El expresidente francés Nicolas Sarkozy (2007-2012) será juzgado por la presunta financiación irregular de la campaña de 2012, después de que el Tribunal Supremo desestimara este martes el recurso presentado para evitar sentarse en el banquillo.
La investigación del llamado caso «Bygmalion» fue abierta en 2014, año en que la prensa reveló que el exmandatario superó el límite máximo de gasto permitido durante una campaña electoral, que era de 22,5 millones de euros.
El juez instructor consideró en febrero de 2017 que Sarkozy debía comparecer ante un tribunal junto con otros 13 acusados y, aunque el político conservador recurrió esa decisión, el Supremo la validó hoy.
Según la acusación, para ocultar los sobrecostes de los actos electorales y de los viajes, los imputados recurrieron a los servicios de la empresa de comunicación Bygmalion, que emitió facturas falsas.
Su abogado, Emmanuel Piwnica, hizo notar en la cadena «BFM TV» que lo único que se le reprocha a su cliente es haber sobrepasado los límites de financiación, pero que no estaba implicado ni conocía la supuesta trama de falsificación de facturas.
La instrucción concluyó que se ocultaron unos 20 millones de euros de gastos que debían haber figurado en las cuentas de campaña de Sarkozy, que acabó costando al menos 42,8 millones.
Las cuentas de esa campaña -en la que salió derrotado frente al socialista François Hollande- fueron invalidadas en julio de 2013 por el Consejo Constitucional, encargado de revisarlas, lo que motivó que tuviera que pagar más de 360.000 euros de multa y devolver la subvención pública, de casi 12 millones.
Esa multa no impidió que se abriera una investigación judicial y que en febrero de 2016 fuera inculpado.
La imputación mermó sus opciones de victoria en las primarias de la derecha de noviembre de ese año, en las que quedó tercero en la primera vuelta, por detrás de su ex primer ministro François Fillon, que acabó ganando, y del también ex jefe de Gobierno Alain Juppé.
El cargo de financiación ilegal de campaña electoral podría acarrearle hasta un año de cárcel y 3.750 euros de multa.
Sarkozy tiene pendiente además otro proceso por corrupción y tráfico de influencias en el llamado caso de las escuchas.
Los magistrados pincharon su teléfono ante las sospechas de que pudo recibir financiación del régimen libio de Muamar el Gadafi durante la campaña que en 2007 le llevó al Elíseo, algo por lo que fue imputado en marzo del año pasado.
Esas escuchas pusieron en evidencia conversaciones entre Sarkozy y su abogado de las que se deducía que trataban de obtener, a través del juez Gilbert Azibert, información secreta de otro sumario que investigaba si Liliane Bettencourt, heredera del imperio cosmético L’Oréal, financió ilegalmente su campaña de 2012.
Algunas de esas escuchas, validadas por la Justicia, dejaban entrever que Sarkozy estaba dispuesto a ayudar a ese magistrado a obtener un puesto en Mónaco a cambio de que influyera en la decisión del Tribunal Supremo sobre el caso Bettencourt.
