Con frecuencia llegan a mí una cantidad de casos relacionados a la asistencia en salud que ponen al descubierto un esquema sanitario deficiente, que por demás, se pone lejos de los más pobres, porque la gratuidad que conocí desde niño se limita a algunos hospitales que, últimamente, dedican sus atenciones a pacientes haitianos que huyen de su patria ante la ausencia total del Estado, y como consecuencia, al absoluto desamparo en que se encuentran.
Los hospitales del pueblo, los que se construyen con los impuestos que pagan los ciudadanos para garantizar servicios púbicos eficientes y dignos, implementan un esquema de tarifas que en algunos casos superan las del sector privado. Un parto normal, por ejemplo, cuesta 30 mil pesos, y si no lo es, la cifra puede ascender a los 70 mil; toda una fortuna para una familia de limitados ingresos que en muchos casos entran en el rango del 35 % que vive bajo el umbral de la pobreza.
Para que entendamos la gravedad del asunto, es bueno saber que solo el 50.5 % de la población económicamente activa tiene acceso al mercado laboral, y que el salario mínimo del sector público es de 5 mil 117 pesos, según revela la página web de Ministerio de la Administración Pública; el privado es de 9 mil 411. Aunque no dispongo del dato preciso, es conocido que el Estado es el mayor empleador en el país, estando el grueso de la carga salarial entre maestros y médicos, que aunque se encuentran en sistemas de salud pre pagados, sus sueldos base son en redondo de 43 mil pesos para los primeros y 39 mil para los segundos.
El ejemplo de estos profesionales con salarios “altos” se hace necesario para que podamos tener una idea de lo que en términos económicos significa para un pobre el pago de 30 mil o 70 mil pesos por un parto, una intervención quirúrgica u otro monto no menos importante para el corto bolsillo de un pobre por cualquier procedimiento o análisis de laboratorio, lo que le lleva muchas veces a endeudarse de manos de la usura, cuestión que impactará necesariamente en su alimentación, la educación de sus hijos y la propia salud, para caer en el círculo vicioso de volver al hospital y al prestamista, mientras el Estado sigue en su lógica capitalista de compra y venta sin reparar que la salud es uno de los pilares fundamentales para alcanzar el desarrollo.
La República Dominicana ha venido, con altas y bajas, creciendo económicamente en los últimos 50 años; dio un gran salto a partir del 1996 al ponerse a la cabeza de los países latinoamericanos. Hoy, gracias, entre otros factores, al sector minero y la estabilidad en los precios del oro, continúa creciendo, pero ese crecimiento no está provocando el efecto derrame que permita el real desarrollo que espera la sociedad, y es que la distribución justa del ingreso tiene que pasar necesariamente por un sistema sanitario que garantice salud gratuita para los más necesitados, y accesible para el resto los ciudadanos.
No es posible que el Estado “secuestre” en un hospital a un pobre paciente que ve como cliente, porque no tenga para cubrir los gastos de asistencia médica. El combate a la pobreza y la desigualdad no se expresa en un “crédito sorpresa”, sino en políticas estructurales de carácter social cimentadas en un esquema tributario progresivo.
Manolo Pichardo
Manolo Pichardo es el Presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, Copppal, Ex-presidente del Parlamento Centroamericano, Parlacen y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
