Veintiún miembros del Ejército colombiano y un civil admitieron su responsabilidad en el asesinato extrajudicial de al menos 247 personas, que fueron presentadas falsamente como bajas en combate, confirmó este viernes un comunicado de la Justicia Especial para la Paz (JEP).
Estas ejecuciones sumarias perpetradas por el Ejército, también llamadas «falsos positivos», habrían ocurrido en las zonas de El Catatumbo, donde fueron asesinadas 120 personas, y en la Costa Caribe, lugar en el que se contabilizan al menos 127 víctimas mortales.
Según la JEP, este año han sido imputados 25 miembros del Ejército y un civil por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, que constituyen delitos de lesa humanidad. De acuerdo a esa jurisdicción, que fue establecida tras los acuerdos de paz entre el Gobierno y las extintas FARC, esos crímenes «no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos».
Esa política de Estado también incluyó incentivos y presiones de los comandantes sobre sus subordinados para obtener «muertos en combate». De acuerdo a la justicia tradicional, tras la imputación, «22 de los 26 comparecientes reconocieron verdad y responsabilidad por los crímenes».
El comunicado oficial de la JEP destaca que el oficial de más alto rango en reconocer su responsabilidad por los hechos es el brigadier general Paulino Coronado Gámez, quien comandaba la Brigada 30. De acuerdo a su testimonio, mostró su «absoluta disposición para contribuir en el esclarecimiento de la verdad».
Además de admitir los crímenes, los involucrados ampliaron sus versiones de los hechos, expresaron su «compromiso con la JEP, pidieron perdón y manifestaron su voluntad de reconocer la verdad», detalló la jurisdicción de paz. Uno de los puntos clave es que algunos militares aportaron nuevas pruebas que serán usadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para las investigaciones correspondientes.
Para la magistratura, el reconocimiento de estos crímenes por parte de sus autores «es un elemento esencial del Sistema Integral para la Paz y, en particular, de la JEP, en tanto materializa ‘el sistema de incentivos condicionados’ en el que se funda este sistema de justicia transicional».
¿Y ahora qué?
Después de este proceso, se ha puesto en marcha el mecanismo para preparar la audiencia de reconocimiento de los hechos y sus responsables.
En los próximos cuatro meses, la JEP ha instruido cuatro tareas: acciones pedagógicas sobre el caso de los «falsos positivos», en el Norte de Santander y la Costa Caribe; las valoraciones de las víctimas frente al reconocimiento de responsabilidad de los autores de los crímenes; los encuentros privados entre los comparecientes y las víctimas; y la preparación del «camino restaurativo» y reparador para quienes padecieron el horror de esta política de Estado.
«El objetivo es que en estos encuentros entre víctimas y responsables se explore avanzar en el restablecimiento de los tejidos sociales que los crímenes graves y masivos rompieron», apunta la magistratura.
A principios de este año, la JEP determinó que, de acuerdo con una exhaustiva investigación, entre 2002 y 2008 hubo 6.402 personas asesinadas por agentes del Estado y presentadas como «bajas en combate», una cifra que supera ampliamente la presentada en un informe de la Fiscalía General de la Nación en julio de 2018, en la que contabilizaba 2.248 víctimas de «falsos positivos» en Colombia y en un período más largo, entre 1988 y 2014.
