El 78% de los chilenos vota por una asamblea constitucional que ponga fin a la última gran herencia de la dictadura. La participación alcanza el 50%, pese las restricciones de la pandemia
Chile ha optado este domingo por superar la herencia más pesada de Augusto Pinochet, la Constitución vigente. La ciudadanía ha aceptado la oferta de la institucionalidad política de iniciar un camino constituyente para encauzar el descontento que explotó en forma de protesta y violencia hace justo un año, en octubre de 2019. Escrutado el 99,3% de las mesas, la victoria de aquellos que votaron por cambiar la carta fundamental ha sido aplastante: 78,3%, contra el 21,7% de aquellos que han rechazado la idea de reemplazarla. La participación, clave para dar legitimidad a la consulta, ha alcanzado el 50%, acorde con el promedio desde que se decretó el voto voluntario en 2012.
También fue contundente la elección del organismo que la redactará: la convención constitucional, compuesta por 155 personas especialmente elegidas en abril próximo, que tendrá carácter paritario entre hombres y mujeres. Esta alternativa ha sumado un 79% de las preferencias, contra un 21% que eligió la convención mixta, que habría estado compuesta por 172 miembros, entre ciudadanos y parlamentarios. “Hoy ha triunfado la ciudadanía y la democracia y la paz sobre la violencia”, ha indicado esta noche el presidente Sebastián Piñera en La Moneda, arropado por todo su gabinete.
Ha sido una jornada donde Chile ha mostrado su cultura cívica y, por la noche, miles de personas se han reunido en la zona de Plaza Italia, en el epicentro de las concentraciones en Santiago, y otras ciudades del interior. Aunque en los últimos años el país sudamericano alcanzó récord regionales de abstención junto con Colombia, la participación se mantuvo en el 50%, incluso con las restricciones de movimiento y reunión decretadas contra la pandemia de la covid-19. La tendencia de los últimas elecciones de baja participación –que alcanzó un mínimo de 36% en las municipales de 2016–se ha revertido en parte en esta jornada, pese a la crisis sanitaria, que esta semana ha superado los 500.000 contagios totales en Chile y ha provocado la muerte de 13.944 personas desde marzo. Con 9.748 pacientes con la covid-19 en etapa activa, los protocolos sanitarios que implementaron las autoridades para evitar la propagación del virus lograron convencer a la ciudadanía de concurrir sin temor a las urnas.
El movimiento chileno no está conducido por las instituciones clásicas, como los partidos y sindicatos. Por lo tanto, ninguna fuerza política podría arrogarse un triunfo que, sobre todo, protagonizó la ciudadanía.
La diferencia entre los que aprobaron y rechazaron la idea de reemplazar la Constitución vigente no constituye, por ende, un espejo de la correlación de fuerzas entre el oficialismo del Gobierno de derecha Sebastián Piñera y la oposición. Entre los votaron por un nuevo texto se encuentran también parte de los votantes de derecha, no solo de la izquierda y la centroizquierda, aunque los que se opusieron al cambio son sobre todo de la derecha doctrinaria. El lunes, por lo tanto, arranca la verdadera batalla en la política chilena con miras a la elección de los 155 convencionales el 11 de abril próximo, en menos de seis meses.
El oficialismo parece mejor parado que la oposición para esta nueva etapa. Aunque en este sector convivían hasta hoy dos almas –los que aprobaban y rechazaban una nueva Constitución–, existen los acuerdos necesarios para llegar unidos a abril, cuando se elijan, en paralelo, a los alcaldes, concejales y, por primera vez, los gobernadores regionales. No ocurre lo mismo con la oposición, donde algunas de las fuerzas de izquierda –tanto el Partido Comunista como el Frente Amplio– tienen dificultades para negociar con los sectores moderados, que conformaron la Concertación (1990-2010). Por lo tanto, difícilmente conseguirán una lista única, que aumenta las posibilidades de conseguir los 2/3 necesarios para aprobar los contenidos de la nueva Constitución.
Aunque sería ficticio pensar que todos los que aprobaron el cambio a la Constitución pertenezcan a la oposición –la derecha en Chile tiene muchos electores–, en el Gobierno no ha dejado de preocupar ni los discursos políticos de los dirigentes opositores ni la reacción de la calle. En La Moneda no se ha difuminado el temor por eventuales revueltas protagonizadas por quienes malentiendan el referéndum y lo interpreten como un plebiscito revocatorio contra Piñera, como se ha deslizado en algunos sectores.
Luego de la elección de convencionales el 11 de abril, a más tardar a mediados de mayo de 2021 el presidente Piñera deberá convocar a la sesión de instalación de la convención, cuyo lugar de funcionamiento todavía no está definido. La instalación debe ocurrir dentro de los 15 días posteriores, es decir, dentro de mayo o a comienzos de junio de 2021. Luego, en su primera sesión, la convención debe elegir presidencia y vicepresidencia. Desde ese momento empieza a correr un plazo de nueve meses para redactar y aprobar el texto constitucional que deberá ratificarse en un nuevo plebiscito, esta vez de carácter obligatorio. Este plazo de nueve meses puede ser prorrogado, por una sola vez, por tres meses. Por lo tanto, el nuevo texto constitucional debe estar terminado, como mucho, a principios de junio de 2022. En esa fecha, un nuevo presidente estará gobernando Chile.
Las imágenes que se observaron hoy en las calles, redes sociales y los medios de comunicación –largas esperas para ingresar a los locales de votación en Chile y el extranjero– anticipan una alta participación. El referéndum se celebró en una primera ola de la covid-19 todavía activa y con un detallado protocolo sanitario, por lo que los votantes asistieron a los 2.715 locales disponibles siguiendo las recomendaciones. Ni la pandemia ni la violencia de hace una semana frenaron la afluencia de votantes.
El problema de la participación
La participación electoral en Chile disminuyó sostenidamente desde las primeras elecciones presidenciales y parlamentarias en el marco del retorno a la democracia, de acuerdo a datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La tendencia se acrecentó en 2012, cuando comenzó a regir el voto voluntario. La participación cayó desde el 87% en 1989 hasta el 50% en la segunda vuelta presidencial de 2017, con el mínimo histórico del 36% en las últimas municipales de 2016. Según el PNUD, Chile también destacaba por su baja participación electoral en comparación a otros países de la región y de la OCDE e incluso si se lo comparaba con el promedio de participación en países con voto voluntario (59%).
Este domingo se advertían ansias de participar en un proceso electoral histórico que busca encauzar el malestar social. La gente respetó la distancia social en las largas colas que se formaban fuera de los locales de votación y todo el mundo portaba su mascarilla y alcohol en gel. Fue un proceso rápido y ordenado, donde se observó el despliegue de buena logística por la crisis sanitaria. Lo que ocurra este domingo con respecto a la pandemia será clave con miras al tren electoral que enfrentará Chile entre 2021 y 2022.
Las mesas comenzaron a conformarse temprano —a las ocho de la mañana en Chile— y luego de cuatro horas estaban totalmente constituidas, de acuerdo al SERVEL. Por la crisis sanitaria, se extendieron los horarios y funcionaron durante 12 horas, hasta las ocho de la noche. Entre las dos y las cinco de la tarde, los locales recibieron exclusivamente a adultos mayores, en riesgo por la covid-19. Por la mañana, sin embargo, este grupo de la población acudió masivamente a las urnas, como suele ser la costumbre. En la televisión local mostraron a una chilena de 76 años, Rosa, que por primera vez salía de su casa desde marzo, cuando explotó la pandemia. Como sufre de hipertensión y diabetes, iba enfundada en un traje plástico para evitar contagios.
Muchos jóvenes –las generaciones que han protagonizado las protestas– también llegaron a emitir su sufragio temprano. Son los que conforman mayoritariamente el padrón electoral: un 57,9% no tenía edad de votar en el referéndum de 1988, sobre la continuidad de Augusto Pinochet, o no había ni siquiera nacido en esa época. En las pasadas elecciones presidenciales y parlamentarias de 2017, el grupo que menos participó corresponde a quienes tenían entre 18 y 24 años (35%), seguidos por quienes se encontraban entre los 25 y los 34 años (36%). Falta aún para conocer en detalles los datos, pero muy probablemente ha sido la participación de esta generación la que ha definido este plebiscito.
