Santo Domingo, R.D. — Cientos de organizaciones articuladas en la Coordinadora Popular Nacional, Foro Ciudadano y la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres expresaron su apoyo al proyecto de Código Penal introducido por el senador Antonio Taveras Guzmán por cerrar las puertas a la impunidad y garantizar mayor protección a las familias dominicanas.
La propuesta recoge las preocupaciones y demandas manifestadas por la ciudadanía en las vistas públicas convocadas por la Comisión Bicameral del Congreso en 2024. Según sus impulsores, el proyecto representa un avance sustancial frente a versiones anteriores y responde al clamor por una justicia más efectiva, moderna e inclusiva.
“Este Código Penal recoge lo mejor de propuestas anteriores y corrige retrocesos inaceptables. Es un texto justo y actualizado, que coloca los derechos de las personas en el centro y responde a los desafíos del siglo XXI”, expresaron representantes de las organizaciones durante el acto de entrega.
El texto contempla reformas claves como la tipificación de delitos modernos —fraude digital, ciberacoso, crímenes ambientales—, y establece medidas contundentes contra la corrupción, el lavado de activos, la trata de personas y el crimen organizado. Además, elimina privilegios como el uso de tribunales militares para delitos comunes y reconoce como delito la violación dentro del matrimonio.
Uno de los aspectos más innovadores es la incorporación de responsabilidad penal para las empresas que no prevengan delitos en sus operaciones, así como sanciones económicas severas en casos de estafa o corrupción, incluyendo la obligación de devolver los bienes obtenidos ilícitamente.
La propuesta también incluye tres excepciones o causales a la penalización del aborto: cuando la vida de la mujer esté en peligro, cuando el embarazo sea producto de violación o incesto, y en casos de malformación fetal incompatible con la vida, reconociendo el derecho de las mujeres a decidir en contextos extremos.
“Este proyecto responde a un amplio consenso ciudadano. No es solo un código más fuerte contra el crimen, es una herramienta para construir una sociedad más justa, segura y humana”, afirmaron los voceros de las organizaciones.
Las entidades llamaron al Congreso Nacional a garantizar un proceso de discusión responsable y transparente, que priorice el bienestar de las familias dominicanas y la vigencia plena de los derechos humanos.
