PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO
DECLARACIÓN PÚBLICA
TSE desacata decisión del Tribunal Constitucional.
La sentencia dictada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) en contra del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) constituye una nueva y grave vulneración del ordenamiento jurídico-constitucional dominicano.
La sentencia del TSE desconoce el precedente sentado por la Sentencia TC/0353/18 dictada por el Tribunal Constitucional que revocó la sentencia del TSE núm. TSE- 002-2018, en virtud de la cual el TC estableció que dicha sentencia “vulneró las garantías constitucionales del debido proceso y la tutela judicial efectiva, en lo referente a la debida motivación, el principio de legalidad y el derecho de defensa del Partido Revolucionario Dominicano”. Desde el punto de vista del Derecho y la justicia electoral, el TSE ha vuelto tras sus pasos infringiendo un daño injustificado. Es evidente que en este accionar la mayoría del TSE confundió su papel de tercero imparcial para incursionar en ámbitos propios de las partes interesadas.
Los alegatos de los demandantes durante el conocimiento del juicio celebrado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), en ninguna circunstancia se refirieron al quórum del Comité Ejecutivo Nacional, sino al procedimiento de convocatoria de la Comisión Política.
Quedó demostrado que todos los organismos partidarios fueron convocados de acuerdo a los estatutos del PRD, con la presentación de las pruebas documentales y testimoniales. Incluso sus propios testigos admitieron haber sido adecuada y oportunamente convocados.
Una parte del TSE, prejuiciada, negando los hechos y el buen Derecho, violenta los preceptos legales y la jurisprudencia, justificando la anulación de la reforma estatutaria, argumentando sorpresivamente una infundada falta de quórum; nunca antes referida, ni debatida durante el proceso.
Reiteramos que el quórum no fue un tema controvertido por las partes ni en el primer, ni en el segundo proceso, por lo cual el derecho a la defensa del PRD, fue vulnerado, violando la constitución, las normas vigentes y los procedimientos habituales de todos los tribunales de la República.