Un método pacífico, participativo y que consigue resultados sustituye las incendiarias huelgas de los años 90 y principios del presente siglo XXI
El giro que han dado los movimientos sociales en los últimos años ha sido en la dirección correcta. Han pasado de la huelga a la movilización participativa y de acumular muertes, heridos e impotencia a conseguir resultados que hacen recular decisiones presidenciales y transforman políticas públicas.
Su mejor conquista ha sido lograr que la ciudadanía forme parte de los procesos de lucha porque comprende la importancia del reclamo y lo interpreta como justo y legítimo.
El 4% por la Educación Preuniversitaria, el Derecho a una Nacionalidad, la Marcha Verde, las Protestas de la Plaza de la Bandera, la Despenalización del Aborto por tres Causales son movimientos sociales no solo por los resultados concretos que obtuvieron, sino por la amplia diversidad de organizaciones y ciudadanos que los hicieron posible.
Pero no siempre fue así. Juan Luis Corporán, sociólogo e investigador social, relata que previo al año 1978, las movilizaciones que se producían en el país eran obreros que protestaban contra sus patrones por aumento salarial y mejores condiciones laborales. Los sindicatos de trabajadores ejercían una gran influencia en esas luchas sociales, cuyo escenario era normalmente los alrededores de la empresa donde laboraban los obreros.
A partir de la década de los años 80, comienza una confrontación entre las organizaciones sociales y el Estado que tenía un propósito diferente: mejorar la calidad de vida de la gente en los barrios y las comunidades. ¿El reclamo? carreteras, agua potable, energía eléctrica y salud, entre otras necesidades básicas que el Estado no lograba satisfacer debido a la gran afluencia de personas que se había trasladado del campo a la ciudad, sin ningún ordenamiento territorial.
“Todas las reformas que se dan en los años 80 y 90, la de salud, la seguridad social, la lucha contra la pobreza, el establecimiento del sistema de veeduría, son fruto de esas movilizaciones sociales”, plantea Corporán.
No obstante, aclara que la aprobación de leyes trascendentales no implica necesariamente su aplicación inmediata. De ahí surge, por ejemplo, el reclamo del 4% para la educación preuniversitaria, que se articuló en torno a un desafío: el cumplimiento de la Ley General de Educación 66-97 en materia presupuestaria.
Aprobada en el año 1997, la legislación ordena invertir el 16% del presupuesto nacional o el 4% del producto interno bruto (PIB) en la educación preuniversitaria.
Lo establecido en materia presupuestaria nunca fue observado por los gobiernos de turno. Así que en el año 2010, una serie de acontecimientos generó un clima propicio para la aparición de un movimiento social que no detendría su actividad hasta la materialización de la asignación del 4% del PIB en el Presupuesto de la Nación para el año 2013.
“Las movilizaciones sociales llevan a triunfos importantes”, asegura Corporán, tras explicar que el movimiento del 4% por la Educación Preuniversitaria permitió una acumulación de experiencias que marcarían un nuevo estilo de la gente movilizarse.
“Hasta ese momento, el tipo de repertorio que llevaban a cabo los movimientos sociales estaba más alineado a un paro que a una movilización. Se impedía que el colmado abriera, que circularan los vehículos; se quemaban neumáticos; algunos tiraban basura en las calles y también se suspendían las clases. Todo esto provocaba que la gente se quedara en su casa, en lugar de participar”, explicó.
La lucha que un grupo de jóvenes desarrolló en el año 2009 para preservar el Parque Nacional Los Haitises del intento de instalar una cementera en esa zona protegida fue el primer experimento de una movilización diferente.
La instalación de un campamento de resistencia pacífica en el santuario de flora y fauna nativa, y la ejecución de un plan de incidencia política fueron suficientes para que el presidente Leonel Fernández colocara en primer lugar el interés nacional.
A partir de ahí, el cambio de repertorio de los movimientos sociales fue mostrando un nuevo perfil. Esta es la fotografía: manifestaciones pacíficas, que dan al ciudadano la oportunidad de participar activamente; con un mensaje claro y una contundencia en su accionar que evidencie la firme de decisión de que el proceso de lucha se mantendrá hasta que el objetivo se logre.
Corporán, quien es subdirector técnico de Ciudad Alternativa y ha sido organizador de varios movimientos sociales en el país, lo muestra con ejemplos.
Marcha Verde
“Miles de familias dominicanas se movilizaron los domingos para reclamar la investigación y sometimiento a la justicia de los funcionarios vinculados a los sobornos de Odebrecht, lo que puso de manifiesto que no hay que temer por la vida cuando se participa en una movilización social pacífica”.
El 4% por la Educación
“Mucha gente no entendía bien el reclamo de una redistribución del Presupuesto General del Estado para aplicar la Ley Educativa, pero sí sabía que quería una mejor educación para sus hijos”.
Derecho a la nacionalidad
“Por el tipo de movilización que hizo el Movimiento de Jóvenes Dominicanos de Ascendencia Haitiana Reconoci.do, que procuraba el reconocido de la nacionalidad de la población de ascendencia haitiana, no puede decirse que hicieron desórdenes en las calles”, indicó Corporán.
El resultado de la lucha de Reconoci.do y otras organizaciones sociales fue el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, régimen especial para dotar de documentos de identidad y permisos de permanencia a los extranjeros que se encontraban residiendo en el país de forma irregular, que tuvo una vigencia de 18 meses, durante los cuales se acogieron 288,466 extranjeros de 116 nacionalidades, representando los nacionales haitianos el 97.8%, mientras que el resto de las nacionalidades representó aproximadamente el 0.3%.
De los inscritos, 102,940 extranjeros aplicaron con la entrega de actas de nacimiento de su país de origen, 69,997 se inscribieron con cédulas, 95,164 con pasaportes y 20,345 sin ningún tipo de documento, precisa un documento del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana.
De acuerdo con el experto, los jóvenes siempre han estado presentes en los reclamos y movimientos sociales del país. De modo que cuando se le pregunta por la preponderante presencia juvenil en las protestas de la Plaza de la Bandera, luego de la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020 por un “fallo técnico”, Corporán asegura que no se trata de una novedad.
Refiere que República Dominicana ha perdido muchos jóvenes en diferentes épocas de la historia que lucharon por causas justas.
Incluso, señala que existen mapas de los lugares donde cayeron abatidos por agentes policiales en años previos al 2010.
“Este tipo de movilización que se hace ahora en el país abre las puertas a todo el que quiera participar” y a los jóvenes, en particular, les comunica que “su vida no está en peligro por salir a protestar”, recalcó.
Para jóvenes
Sin embargo, lo que sí es cierto es que la juventud desempeña un rol estelar en los niveles de perseverancia y contundencia de los movimientos sociales que se han desarrollado en la última década.
“Campamento no es para adultos, campamento es para jóvenes”, afirma el sociólogo, haciendo referencia a los niveles de energía y resistencia que se deben tener para liderar una lucha social hasta que termine de manera efectiva.
Sostiene que en las movilizaciones se da un proceso de aprendizaje y toma de conciencia respecto a temas sociales que preocupan a la población y que la juventud comunica muy bien con su creatividad y su particular perspectiva de ver la vida.
“Además, se une a ellos el tema de las redes sociales. ¿Cuál es la edad que debe tener un joven para expresar lo que piensa? No hay una edad. Entonces, los movimientos sociales le dan voz a un grupo de personas que antes no tenía voz”, lo que constituye un aporte más a la democracia y la libertad de expresión.
Katherina tiene motivos para luchar por causales
En la marcha nacional convocada por el Movimiento de las Tres Causales del Aborto que se efectuará el próximo 23 de mayo, Katherina Cabrera Cordero procurará estar delante, donde su rostro sea protagonista y su grito tenga suficiente potencia para llegar a cientos de oídos.
Campesina, negra, joven y feminista, cree a ojos cerrados en la causa: que se despenalice el aborto en aquellos casos en que el embarazo represente un riesgo para la vida de la mujer; sea fruto de una violación o existan malformaciones fetales incompatibles con la vida.
Desde Yaguate, provincia San Cristóbal, argumenta que en esta lucha “nadie está obligando a que las mujeres aborten un hijo que desean tener con el reclamo de que las tres causales se incluyan en el Código Penal”.
Decidió integrarse al movimiento social por la despenalización del aborto no solo porque forma parte de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA), sino porque lo ve como una responsabilidad social.
“Es hora de que el Estado entienda que ser campesina no significa que seamos unas atrasadas. Somos mujeres que padecemos una realidad. No es posible que se obligue a una niña de 9 años, que ha sido violada por su padre, a tener un hijo cuando ella no quiere tenerlo”, comentó, tras indicar que son casos que se producen en las zonas rurales del país más a menudo de lo que muchos imaginan.
Sostiene que establecer las tres causales es hablar de justicia, dignidad, derechos y salud para las mujeres. Katherina, de 27 años, está casada, cursa estudios universitarios en enfermería y tiene un hijo de un año.
