La controvertida eficacia de las políticas de mano dura y tolerancia cero.
Por Raquel Cruz D. / Procuradora Fiscal de la Provincia Santo Domingo
Cuando los niveles de inseguridad se acrecientan, se desarrolla en los ciudadanos un miedo incontrolable, se vuelven desconfiados, temerosos e insaciables en sus pedimentos de “justicia”, cuan gladiadores en luchas campales en aquel magno coliseo Romano donde el pueblo exaltado gritaba: ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Sangre!
Una voz casi unánime retumba reclamando severidad en las penas, tratos crueles y degradantes para los “delincuentes” y respuestas estatales con “mano dura” y “tolerancia cero” contra la criminalidad.
Como respuesta a esta problemática las autoridades difunden un discurso fortalecido, bravo y endurecido para calmar la sed de justicia que nace de una problemática delictual, es lo que en doctrina se ha acreditado como “Populismo Penal”.
Se ha vuelto común en nuestros días escuchar personas enunciar explícitamente que “quieren mano dura” pero esta petición no es exclusiva de los miembros comunes y corrientes de nuestra población, recientemente se ha extendido a todas las esferas, pues los empresarios, sectores del sistema de justicia, asociaciones, políticos y figuras públicas parecen unificar sus voces en torno a este pedimento.
Las reacciones positivas y alegres ante la muerte del presunto responsable de un delito son muchas, considerándose casi un héroe al que mata a quien delinque.
Tal y como nos indica el ilustre autor Dominicano Eduardo Jorge Prats en su obra “Los Peligros del Populismo Penal”, “El populismo penal apela abiertamente a la mano dura, es decir, a la política de reducción de las garantías penales y procesales, la cual se asocia con una aparente eficacia en la persecución criminal. Pero esta política nunca ha sido eficaz en términos reales. A lo más que ha conducido es a tranquilizar a la sociedad la cual se siente segura en virtud de una política criminal simbólica”
Y continúa expresando el jurista, “Se trata de un derecho penal de la emergencia, de las soluciones fáciles y cosméticas, de la lógica bélica que convierte al delincuente en un enemigo al cual no hay que juzgar ni condenar sino eliminar por cualquier medio” .
La sociedad olvida que la “mano dura” que exige es la misma que le puede alcanzar.
Toda esta trama genera un discurso político con el fin de ganar adeptos, después de todo es lo que pide el pueblo y surgen arengas agresivas, promesas de “tolerancia cero” en contra de la delincuencia, políticas de “mano dura” contra los “delincuentes”, lo que indefectiblemente provoca que se hagan juicios de peligrosidad y sospecha contra algunos perfiles, que necesariamente recaen sobre los marginados creando de esta forma los que hemos llamado la tipificación de la pobreza.
Nos referimos nuevamente al autor Eduardo Jorge Prats cuando invoca el término “La criminalización de los pobres y los excluidos” y en ese sentido establece: “El sistema penal activa y perpetúa una criminalización selectiva en base a estereotipos donde los segmentos sociales más pobres y excluidos resultan ser los sospechosos habituales. Las víctimas preferidas del populismo penal son los más pobres porque son los más vulnerables y los más excluidos”
Como nos indica la autora Lucia Dammert en la publicación “Populismo e Inseguridad en América Latina”, respecto a la política de “mano dura” y “tolerancia cero”: “La tolerancia cero es una política diseñada para una sociedad en la cual el respeto a la justicia criminal y la sanción penal es una herramienta básica de la política social. Es una política para una sociedad dividida por diferencias de clase y especialmente raciales. En este sentido la discriminación, la vulneración de derechos, el endurecimiento de las acciones sobre sectores sociales estigmatizados han pasado a ser parte de los procedimientos habituales desarrollados por la policía”.
En un real Estado de Derecho el juicio sobre la peligrosidad y sospecha de un individuo, visto con un criterio objetivo no debe ser otro que el que pende de los hechos delictivos cometidos, por eso la sospecha es un término que no encaja en un sistema de justicia penal sujeto a derechos fundamentales y garantías y cuyo fundamento troncal es la dignidad humana.
Tal y como nos indica el ilustre magistrado Eugenio Raúl Zaffaroni, en su majestuosa obra “El enemigo en el Derecho Penal” “El juicio de peligrosidad siempre está abierto hasta que quien decide quién es el enemigo deja de considerarlo como tal, con lo que el grado de peligrosidad del enemigo y la necesidad de contención dependerá siempre del juicio subjetivo del individualizador, que no es otro que quien ejerce el poder”.
Figuras prominentes de los medios de comunicación se apoderan de este discurso embravecido, esto aumenta sus seguidores y los hace potencialmente aceptados y populares.
Desde un escenario farandulero y carente de conocimientos jurídicos, cual si fueran expertos en políticas de seguridad se generan discusiones sobre modificaciones a la norma, la pertinencia de bajar la edad de imputabilidad a menores de edad y despojo total de derechos a los sindicados de cometer una violación penal y hasta hablan de la necesitad de matar a los “delincuentes”.
El populismo penal es un asociado de los medios de comunicación, es también populismo mediático, hablamos de códigos y decisiones de medios, los juicios paralelos realizados en los medios de comunicación corrompen el sistema penal y van en detrimento del principio de inocencia.
Los temas de inseguridad, con justa razón, se encuentran posicionados en la lista de prioridades de los ciudadanos.
Allá en el trasfondo con algún nivel de frecuencia las agencias de seguridad vuelcan la culpa de que “los delincuentes” estén en las calles gracias al poder judicial y al Ministerio Público, cultivando de esta forma sutilmente la necesidad de penas más fuertes y justificaciones a arbitrariedades.
Otro logro triunfal que el populismo penal busca incesantemente es disminuir la edad de imputabilidad en niños, así como el aumento de penas en caso de ser condenados, el sensacionalismo mediático en casos graves, como por ejemplo el caso de los taxistas, estigmatiza a niños, niñas y adolescentes, el populismo penal exime a los niños en conflicto con la ley de políticas sociales adecuadas, la respuesta estatal los acorrala, siendo que aun implicados en casos penales son también víctimas de violencia al ser potencialmente marginados, empobrecidos y desprotegidos.
El problema surge cuando la seguridad deja de ser un tema de Estado y se convierte en un tema de campaña, surgiendo la politización de la seguridad ciudadana.
Los políticos huyen tras el voto y los espacios de comunicación tras el rating.
Abogamos por un sistema de justicia penal basado en la legalidad, en las garantías y el debido proceso, defendemos un sistema penal donde no se tomen atajos, donde las penas sean infalibles y seguras, mas no haya espacio para violación de derechos fundamentales; como dijo Cesare Beccaria: “No es la crueldad de las penas uno de los más grandes frenos del delito, sino la infalibilidad de ellas”.
El populismo penal es peligroso, aboga por un sistema penal sin derechos ni garantías, como hace siglos pronosticara Francesco Carrara, “La idea de la defensa social, tiene como resultado inevitable el terrorismo penal”
