Organizaciones realizan protesta cívica en SCJ contra garantías económicas en casos violencia de género

protesta civicaSANTO DOMINGO.- Varias organizaciones de la provincia Hermanas Mirabal que trabajan por el desarrollo de la mujer y la atención a las víctimas de violencia de género, realizaron una protesta cívica en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en demanda de que no se siga dando garantías económicas en los casos de violencia.

Esta acción, según el Centro Jurídico para la Mujer, el Fondo Solidario con las Víctimas de Violencia, el Centro de Atención a la Víctima y la Oficina para el Desarrollo de la Mujer, pone en riesgo la vida de las afectadas.

“Es muy lamentable que después que hemos hecho una gran campaña para que nuestras mujeres rompan el silencio, más del 50 % de las órdenes de arresto no se están ejecutando. Luego por la falta de sensibilidad de los jueces, se les pone precio abusos contra las mujeres”, puntualizó Linabel González, directora de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer de la provincia Hermanas Mirabal.

 

De su lado, la alcaldesa de Salcedo, María Mercedes Ortiz, expresó que “venimos aquí para pedir que los jueces consideren la violencia de género como un delito grave, y una firme amenaza contra la vida de las mujeres”.

Ortiz reiteró el compromiso de seguir apoyando la lucha de las organizaciones sociales de la provincia Hermanas Mirabal contra las garantías económicas en violencia de género.

Por otro lado, la directora del Centro de Atención a la Víctima de la provincia Hermanas Mirabal, María Esther Hernández, manifestó que “tenemos 12 años trabajando por la atención integral a las víctimas de violencia de género, y sentimos alta preocupación por los peligros que corren nuestras mujeres, porque las garantías económicas a sus agresores las ponen en un alto nivel de vulnerabilidad”.

Una comisión de mujeres entrega un documento en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, reclamando que paren garantías económicas en casos de violencia de género.

En tanto que Clara Luz García, directora del Centro Jurídico para la Mujer, expresó su rechazo a la forma poco consistente como los jueces analizan los expedientes.

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