La reciente opinión de Yovanny Díaz sobre la nueva Ley de Libertad de Expresión en la República Dominicana ha encendido un debate que va más allá de los tecnicismos legales y toca fibras profundas sobre el poder, la relevancia y el papel de las instituciones mediáticas en un mundo dominado por las redes sociales. Díaz, con un tono crítico y reflexivo, pone el dedo en la llaga al cuestionar la composición de los organismos que liderarán esta ley y sugiere que, lejos de ser un avance para la libertad de expresión, podría ser un intento de las élites mediáticas tradicionales de recuperar el control que han perdido ante las dinámicas digitales.
Según Díaz, esta nueva ley no parece estar diseñada para crear instituciones innovadoras que respondan a los retos del siglo XXI. En cambio, la ve como un vehículo para que figuras y estructuras que alguna vez fueron relevantes, pero que hoy han caído en la irrelevancia debido al auge de las redes sociales, recuperen su influencia. «De repente no se crean instituciones, no hay gente que ayer era relevante pero que hoy termina siendo irrelevante por las redes y entonces necesita encumbrarse dentro de estas comisiones, dentro de estas estructuras para volver a tener el control, para volver a tener la sartén por el mango», argumenta Díaz. Su crítica apunta directamente a organismos como el Colegio de Periodistas y otras entidades tradicionales que, según él, buscan reafirmar su poder a través de estas nuevas regulaciones.
Los datos respaldan, en parte, las preocupaciones de Díaz.
Artículos como el 11, que obliga a todas las entidades e individuos a proporcionar información al DNI (Dirección Nacional de Inteligencia) bajo el pretexto de la seguridad nacional, han sido criticados por su lenguaje vago y su potencial para afectar la libertad de prensa, la privacidad y la confidencialidad profesional.
Organizaciones como el Colegio de Periodistas y la Sociedad Dominicana de Diarios han expresado su inquietud, pero, irónicamente, son estas mismas entidades las que Díaz señala como parte del problema: estructuras que buscan mantener su relevancia en un panorama mediático que ya no controlan.
Díaz profundiza en su análisis al cuestionar por qué estas élites mediáticas han perdido relevancia. En lugar de reflexionar sobre su propio papel en la transformación de la sociedad, estas figuras culpan a la «vulgaridad» y los «bajos estándares» de los nuevos actores digitales que han ganado terreno. «Ellos se cuestionan por qué los otros con su vulgaridad, con su bajo estándar, por qué el resultado de lo que ellos han creado, de lo que han modelado como sociedad, hoy es más relevante que ellos», señala Díaz. Su hipótesis es contundente: quizás estas élites han contribuido a «convertir la sociedad en una ñeca», es decir, a degradar los valores y estándares que ahora critican, y en lugar de asumir su responsabilidad, buscan recuperar el poder a través de estructuras legales como esta nueva ley.
La crítica de Díaz invita a una reflexión más amplia: ¿está esta nueva ley realmente diseñada para proteger la libertad de expresión, o es un intento de las élites mediáticas de recuperar un control que han perdido ante las dinámicas digitales? La presencia de instituciones como el Colegio de Periodistas en los organismos que implementarán la ley sugiere que, en efecto, podría haber un interés en preservar el statu quo. Sin embargo, también es importante reconocer que las redes sociales, aunque democratizan el acceso a la información, no están exentas de problemas: la desinformación, el sensacionalismo y la falta de regulación son retos reales que una ley bien diseñada podría abordar.
El desafío, entonces, es encontrar un equilibrio. La República Dominicana necesita una ley de libertad de expresión que fomente la pluralidad, proteja a los periodistas y creadores de contenido, y al mismo tiempo regule los excesos sin coartar las voces emergentes. Como sugiere Díaz, las élites mediáticas deben dejar de culpar a los «bajos estándares» de otros y reflexionar sobre su propio rol en la transformación de la sociedad. Solo así podremos avanzar hacia un marco legal que no sea una herramienta para recuperar poder, sino un verdadero garante de la libertad de expresión en la era digital.
creado por Multimedios LZO, La Agencia de Prensa.
