Decenas de organizaciones sociales, activistas y legisladores de diferentes bancadas de la Cámara de Diputado solicitaron este martes la destitución inmediata del ministro de Medio Ambiente, Ángel Estévez, y la declaración del país bajo emergencia ambiental, por considerar que en estos momentos sobre los recursos naturales del país se ciernen amenazas del más alto nivel.
Durante una rueda de prensa realizada en el Congreso Nacional, científicos, académicos, legisladores y activistas de diferentes regiones del país exigieron la definición de políticas y la toma de medidas urgentes y extraordinarias, con el objetivo de detener: la destrucción de la vegetación especializada en las altas montañas; él avance destructivo de la megaminería; el desmonte de los bosques ribereños; la contaminación atmosférica producida por Punta Catalina; la contaminación de los ríos; la depredación de las barreras coralinas; la producción agrícola en áreas protegidas como Valle Nuevo y la Sierra de Bahoruco; y otras prácticas que, según el colectivo, son permitidas e incentivadas por la gestión del ministro Estévez.
En el manifiesto titulado “Destitución del Ministro de Medio Ambiente y Declaración de Emergencia Ambiental” se explica que la destrucción de la vegetación especializada en las altas montañas ha provocado disminución de la capacidad de captación, almacenamiento y regulación de agua y el consecuente aumento de la vulnerabilidad a las sequías y a las inundaciones, que convierten las oscilaciones normales del clima en verdaderas catástrofes sociales y ambientales.
De igual forma quienes suscriben el documento advierten que la amenaza de proyectos mineros en la alta montaña, fundamentalmente en las regiones suroeste y noroeste que padecen de insuficiencia de agua para su desarrollo, ratifican la falta de visión ambiental estratégica para construir sostenibilidad, disminuir la vulnerabilidad y superar fragilidades.
“La eliminación de los bosques ribereños, la extracción masiva de agregados, el manejo irresponsable de desechos peligrosos, las acciones mafiosas en torno a los vertederos, la eliminación de manglares y la destrucción de arrecifes de corales, el avance de la deforestación sobre zonas antes no tocadas, como es el caso de la Cordillera Septentrional, la violación de los planes de manejo de bosques y plantaciones constituyen solo una parte de las infinitas violaciones que no han generado respuestas de parte del Ministerio de Medio Ambiente y las autoridades del país”, agregan.
La declaratoria de Emergencia Ambiental se sostiene, además, en el hecho de que en la actualidad la República Dominicana ocupa el décimo lugar entre los países con mayor impacto en el cambio climático y no podrá cumplir con el Compromiso-País de reducir en un 25% las emisiones de dióxido de carbono para el año 2030, a causa de la eventual entrada en operaciones de las plantas de carbón de Punta Catalina, que arrojarán a la atmósfera 6.34 millones de toneladas de dióxido de carbono anualmente.
En el caso de la megaminería, en el comunicado se expone el ejemplo de la Barrick Gold y la presa de cola de El Yagal, la cual estaría almacenando “residuos tóxicos de la explotación aurífera y puede sepultar las comunidades que han debido ser deslocalizadas, como lo impone la ley y obligan los convenios y estándares internacionales”.
Lo más grave que está ocurriendo el país en materia ambiental, concluyen, es lo relacionado con los delitos ambientales referidos a la siembra masiva en áreas protegidas, la destrucción de patrimonio cultural y el incumplimiento ambiental por parte de Barrick Gold, la violación de las normas de construcción y de uso de los espacios costeros, el desarrollo de proyectos sin permisos ambientales, el otorgamiento de licencias y permisos sin cumplir con los requisitos y trámites establecidos son ignorados, tolerados y, en muchos casos, protegidos, estimulados o promovidos por el propio ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Estévez.
Entre los firmantes figuran la Comisión Ambiental de la UASD, el Grupo Jaragua, la Articulación Nacional Campesina, SOS Ambiente, el Patronato de Protección del Medio Ambiente y Animales (PAPROMAAN), el Observatorio de Políticas Públicas de la UASD, la Asamblea Nacional Ambiental, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Comité de Lucha Contra el Cambio Climático, el Campamento Loma Miranda, y el Grupo Ecológico Mundo Libre.
También suscriben la solicitud de destitución y declaratoria de Emergencia Ambiental los diputados Fidelio Despradel, Ginette Bournigal, Fidel Santana, Besaida González y Wellington Arnaud; el Movimiento Campesino de Comunidades Unidas (MCU), Grupo Guayacán de Energía y medio Ambiente, la Sociedad Ecológica de Nizao, el Comité de Lucha por la Preservación del Parque del Este, el Comité Agropecuario Unitario de San Juan, Universo Verde, la Fundación Ecológica DANIMIDI, la Organización Ecológica Fernando Deligne, Isabel Thompson la Fundación Ecológica Macorís Verde, la Asociación Dominicana de Especialidades Ambiental Públicas Autorizadas, entre otros.
