A una semana de su toma de posesión, el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le ha brindado a Donald Trump un éxito en su campaña para transformar el sistema migratorio estadounidense: permitirá que los peticionarios de asilo permanezcan en México mientras las autoridades de EE.UU. tramitan sus solicitudes.
Esa decisión, revelada este sábado por la nueva ministra mexicana de Interior, Olga Sánchez Cordero, en una entrevista en «The Washington Post», convierte a México en sala de espera en el complejo proceso migratorio de EE.UU. Hasta hoy, un emigrante puede entrar ilegalmente en EE.UU. y, si pide asilo, queda libre hasta que halla un fallo sobre su caso.
«Se trata de una solución a corto plazo», ha dicho Sánchez Cordero al Post. «La solución a medio y largo plazo es que la gente no emigre», añade. El entendimiento se ha alcanzado verbalmente pero todavía no se ha firmado ningún documento que obligue a ambas partes.
Mediante decreto, Trump ha intentado cambiar esa política, que los abogados han bautizado como «atrapar y soltar». Según las nuevas regulaciones, aprobadas el 9 de noviembre, solo se podrá pedir asilo en los puestos fronterizos designados para ello. Quienes sean detenidos sin papeles, aunque pidan asilo, será deportados.
El martes un juez suspendió cautelarmente el decreto, lo que ha provocado una bronca entre el presidente y el poder judicial, en la que ha intervenido hasta el juez del Tribunal Supremo, John Roberts, para pedir a Trump respeto y moderación. Con toda certeza será ese mismo tribunal el que deberá decidir si el decreto es constitucional.
Hasta ahora, la postura oficial del Gobierno de México era que las decisiones migratorias de EE.UU. no le concernían. Las caravanas de emigrantes se forman en Centroamérica, y es cierto que cruzan su territorio nacional, pero lo hacen para llegar a EE.UU. Finalmente las repetidas amenazas y ultimátums de Trump han surtido efecto.
La última ha sido la advertencia de Trump durante su discurso de Acción de Gracias, el jueves, de que puede cerrar toda la frontera con México. Por sus puestos de control pasan a diario 220.000 empleados y turistas, además de bienes comerciales por valor de 130 millones de dólares (114 millones de euros).
Este tira y afloja tiene que ver con los 5.000 centroamericanos que han llegado en convoy a Tijuana, en la frontera de EE.UU., procedentes sobre todo de Honduras y El Salvador. Trump ha desplegado 8.000 soldados allí y les ha dado permiso para disparar a matar si ellos o los agentes de fronteras son atacados por los emigrantes.
Una de las principales promesas del presidente, incumplida de momento, es construir un muro en los 3.000 kilómetros de frontera entre EE.UU. y México. A falta de los fondos necesarios, que debe aprobar el Capitolio, cuenta ya con la ayuda de México para hacer como si ese muro existiera, obligando a quedarse tras él a los refugiados.
