza a Israel a establecer tribunales militares y a promulgar leyes penales en Cisjordania”, puntualiza este teniente coronel en la reserva, quien asegura que la mayoría de palestinos son encausados por los jueces castrenses por “pertenecer a organizaciones terroristas como Hamás o Yihad Islámica”.
«Incitación al odio» en Facebook
Entre julio de 2014 y junio de este año, el Ejército ha procesado a 4.590 palestinos por “entrar en zona militar cerrada”, a otros 1.704 por “asociación ilegal” y a 358 por “incitación al odio”, según datos de las propias Fuerzas Armadas. En prisiones situadas en el Estado israelí y centros de detención localizados en Cisjordania se encontraban ingresados en 2017 unos 6.500 palestinos, entre los que se incluían 300 menores de edad y 62 mujeres, de acuerdo con la ONG Club de Prisioneros. Más de 850.000 palestinos han pasado por cárceles controladas por Israel durante el último medio siglo de ocupación. Se trata del equivalente a un 40% de los hombres adultos: una quinta parte de la población de Palestina.
A comienzos de 2018, Nariman Tamimi fue interrogada otras tres veces por agentes del Shin Bet (seguridad interior), siempre sobre sus publicaciones en Facebook. “Preguntaron por su foto de perfil, en la que aparecía una imagen de su hermano abatido por las fuerzas de seguridad en 2012”, recapitula el informe Nacido sin derechos civiles. “Le dijeron que publicar fotos de palestinos muertos a manos de las tropas israelíes suponía un delito de ‘incitación al odio”.
Human Rights Watch recomienda al Gobierno de Israel que aplique plenamente el derecho humanitario internacional en Cisjordania y pide que el Ejército deje de practicar detenciones por el mero ejercicio pacífico de las libertades de expresión, reunión y asociación. A los Estados y organizaciones internacionales les reclama también que exijan a Israel un listón mínimo: garantizar a los palestinos el mismo nivel de protección de los derechos humanos que reserva a sus propios ciudadanos.
