Reflexión Zurda. Jueves 04 de octubre de 2018.
por Carlos De Peña Evertsz
En el día de ayer, según reseña la prensa, la cámara de diputados aprobó por tercera vez un proyecto de ley que prohíbe el uso de la pipa de agua o Hookah por su impacto en la salud pública de los segmentos más jóvenes de la población dominicana. Se sostiene que su consumo produce altos riesgos de enfermedades cardiovasculares y en especial de cáncer de pulmón en proporciones mayores a los cigarrillos. En República Dominicana su consumo está en auge, sirviendo de palanca de ganancias a negocios de diversión nocturna y al mercado subterráneo de alucinógenos.
El congreso dominicano, hasta la fecha, rara vez entiende su rol de contrapeso, fiscalización y administración del orden jurídico e institucional y como su mayoría mecánica solo sirve para los intereses hegemónicos de las elites políticas en el poder, se suelen producir iniciativas particulares de uno que otro “representante” con el propósito de demostrar que existe una preocupación u ocupación real sobre los temas trascendentes de la vida pública, los que le suelen importar poco al partido o grupo al que pertenece. Es tal la epidemia de producción legislativa específica que un día a uno que otro se le ocurrirá un proyecto de ley que venda y clasifique oxígeno que se respira y corre el riesgo de ser aprobado en primera lectura.
El consumo de alucinógenos y estimulantes es un problema de salud pública, no de seguridad nacional, y debe ser abordado desde una perspectiva de política integral de sanidad mental y corporal y para eso no se necesita un proyecto de ley, sino la necesaria vocación política y capacidad de ejecución para gestionar recursos, estrategias, intereses en conflicto y programas focalizados de impacto comunitario en poblaciones sensibles y vulnerables a la evasión de la realidad concreta, esa realidad que las elites políticas y mediáticas se han encargado de diseñar y estimular.
La hookah o pipa de agua sirve para evadir y evadirse, se usa para crear un estado de éxtasis y distorsión del presente y sin dudas daña la salud y su consumo, pero, ¿Cuánto daño provoca la política que sumerge la realidad en falsificaciones de Estado?, ¿Quién controla o legisla a favor de proteger a los ciudadanos de sus “representantes” tóxicos?, quizás alguien presente un proyecto de ley que nos proteja del consumo de políticos disfuncionales, casi seguro perimiría.
