El futuro de una de las grandes apuestas del Gobierno de Peña Nieto es una incógnita ante el posible triunfo de López Obrador y las continuas protestas de los maestros
Pelea campal contra policías afuera de las oficinas de Televisa. Enfrentamiento con antimotines en la Embajada de Estados Unidos. Plantón en la Secretaría de Gobernación. Boicot a las operaciones de la Bolsa. Toma del aeropuerto, la central de autobuses y las principales carreteras de Oaxaca. Los maestros no han dado ni recibido tregua en las últimas dos semanas. Decenas de miles de profesores han llegado a Ciudad de México, la gran mayoría desde las zonas más pobres del país. Y mientras la escalada de violencia continúa, la disputa entre los manifestantes y las autoridades por la reforma educativa está lejos de encontrar una solución. «No nos vamos a ir hasta que el Gobierno se siente a negociar con nosotros», advierte Víctor Navarrete, afiliado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
El conflicto no es nuevo. El Gobierno de Enrique Peña Nieto impulsó en 2013 un proyecto de ley que restó influencia a las corporaciones de maestros y estableció como punto central las evaluaciones para determinar el ingreso y los ascensos en el magisterio. Los profesores se sintieron ninguneados. Interpretaron que el Gobierno les decía que el rezago educativo que lastra al país desde hace décadas era su culpa. «Somos los únicos que nos enfrentamos al Gobierno, por eso nos criminalizan y quieren quitar derechos a los trabajadores», afirma Ángel Gómez, uno de los maestros que se manifiestan en Oaxaca.
Con la promesa de modernizar el sistema educativo, Peña Nieto invirtió gran parte de su capital político en un pacto multipartidista y tuvo que sacar del medio a la CNTE y a Elba Esther Gordillo, una vieja aliada del priismo y líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el más grande de Latinoamérica con 1,6 millones de miembros. La CNTE y el SNTE no son aliados, llevan casi 40 años enfrentados, pero la historia los puso de pronto en el mismo bando. «Se lanzó una campaña de desprestigio al maestro», zanja Jorge Alfaro, uno de los representantes del SNTE.
Ese mismo año, Gordillo fue detenida por lavado de dinero y, con un nuevo liderazgo, el sindicato cambió de postura. Alfaro niega que ambos hechos estén relacionados y argumenta que el apoyo a la reforma era necesario para hacer frente a los retos globales de México en materia educativa: «El Gobierno ha exigido más de lo que ha dado (…), pero es una reforma necesaria».
El apoyo del SNTE es abierto, pero no irrestricto y quiere defender sus intereses en la aplicación de la reforma: mejores salarios, más plazas, mejores materiales. La CNTE y sus alrededor de 80.000 adherentes, en cambio, rechazan de forma tajante la ley de Peña Nieto. En pocas palabras, es un «quiten primero la reforma» y después hablamos. «Nosotros somos los que estamos en las aulas, sin infraestructura y sin recursos, y ellos quieren resolverlo todo detrás de un escritorio», afirma Gómez.
Cinco años después, la disputa se ha vuelto a encender a las puertas de la elección presidencial del próximo 1 de julio. El puntero Andrés Manuel López Obrador ha prometido derogar el proyecto de Peña Nieto y lo califica como una mera reforma laboral, ante la oposición de los otros tres candidatos. «El Gobierno ha maltrado y caricaturizado a los maestros, es una ley persecutoria y ha fracasado desde que la gran mayoría del magisterio se opone a ella», apunta Mario Delgado, miembro de Morena. Otto Granados, secretario de Educación, defendió en una tribuna publicada en abril pasado en este diario que, aunque sigue en consolidación, los avances de la reforma son «una realidad que solo desde el oportunismo, la demagogia y la megalomanía pueden desconocerse».
La educación no sólo está en la agenda política por las megamarchas de los últimos días, será además uno de los temas del último debate presidencial que se celebrará el próximo martes. Y aunque está diluido entre otros seis puntos que se discutirán, se espera que domine el cara a cara entre los candidatos. López Obrador ha sido criticado por buscar, además, el apoyo de los grupos del SNTE que aún son fieles a Gordillo. Fernando González y René Fujiwara, yerno y nieto de la líder sindical, han sido unos de los fichajes más polémicos de Morena en la campaña. Delgado niega que exista un pacto con Gordillo ni con los grupos más radicales de la CNTE: «Nuestra alianza es con los maestros, no con sus sindicatos».
El partido Nueva Alianza, el brazo político formal del sindicato, ha arropado abiertamente a José Antonio Meade, del Partido Revolucionario Institucional. Así se ha abierto una guerra frontal por quién recibirá el apoyo mayoritario del magisterio. «Conmigo caminan los maestros que están en las aulas», aseguró el lunes Meade en un acto de campaña.
Meade y López Obrador son los candidatos con mejores propuestas en el tema, pero se equivocan al privilegiar criterios políticos y corporativos en vez de educativos para sus proyectos, asegura Mexicanos Primero, una de las organizaciones que lidera el seguimiento a la reforma. «El cambio vendrá cuando hablemos de niños y no de cálculos electorales», afirma Juan Alfonso Mejía, su director. El think tank prefiere hablar de una transformación educativa, en vez de una reforma a las normas y considera que ha habido mejoras, «si bien no estamos donde qusiéramos estar». «Ninguno de los candidatos tiene una propuesta integral, no se meten al fondo del asunto porque no existe un diagnóstico claro de cuál es la función social que se quiere dar a la educación», lamenta Mejía.
La Secretaría de Educación Pública detalla que unos 117.000 docentes fueron evaluados en el ciclo escolar 2015-2016, Mexicanos Primero señala que ese número oscila ahora en alrededor de 142.000. El universo es de 1,2 millones de maestros, los principales agentes de cambio para dar el siguiente paso. La organización dice que las mejoras han permeado, incluso, en Oaxaca, donde más se ha avanzado en la idoneidad de los profesores, pese a las resistencias. También critica la falta de transparencia en las cifras sobre las evaluaciones y la falta de contundencia en algunas acciones del Gobierno, aunque concuerda en que primero hay que preparar y después evaluar. «No hay evidencia de que algún maestro haya sido cesado por no aprobar sus evaluaciones», apunta Mejía.
El escenario sindical se mantiene en un entramado complejo y fragmentado. La sección 59, un grupo de antiguos miembros, se separó, según dicen, porque estaban cansados de no poder trabajar ante las exigencias del sindicato. «Hay un sistema de puntos: ir a una marcha te da tantos puntos, un bloqueo te da más y tomar una caseta, otros más», asegura Taide Robledo, que abandonó a la coordinadora hace dos años. Los puntos sirven para definir, según Robledo, quién se queda con las mejores plazas y quién tiene que irse a los lugares más alejados.
Roque Álvarez es otro de los disidentes de los disidentes. El profesor ya pasó dos evaluaciones y quiere convertirse en supervisor de distrito, un puesto mejor pagado, pero simplemente no se ha abierto una plaza para él. «La CNTE sigue teniendo cotos de poder y el Gobierno no nos ha hecho caso», asegura Álvarez y dice que algunos puestos de la estructura educativa estatal sin el requisito de pruebas para entrar siguen vendiéndose hasta en 200.000 pesos (10.000 dólares). «Prácticamente en cada familia oaxaqueña hay un maestro», dice el sociólogo Manuel Garza sobre un Estado con pocas fuentes de empleo, dos terceras partes de la población hundida en la pobreza y altamente dependiente de los servicios, el comercio y la burocracia. «Ha cambiado poco desde que se implementó la reforma», lamenta Álvarez.
Ha habido también un desgaste entre varios grupos de padres de familia. Teresa Sánchez, que vive con sus dos hijos en la zona de Etla, gasta casi un 40% de lo que gana en colegiaturas. No quiere que sus niños falten por los paros y están en una escuela privada. «Es un sacrificio, pero vale la pena», comenta. Los colegios de paga aún representan menos del 5% del total en el Estado, pero cada vez ganan más presencia en institutos abiertos y alumnos inscritos.
En los últimos cinco años se crearon 181 primarias de paga, un aumento del 19%, y se inscribieron 2.190 alumnos más, un alza de casi el 12%. En ese periodo, se abrieron 560 escuelas públicas, lo que representó una subida del 2%, pero se inscribieron 14.000 estudiantes menos, según datos oficiales. Ambos bandos cruzan acusaciones sobre la incipiente privatización: ¿Fue la reforma o la oposición a ella? Es la controversia recurrente que asalta al país frente al espejo de su crisis educativa.
En México, la población mayor de 15 años tiene en promedio poco más de nueve años de escolaridad, es decir, apenas acaba la secundaria, según datos oficiales. Alrededor de 5.000 niñas, niños y adolescentes dejan las aulas cada día, según las últimas mediciones disponibles. Apenas el 15% de los mexicanos entre los 25 y los 64 años tiene un título universitario, menos del 1% tiene una maestría y aún son menos los que tienen un doctorado, según un informe de la OCDE publicado el año pasado. El país ha obtenido mejores resultados que otros Estados latinoamericanos en la última prueba Pisa, pero reprobó todas las evaluaciones: no levantó cabeza en ciencias, lectura ni matemáticas. En juego está el futuro de casi 26 millones de alumnos de educación básica. En el debate, los candidatos tendrán alrededor de cinco minutos y medio para dar sus propuestas en educación, ciencia y tecnología.
