La politización y la selectividad en el tema de los derechos humanos ha servido a varias potencias occidentales para arremeter contra naciones soberanas que defienden un destino propio y que, probablemente, están entre las que más luchen por defenderlos.
Desde el 14 de septiembre se realiza en Ginebra el 45 periodo de sesiones del Consejo de los Derechos Humanos, en el cual otra vez trasciende el interés de algunos gobiernos por manipular el asunto como instrumento de ataque e injerencia, cuando, en primer lugar, no se trata de un tópico en que valga tanto acusar o ser acusado, sino articular esfuerzos internacionales conjuntos y coordinados, y, en segundo lugar –vaya ironía–, no aparecen los raseros con los que medir el cumplimiento o violación a los erigidos acusadores.
Bielorrusia, Nicaragua y Venezuela vuelven a estar en el banquillo del foro. En el caso del país europeo, que ha sido víctima de acusaciones graves, sin pruebas, exigió un «debate urgente» que corrija los argumentos en su contra; en tanto las naciones latinoamericanas, ambas objeto de sanciones y medidas unilaterales, solicitaron «una actualización oral de la Alta Comisionada», refirió Prensa Latina.
Siempre en procura de evaluaciones justas, Cuba también alzó su voz en el cónclave, al exhortar, en la palabra del diplomático Lester Delgado, «a la Alta Comisionada a continuar los esfuerzos para contribuir al respeto, al enfoque equilibrado, la objetividad, el diálogo y la cooperación, de los que tanto carecen este Consejo y la maquinaria de derechos humanos en general».
Actualmente los dobles raseros laceran la credibilidad del órgano, pues sus debates, secuestrados al alcance de la imparcialidad y la universalidad, van dando las señales de una triste herencia de la defenestrada Comisión de los Derechos Humanos, en la cual la politización y la selectividad estaban a la orden del día.
