Para hoy está previsto que miles de personas realicen una nueva y masiva movilización frente al Congreso de la Nación.
Una nueva marcha en apoyo a los jubilados convocada para este miércoles acentuó la incertidumbre política y social que padece Argentina debido a la creciente violencia policial que, una vez más, quedó de manifiesto la semana pasada.
Para hoy está previsto que miles de personas realicen una nueva y masiva movilización frente al Congreso en medio de las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno en la protesta del miércoles pasado, por lo que se esparce el temor a otra represión.
En tribunales, en tanto, se tramitan amparos de los manifestantes, quienes exigen renuncias en el gabinete de Seguridad y procesamientos de los policías que atacaron a ciudadanos. El Gobierno, por su parte, acusa un intento de ‘golpe de Estado’ e incluso un político oficialista hizo un llamado a declarar un estado de sitio. Todo ello ha enrarecido por completo el debate público con miras a la movilización.
Además, el Gobierno publicó esta mañana avisos en los servicios públicos de transporte. «Protesta no es violencia. La Policía va a reprimir todo atentado contra la República», advirtió en mensajes que también se leyeron a través de altavoces. Mientras tanto, los alrededores del Congreso ya están vallados y rodeados de policías desde anoche.
El 12 de marzo ya quedó marcado en la historia de las protestas en el país sudamericano. Ese día, miles de fanáticos de los clubes de fútbol acudieron a apoyar a los jubilados que, desde hace meses, marchan cada miércoles en el Congreso para reclamar un incremento en sus ingresos, ya que el ajuste histórico aplicado por el Gobierno de Javier Milei se basa principalmente en el recorte a pensiones y jubilaciones.
La respuesta, que ya había anticipado la ministra de Seguridad Bullrich, que advirtió que aplicará «medidas especiales» contra hinchas autoconvocados. Periodistas y testigos lograron captar el momento en el que un policía hirió al fotógrafo Pablo Grillo, quien todavía se encuentra en estado de gravedad. Otro efectivo empujó al suelo a una anciana. Algunos más, detuvieron a cientos de personas al azar, incluidos menores de edad que salían de la escuela. Un oficial plantó un arma en la vía pública para hacer creer que era de los manifestantes.
Milei y Bullrich avalaron un operativo que, con el pasar de los días, se transformó en una crisis política debido al cúmulo de pruebas audiovisuales sobre la violencia institucional empleada.
Poder judicial
En repudio al accionar policial, los hinchas de los clubes de futbol, organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicales, entre otras, confirmaron que el miércoles marcharán al Congreso junto a los jubilados. Se prevé que será una protesta más grande que la de la semana pasada.
La tensión es tal, que el juez Martín Cormick anunció que acudirá a la marcha para observar presencialmente y «con suma atención» todo lo que allí suceda a fin de determinar si procede la declaración de inconstitucionalidad del «protocolo antipiquetes», que es una demanda de los colectivos de derechos humanos.
A ello se suma el caso de la jueza Karina Andrade, quien liberó de inmediato a las 114 personas que los policías detuvieron y a las que el Gobierno quería imputarles el cargo de «sedición». Sin embargo, fueron remitidas al juzgado sin acusaciones ni pruebas concretas, por lo que no había justificación legal para mantenerlas presas.
El Gobierno y sus medios afines comenzaron una campaña en contra de Andrade, a la que intentaron vincular con la oposición, además de que promoverán un juicio político en su contra.
Otro factor de tensión es que el Gobierno convocó a una sesión especial para que la Cámara de Diputados debata el decreto de necesidad y urgencia que firmó Milei para autorizarse la solicitud de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un tema que siempre altera al país sudamericano.
El problema es que el debate parlamentario se llevará a cabo mientras hay miles de manifestantes afuera del Congreso.
Por otra parte, Francisco Oneto, dirigente del partido mileísta La Libertad Avanza y excandidato a vicegobernador de Buenos Aires, enrareció todavía más los ánimos al promover la declaración de un estado de sitio para evitar las manifestaciones, medida extrema que suelen utilizar los gobiernos autoritarios.
«Es una posibilidad absoluta (…) vos llamás al estado de sitio porque decís ‘muchachos hay que tomar el control absoluto de las calles’, y quedan suspendidas las garantías constitucionales», afirmó en una entrevista que levantó una nueva polémica.
