El Fideicomiso DO Sostenible sostuvo que los sitios de disposición final «ya no se manejan como antes» debido a que el país cuenta con una Ley que rige la gestión de los desechos
La regulación de los sitios de disposición final para los residuos sólidos (vertederos), acorde a lo establecido por las leyes, costaría al Estado dominicano entre 7,000 y 9,000 millones de pesos, una inversión que a juicio del director del Fideicomiso DO Sostenible, Armando Paíno Henríquez, requiere que la ciudadanía entienda que «la basura se tiene que pagar».
Henríquez manifestó, durante una visita a Diario Libre, que se prevé que al año el fideicomiso público- privado recaude unos 2,000 millones de pesos, monto que junto a otras medidas que implementan, permitirá «cubrir los próximos dos o tres años de trabajo sin problemas».
Sin embargo, el funcionario indicó que la Ley 225-20, de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, establece el mandato del cobro por el servicio de recolección de la basura.
Además del mandato de cobro, la Ley establece una serie de soluciones para aminorar los costos, dentro de ellas la instalación de rellenos sanitarios regionales, una iniciativa que sería parte del Plan Nacional de Sitios de Disposición Final, un documento trabajado por el Fideicomiso y el Ministerio de Medio Ambiente.
Los rellenos sanitarios
La gestión de los residuos sólidos que el gobierno fomenta actualmente abarca el uso de los rellenos sanitarios como espacio de disposición final de los desechos, sobre todo los de tipo orgánico, un instrumento que, de acuerdo a lo señalado por Henríquez, «ya no se maneja como históricamente se hacía», debido a que la Ley 225-20 detalla cómo operan estos sitios.
Los rellenos sanitarios actuales consisten en una estructura con forma de piscina, cuyo suelo es impermeabilizado y en el que se colocan varias capas con residuos y una geomembrana que permite que no se filtren los lixiviados, que son drenados y van a otra piscina para fines de tratamiento o de su evaporación.
Este es el mismo proceso que realizan las autoridades para el cierre de los vertederos a cielo abierto, que abarca el uso de seis tipos diferentes de capas que contienen caliche, grava mezclada con arena y una geomembrana que garantiza una vida útil de 20 años y que se monitorea cada cierto tiempo.
De acuerdo a lo informado por el titular de DO Sostenible, el proceso final para el cierre no conlleva el uso de árboles. «Se emplea un césped para hacer una cobertura y unas tuberías de gases para tratar los lixiviados y (que) no haya combustión interna del botadero».
«»Si no entendemos que esto es un servicio público que tiene que ser pagado, el sistema a largo plazo no va a funcionar» «Armando Paíno Henríquez Director del Fideicomiso DO Sostenible“
Consultado sobre el transporte de los residuos hacia los rellenos o plantas de valorización, Henríquez citó el ejemplo del relleno sanitario de Dajabón, en donde se ha exigido a los camiones que tengan una cobertura de lona al momento de circular los desechos.
«Es un proceso porque hay muchos camiones que no están diseñados para recibir la basura, por la carencia de los ayuntamientos han tenido que recurrir a esos camiones. Eventualmente tendremos que ir hacia un sistema de recolección que cumpla con las exigencias de transportar residuos. Hay que ir transformando poco a poco», detalló.
El rol del Fideicomiso
El Fideicomiso Público-Privado de Gestión Integral de Residuos fue lanzado por el gobierno dominicano en 2021 como un instrumento para solucionar el problema de los residuos sólidos en República Dominicana. Paíno Henríquez sostuvo que el Fideicomiso fue creado debido a que con la aplicación de la Ley 225-20 se creó la contribución especial de las empresas.
Henríquez recordó: «La contribución es una tarifa anual que hacen todas las sociedades o empresas y va en una escala: las empresas que generen más de 100 millones de ingresos brutos tienen que pagar 250,000 pesos; entre 50 y 100 millones de pesos pagan 90,000 pesos y va reduciéndose hasta pagar 90, 0000 pesos la que no genera nada». El funcionario sostuvo que la contribución va atada a la declaración que hacen las empresas de impuestos sobre la renta.
El uso que se le da al dinero recaudado es decidido por el consejo del Fideicomiso, conformado por cuatro representantes del sector público: los ministerios de Medio Ambiente y Hacienda, la Liga Municipal Dominicana y el presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y representantes del sector privado: la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (ECORED) y un representante designado por el Poder Ejecutivo del sector de gestión integral de residuos sólidos.
La Ley, en su artículo 140, establece, además, una tarifa de manejo de residuos. «Todo gestor privado, o público-privado, recibe un beneficio de esa contribución especial por cada tonelada recibida en sus facilidades, dependiendo la naturaleza de la operación. Si es una estación de transferencia está en unos seis o siete dólares, para rellenos sanitarios son 12 dólares y para plantas de revalorización son 24 dólares», sostuvo Henríquez.
El relleno de Dajabón
En las próximas semanas el Gobierno Central se dispone a poner en funcionamiento una planta de valorización y relleno sanitario de Dajabón, una obra que llevaba cerca de cuatro años abandonada, cuando fue retomada por las actuales autoridades en marzo del corriente año.
En el momento que la gestión gubernamental de Danilo Medina paró los trabajos en el 2019, el proyecto presentaba un avance en su infraestructura de un 90 %.
Santiago Riverón, alcalde de Dajabón, sostuvo que para el cabildo ha sido un reto acompañar al Fideicomiso Público-Privado de Gestión Integral de Residuos Do Sostenible, para poner en funcionamiento el relleno, situado en la sección La Aviación, a unos diez minutos del centro de la ciudad, y a donde serán llevados los residuos de Montecristi y otras zonas aledañas.
En la continuidad de los trabajos el actual gobierno ha invertido 29 millones de pesos.
El alcalde Santiago Riverón, apuntó que el centro de valorización y relleno sanitario será administrado por el Fideicomiso durante los primeros seis meses de operación y posteriormente el ayuntamiento de Dajabón asumirá su dirección.
Se refirió a las dificultades que tuvieron que afrontar para contratar un personal de ciudadanos dominicanos, que desempeñen las actividades propias del nuevo y moderno depósito de basura.
«Fue bastante incómodo para nosotros salir a buscar obreros que trabajen como recolectores de desechos. El dominicano no está acostumbrado a ese tipo de trabajo», dijo Riverón al tiempo que señaló que durante años el oficio de recogida de basura es realizado por inmigrantes haitianos.
Además de la obra en Dajabón, Paíno Henríquez citó la construcción de un relleno sanitario en Baní como otra de las estructuras desarrolladas con inversión pública. Detalló que la instalación, que estaría lista en 60 días, abarcará toda la provincia de Peravia y cubrirá parte de San José de Ocoa.
«Estamos haciendo el cierre técnico del vertedero de Tamboril, que está en un 80%, el cierre del botadero en Moca, que se encuentra en medio de la ciudad, ese debe estar listo entre noviembre y diciembre de 2023», indicó Henríquez al citar otros proyectos que forman parte de las 15 obras priorizadas por las autoridades para este año.
La presencia del sector privado en el Este
Paíno Henríquez destacó entre las obras impulsadas por el sector privado un proyecto ubicado en la provincia La Altagracia cuyas operaciones iniciaron hace varios meses. Diario Libre realizó un recorrido por la Planta de Valorización y Relleno Sanitario de Vermont, ubicada en La Otra Banda. Allí, Alfredo Acebal Rizek, vicepresidente de Vermont, explicó que la obra ocupa un terreno de 250,000 metros cuadrados y recibe diariamente de 800 a 850 toneladas de residuos sólidos procedentes de Higüey, La Romana, Verón-Bávaro- Punta Cana y, una vez por semana, de Miches.El terreno en donde se sitúa la obra, cuya inversión fue de 15 millones de dólares, albergaba una mina abandonada aledaña a la comunidad de La Seiba y La Otra Banda. El espacio fue escogido por permitir obviar realizar movimientos de tierra. La estructura cuenta con una laguna para la disposición de los lixiviados, los cuales a la fecha se emplean para el proceso de compactación de los desechos, sin embargo, Acebal Rizek manifestó que trabajan en una planta para el tratamiento de agua que podría ser empleada para regar o facilitarla a las comunidades aledañas.
