El proyecto retira atribuciones a hospitales comarcales, restringe el acceso a contratos y conciertos y permite que la investigación pública sea explotada por empresas
Sin cumplirse aún año y medio desde que el popular Alberto Núñez Feijóo logró la única mayoría absoluta de su partido en una comunidad autónoma, miles de gallegos han salido a la calle este domingo para protestar contra la gran reforma sanitaria que ha impulsado su Gobierno en este tiempo. Ciudadanos llegados de todos los rincones de Galicia han desbordado la plaza de A Quintana de Santiago en una protesta secundada por asociaciones de pacientes, sindicatos, agrupaciones vecinales y partidos que acusan a la Xunta de poner en marcha una «estrategia» para «convertir la sanidad en una mercancía más», según el manifiesto leído con vehemencia por la actriz Isabel Risco.
El proyecto de la discordia es una modificación de la Ley de Salud aprobada en 2008 por la Xunta bipartita de PSOE y BNG. Aunque el Ejecutivo de Feijóo se ha afanado en asegurar que los pacientes no
notarán apenas los cambios, el proyecto introduce modificaciones de fondo en la organización territorial de la sanidad pública gallega, recorta la participación de los colectivos ciudadanos en las decisiones de la Consellería de Sanidade y abre la puerta a que empresas privadas exploten las investigaciones sanitarias financiadas con dinero público.
Con la pancarta de cabecera sostenida por un representante de la Plataforma SOS Sanidade Pública, los líderes de En Marea, PSdeG-PSOE, BNG y los sindicatos CIG, CCOO y UGT, los manifestantes han llamado a Feijóo «presidente privatizador» y han coreado consignas como «hospital privado, futuro hipotecado» y «recortes en la pública, dinero en la privada».
La primera piedra que se le ha metido en el zapato a Feijóo en su tercera legislatura como presidente de la Xunta le llega así de la sanidad, precisamente el campo en el que inició su carrera política de la mano del exministro José Manuel Romay Beccaría. Concurridas protestas contra la reforma se han sucedido en los últimos meses por todo el territorio gallego, no solo en las comarcas más afectadas directamente. La marcha de este domingo en Santiago ha aunado todo ese descontento y lo hace dos días antes de que se inicie en el Parlamento gallego la tramitación del proyecto y cuando solo falta algo más de un año para las elecciones municipales.
La reforma de Feijóo reduce de 11 a siete las áreas sanitarias en las que se divide Galicia, suprimiendo en Lugo las de A Mariña y Monforte; en Ourense la de O Barco de Valdeorras; y en Pontevedra la de la populosa comarca de O Salnés. Debido a esta medida los hospitales comarcales de estas zonas pasarán a depender de los centros ubicados en las grandes ciudades. La Plataforma SOS Sanidade Pública y los tres partidos de la oposición alertan de que estos territorios perderán «capacidad de gestión, presupuesto y recursos». La Xunta, advierten los detractores de la norma, podrá eliminar en ellos servicios de atención especializada, obligando a los pacientes a acudir a alejados hospitales urbanos que, como están masificados, acabarán derivando a los enfermos a la sanidad privada concertada.
Una «simplificación», según la Xunta
El Gobierno de Feijóo ha introducido también un artículo que, textualmente, faculta a la Administración sanitaria para «conceder licencias o ceder sus derechos de explotación sobre los resultados de la investigación» a favor de entidades «sin vinculación con el sistema público de salud». De esta forma, explican los colectivos de defensa de la sanidad pública, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) «financiará y pondrá» sus centros, profesionales, equipamiento y pacientes al servicio de la «experimentación de laboratorios, multinacionales y fondos de inversión», que harán «un gran negocio» comercializando los resultados.
Otro de los puntos más criticados es la supresión del artículo que garantizaba hasta ahora que los consejos de salud, los órganos de asesoramiento y control a la Consellería de Sanidade que integran empresarios, sindicatos y organizaciones ciudadanas, tuvieran acceso a contratos de servicios sanitarios, conciertos y subvenciones cuando así lo solicitaran. La nueva ley establece que los miembros de estas entidades serán además decididos, en exclusiva y por decreto, por el Gobierno de Feijóo.
La Xunta defiende que la reforma «simplifica» la organización territorial de la sanidad y los procesos de participación social haciéndolos «más efectivos» y «próximos». El secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, ha llegado a acusar a las asociaciones de defensa del sistema público de utilizar «la manipulación y la mentira como arma política» porque, asegura, la sanidad disfruta hoy en Galicia de más inversiones y personal que cuando estalló la crisis hace una década.
