La Vega va para 3 meses sin alcalde y y caso enreda PRM

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La JCE informó que evalúa dos instancias para decidir cómo procederá porque además hay vacío legal

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) luce entrampado y aislado para resolver el vacío de autoridad del municipio de La Vega, que lleva más de dos meses y medio sin funcionarios locales luego de la renuncia del alcalde Kelvin Cruz, y de la vicealcaldesa, Amparo Custodio.

Desde el PRM no han descartado la idea de que el presidente Luis Abinader designe al nuevo alcalde de esa demarcación, lo que ha generado críticas de los partidos de oposición y de juristas.

Ayer, el presidente de la JCE, Román Jáquez, declaró que el pleno del organismo se encuentra evaluando dos instancias que han sido depositadas para esos fines. “Ante dos instancias, el pleno está estudiando, valorando ambas, tomar una decisión, de si las fusiona desde el punto de vista de la instrucción del proceso y abocarnos a decidir ambas solicitudes, en ese proceso es que nos encontramos”, expuso.

La oposición se ha unificado para exigir que la solución para la escogencia de los cargos titulares de la alcaldía se haga mediante una elección extraordinaria y han instado a la Junta Central Electoral (JCE) a hacer la convocatoria.

El pasado miércoles, la Fuerza del Pueblo (FP), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Opción Democrática y el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) hicieron una rueda de prensa conjunta para exigir nuevas elecciones en ese municipio.

Esas organizaciones se unieron a la solicitud depositada por Opción Democrática el 26 de agosto pasado en la JCE en la que pide nuevos comicios.

“En caso de permitirle al Poder Ejecutivo o al partido de gobierno señalar de modo autoritario, como veganos estaríamos marcando un mal precedente para los otros ayuntamientos de todo el país, ignorando la voluntad popular y retrocediendo al autoritarismo, cuestión que debe ser evitada a toda costa”, explican en el documento.

El vicepresidente ejecutivo del PRM, Eddy Olivares, sostuvo que no existe un mecanismo legal que permita la celebración de elecciones y que correspondería al PRM designar al sustituto de Cruz porque ganó la plaza con más del 70% de los votos en las elecciones de febrero.

Sostiene que la JCE solo puede convocar elecciones extraordinarias cuando hay una anulación de las votaciones en los colegios y con un fallo irrevocable del Tribunal Superior Electoral.

Lo que dicen los juristas

El expresidente del Tribunal Constitucional sostuvo que la Ley Electoral faculta a la JCE para convocar nuevas elecciones y advirtió al presidente Abinader que incurriría en un grave error político si designa por decreto al alcalde y vicealcaldesa de La Vega.

“Eso sería una usurpación de funciones poner al presidente a llenar esa vacante, esa es una falta grave que cometería el presidente”, sostuvo Ray Guevara.Sostiene que en el artículo 95 de la Ley Electoral referente a las elecciones extraordinarias se establece que esas convocatorias son para cuando se anulan elecciones y “para cualquier otro fin”.

En esa misma tesitura se pronunció el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán.

“Ante la ausencia de un procedimiento explícito y claro en la Constitución, la única solución viable es convocar elecciones extraordinarias en esa demarcación territorial, para que sea el pueblo de La Vega el que decida quién habrá de ser la autoridad que regirá sus destinos el resto del periodo que le corresponde a este cargo y hasta las próximas elecciones’, expuso en un documento.

Kelvin Cruz renunció al cargo el 15 de agosto luego de ser designado ministro de Deportes, mientras que la vicealcaldesa, Amparo Custodio, que debió asumir, renunció alegando presión del PRM.

Abogados con distintas opiniones sobre el caso

La oficina de abogados de Eudardo Jorge Prats elaboró un detallado informe sobre la vacante de La Vega y concluye que no es viable sustituir la voluntad popular por la designación presidencial para el caso en discusión porque sería una medida de “falseamiento de la soberanía popular”. Un punto de vista distinto tiene el jurista Olivo Rodríguez Huertas, que afirma que el Poder Ejecutivo puede hacer esa designación mediante decreto tomando como base legal la Ley de los Ayuntamientos vigente. Refiere que el párrafo uno del artículo 64 de la Ley del Distrito Nacional y los municipios ante renuncias es cubierta por el Poder Ejecutivo. Dijo que el Constitucional no ha declarado la nulidad de esa ley.

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