El texto amplía el periodo de detención sin cargos y las autoridades podrán continuar sus purgas sin supervisión judicial
El estado de emergencia, vigente en Turquía desde hace dos años, acabará este miércoles. Desde que el Gobierno lo impuso en respuesta al fallido intento de golpe de Estado en julio de 2016, se ha renovado periódicamente cada tres meses y ha permitido al Ejecutivo gobernar por decreto, purgar la Administración y las fuerzas de seguridad, prohibir manifestaciones de protesta y huelgas y detener a unas 60.000 personas. Pero según anunció el titular de Justicia, Abdülhamit Gül, esta vez, el presidente Recep Tayyip Erdogan no pedirá al Parlamento su extensión. A cambio, reforzará la ya de por sí draconiana legislación antiterrorista, para “continuar la lucha contra el terrorismo de manera persistente y determinada”, en palabras del ministro.
El Gobierno turco se ampara en lo ocurrido en Francia: el presidente Emmanuel Macron, cuando el año pasado puso fin al estado de emergencia vigente desde los atentados terroristas de 2015, también endureció la ley antiterrorista mediante un texto muy criticado por las organizaciones de derechos humanos. En el caso turco, las medidas son similares aunque algunas todavía más duras: por ejemplo, amplia el abanico de motivos por el que se podrán prohibir las manifestaciones —al amparo del estado de emergencia, por ejemplo, se han vetado todos los actos LGTBI en la capitalina Ankara— y se mantienen los poderes extraordinarios concedidos a los delegados provinciales del Gobierno que, entre otras cosas, podrán prohibir a ciertos individuos entrar o salir de determinadas áreas. También se incrementa el periodo de detención policial sin cargos respecto al periodo anterior al estado de emergencia: las 48 horas habituales podrán ser ampliadas hasta un máximo de 12 días dependiendo de las circunstancias.
Además, por un periodo de tres años, el Gobierno podrá mantener intervenidas las empresas e instituciones que considere vinculadas al terrorismo, una medida diseñada contra la constelación de organizaciones ligadas a la cofradía de Fethullah Gülen, el clérigo exiliado en Estados Unidos al que se cree cerebro de la sublevación militar de 2016. Durante esos tres años, además, el Gobierno podrá recabar información sobre sospechosos y sus familiares, revocar sus licencias de armas y sus pasaportes, impidiéndoles así abandonar el país por vías legales.
Además, se mantienen los poderes extraordinarios que han permitido a las instituciones gubernamentales purgar a unos 150.000 empleados públicos por la vía administrativa y sin apenas posibilidad de recurso judicial. Aquellos despedidos, además, no podrán volver a trabajar para el Estado “de manera directa o indirecta”. En caso de que los purgados de las fuerzas de seguridad sean readmitidos, no volverán a sus antiguos puestos, sino que serán asignados a “centros de investigación”. Esto permitirá a Erdogan reforzar su control sobre la Policía y, especialmente, las Fuerzas Armadas. En este sentido, en los últimos días también se han aprobado nuevos decretos que colocan al Estado Mayor bajo la batuta del Ministerio de Defensa —una reforma exigida desde hace años por la Unión Europea— y eliminan el Consejo Militar Supremo, el organismo cívico-militar que decidía sobre las promociones y jubilaciones de la jerarquía castrense. A partir de ahora, será el presidente quien decidirá sobre la materia.
Una de las razones que hacen innecesario el estado de emergencia para los planes de Erdogan es que el nuevo sistema de gobierno presidencialista que ha entrado en vigor tras las elecciones del pasado 24 de junio le permite gobernar por decreto sin necesidad de supervisión parlamentaria —con la ley de excepción el hemiciclo debía dar su visto bueno aunque fuese después de la entrada en vigor de los decretazos—. Turquía justifica las razones para endurecer la normativa antiterrorista en que lucha contra diferentes organizaciones armadas, sean los propios gülenistas, el grupo kurdo PKK y su filial siria YPG, el Estado Islámico y organizaciones de extrema izquierda. De hecho, el socio parlamentario del partido islamista de Erdogan, la formación ultraderechista MHP, se había mostrado contraria a levantar el estado de emergencia.
Orhan Turan, presidente de TÜRKONFED, una de las principales patronales del país, aseguró el martes que si bien “levantar el estado de emergencia será un alivio psicológico, no será suficiente”. “Para tener una economía avanzada, la consolidación de la democracia es imprescindible”, añadió.
