La modernización del proceso electoral es una necesidad imperante en la República Dominicana para fortalecer la transparencia, reducir delitos electorales y agilizar el sistema. En este contexto, la implementación del voto electrónico emerge como una herramienta clave que no solo minimiza las prácticas ilícitas, sino que también abre la puerta a una serie de avances tecnológicos para mejorar la participación ciudadana.
Uno de los beneficios más destacados del voto electrónico es la reducción significativa de los delitos electorales. La tecnología permite un seguimiento más preciso de los resultados, eliminando la posibilidad de manipulación física de boletas y proporcionando una auditoría más eficiente. Además, la rapidez con la que se pueden contar los votos disminuye la ventana de oportunidad para actividades fraudulentas.
La implementación del voto electrónico también podría poner fin a las mafias políticas que históricamente han operado el día de las elecciones. Al digitalizar el proceso, se minimizan las oportunidades para prácticas coercitivas y manipulativas, ya que el control sobre el voto ciudadano se vuelve más difícil de ejecutar.
Otro avance importante es la posibilidad de introducir el voto por correo. Este método, utilizado con éxito en otros países, facilita la participación de ciudadanos que, por diversas razones, no pueden votar presencialmente. La aplicación segura del voto por correo puede contribuir a una mayor inclusión y representatividad en el proceso electoral.
Es fundamental destacar que en la República Dominicana existe un pool significativo de técnicos informáticos capaces de asumir el desarrollo del software de elecciones. Sin embargo, se propone que la certificación de la seguridad del sistema sea realizada por empresas internacionales reconocidas en el ámbito informático para garantizar estándares de calidad y transparencia.
La modernización del proceso electoral mediante el voto electrónico y otros avances tecnológicos no solo fortalecería la democracia dominicana, sino que también enviaría un mensaje claro de compromiso con la transparencia y la eficiencia en la gestión de los asuntos públicos.
