Leonel fue el artífice de una nueva constitución que se creó a «imagen y semejanza» de las instituciones que rigen el país y resuelven conflictos. Las decisiones de la Junta Central Electoral (JCE) se basan en las leyes que fueron establecidas durante el tiempo en que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) estaba en el poder y Leonel Fernández era presidente de dicho partido. Estas decisiones están llevando al ex presidente a enfrentar prematuramente este desafío en busca de visibilidad, respaldándose en argumentos constitucionales y proclamando que la Constitución debe tener prioridad.
Sin embargo, las decisiones basadas en las leyes que la oposición desafía en la actualidad fueron establecidas bajo la constitución vigente, y en su momento no hubo objeciones.
Aquellos que ahora forman la oposición en ese entonces creían, clamaban y proclamaban con confianza que tenían el control para producir presidentes y que se mantendrían en el poder hasta 2044. Sin embargo, esta suposición se desmoronó en menos de dos años, relegándolos al papel de opositores.
Hoy, las mismas leyes que ellos aprobaron, incluso aquellas que ellos consideran «mandatos constitucionales», les están jugando en contra. La población está cansada del abuso de los partidos al inundar el entorno con propaganda electoral, lo que ha llevado a la Junta a intentar aplicar la Ley de manera más estricta.
Leonel sabe que los conflictos «constitucionales» tienen un tribunal al cual acudir, aunque él mismo ha enfatizado en la importancia de respetar las instituciones. Desafiar a una institución que cumple un rol y alentar manifestaciones en la Plaza de la Bandera parece contradictorio con la imagen institucional que siempre ha querido presentar.
Aunque en el 2019 Leonel fue víctima de un fraude interno y se intentó cambiar la constitución apresuradamente, esta vez su enfrentamiento con las instituciones no parece representar un peligro para la estabilidad, aunque en el pasado él y Luis consideraron lo contrario.
Enfrentarse a las instituciones solo lleva al caos, y el caos puede beneficiar a quienes están en la oposición. Tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD deben demostrar que los avances democráticos que promovieron no fueron solo para mantener una fachada mientras estaban en el poder, sino que ahora en su papel de opositores están dispuestos a respetar las leyes que ellos mismos ayudaron a establecer.
Es el momento de que los partidos recurran a los tribunales para que sean las sentencias judiciales las que hablen por ellos. Desafiar a las instituciones solo será visto como una estrategia para desestabilizar, lo cual es peligroso incluso si parece conveniente en un clima electoral en el que las encuestas no les favorecen
