Someten al Ministerio Público por Violación de Derechos 20 millones

Padres exigen RD$20 millones al MP por presunta violación a derechos de su hijo….

Los padres de un niño de diez años que supuestamente perdió el año escolar 2019-2020 por una decisión adoptada por la Procuraduría General de la República informaron este jueves que presentaron una demanda en contra del Ministerio Público, con el objetivo de que ese órgano le pague RD$20 millones como indemnización por los daños al menor.

María Cristina Echeverri y Edouard Conille dijeron que impusieron la demanda ante el Tribunal Superior Administrativo por la decisión adoptada por la Procuraduría, encabezada en ese entonces por Jean Alain Rodríguez, quien presuntamente impidió que el Colegio Carol Morgan School aceptara el pago de reinscripción del niño para el cuarto grado de primaria.ministerio publico rd

Indicaron que el impedimento se produjo con el alegato de que ellos se encontraban bajo investigación fiscal y que se trataba de una medida fundamentada en el artículo 56 de la Ley 155-17, sobre lavado de activos.
En la demanda los padres del menor expresaron que la Procuraduría le advirtió al colegio, mediante un comunicado, que de aceptar el pago correspondiente por el año escolar sería sancionado con multas que van desde un millón a cuatro millones de pesos.

Señalaron que la Procuraduría había presentado una acusación contra ellos, la cual fue rechazada con un No a Lugar, el 20 de enero del 2020.

A través de un comunicado de prensa, dijeron que según los argumentos contenidos en el escrito de demanda suscrito por los abogados Manuel Alejandro Rodríguez y Odette Mabel Troncoso, la medida adoptada por el Ministerio Público en perjuicio del menor constituyó una actuación antijurídica que compromete la responsabilidad de ese órgano al vulnerar el interés superior del niño, los derechos a la educación y al trato justo e igualitario, la presunción de inocencia, el debido proceso y múltiples precedentes del Tribunal Constitucional.

Asimismo, denunciaron que se trató de una decisión personal contra estos del entonces procurador general de la República Jean Alain Rodríguez.

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