SANTO DOMINGO. La capital dominicana amaneció en histeria colectiva, al ver gran parte de su malecón arropado por mares de plástico, luego del paso de la tormenta Beryl.
El dramático panorama de un mar de basura ha servido, de algún modo, como una acción positiva.
Por primera vez en mucho tiempo la sociedad se ha encontrado con que la realidad ha tocado sus puertas, la contaminación ha llegado a su antesala y ha puesto en boca de la ciudadanía y medios de comunicación el fenómeno que ha sido advertido por varios años: la contaminación ambiental.
Se pone en la palestra la necesidad de comenzar un programa intensivo de educación, ya se habla de sanciones a los que arrojen basura inadecuadamente.
Mientras que la Ley de Residuos Sólidos ha deambulado por años sin suerte por el Congreso.
La sociedad dominicana debe comprender que es insostenible el nivel abusivo de la producción, importación y consumo de productos a base de plásticos y en particular aquellos que sirven a un solo uso o que no son reciclables.
El pasado miércoles la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que está llamado a regular este tema, un marco legal, tardío, pero que podría marcar la diferencia en el futuro inmediato en la sostenibilidad medioambiental de la nación.
El proyecto aprobado toca con mucha flexibilidad las principales fuentes de contaminación que se encuentra comúnmente en las calles y vertederos, en los cuerpos de agua, desembocaduras de ríos y costas.
Por ejemplo, plantea un régimen de “responsabilidad extendida” sobre los fabricantes o importadores de envases de aceites lubricantes, pilas y baterías, plaguicidas, medicamentos, neumáticos, artículos electrónicos y el foam. En tanto que no se incluyen un rango amplio de productos y empaques que no son reciclables y que su valor de recuperación es nulo. Entre estos, se encuentran envases para algunos tipos de maltas, energizantes, alimentos lácteos y otros tantos de consumo masivo, cuya acumulación en el ambiente ya se cuenta por cientos de miles de toneladas.
Del mismo modo se otorga un plazo de hasta cinco años para ir reduciendo hasta las bolsas de plástico y los productos basados en poliestireno expandido, mejor conocido como foam.
Sin embargo, no deja claro las medidas específicas y los compromisos de los productores e importadores para el programa de reducción de estos contaminantes.
Esto lleva a la problemática de aún cuando se inicie un programa intensivo de educación, sería en la próxima década en la que se podrían ver cambios notables en el cambio de cultura y los hábitos de consumo, los cuales deben ser forzados necesariamente por las regulaciones del mercado por parte del Estado.
Otras soluciones para los productos denominados PET (botellitas de agua, envases de gaseosas) que -aunque son reciclables- su valor de recuperación es tan poco que no resultan de interés para los recicladores formales e informales, permitiendo que en temporadas como la actual, los mismos se acumulen por montañas en ambientes indeseados.
La urgencia que amerita esta amenaza ambiental que a fin de cuentas nos sale tan cara, porque drena los recursos de los dominicanos en costos de salud, saneamiento de agua, manejo y disposición final, daños al turismo, a la calidad de vida de la gente y peor aún el impacto impresionante sobre el medio ambiente y la biodiversidad.
Opinión íntegra de la Fundación Acción Verde Incorporada
Contempla un fideicomiso
Se contempla la creación de un fideicomiso para hacer operativas las medidas administrativas y de contingencia, como el llamado “Bono verde”, este se nutrirá de un impuesto generalizado del 0,20 % a la producción y a las importaciones, dejando fuera del gravamen el petróleo y derivados, el gas natural, los medicamentos, productos agropecuarios y ciertas importaciones realizadas bajo el régimen de Zonas Francas Industriales de Exportación.
