La contaminación que se desprende de los botaderos de desechos se enfrentaría con fondo que establece la nueva Ley 225-20
Para este mes de abril se cumple un año del incendio del vertedero de Duquesa que llenó de humo gran parte de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.
La población de estas dos demarcaciones, que juntas concentran casi la mitad del total de habitantes a nivel nacional, sufrió por semanas las consecuencias del histórico mal manejo del mayor de los 350 vertederos operados a cielo abierto en el país.
Para entonces, las brigadas y maquinarias pesadas lograron sepultar las llamas y el humo, y con el tiempo también han quedado apagadas muchas de las voces que hace un año pedían a grito una salida al problema de un vertedero al que ya se le agotó su vida útil, según los propios informes oficiales.
En 2018 el Ministerio de Medio Ambiente emitió la Resolución 0012-2018 con la que disponía el cierre técnico del Duquesa, que debía empezarse, entonces, en seis meses y concluir en cinco años mediante un proceso paulatino.
“En el vertedero de Duquesa, desde hace más de cinco años, debido al mal manejo, se vienen presentando, con frecuencia, conatos de incendios, atentando contra la seguridad de las poblaciones aledañas, al mismo tiempo que provocan humaredas que afectan a todo el Gran Santo Domingo poniendo en riesgo la salud de esas poblaciones”, motivó entonces Medio Ambiente.
Pero la situación descrita no es exclusiva de Duquesa. Viajar por las principales calles avenidas o autopistas del país confronta a los ciudadanos a un panorama de desechos vertidos en aceras, solares baldíos, próximos a parques nacionales. Incluso en vías que podrían ser turísticas, como las que comunican San José de Ocoa con Valle Nuevo o la Carretera Internacional, próximo a Pedro Santana.
En el Diagnóstico de Situación del Sector Residuos Sólidos en República Dominicana, publicado en noviembre de 2015 por el Instituto Nacional de Agua Potable (Inapa), la Oficina Técnica de Cooperación Internacional Española (AECID) y el Fondo de Cooperación para agua y Saneamiento, se reconocen mejoras en la disposición final en los vertederos de Duquesa, Rafey de Santiago, La Vega y Villa Altagracia.
Pero el documento señala que en los demás municipios, “se mantiene un estilo clásico de manejo incontrolado, con presencia de animales, con quema a cielo abierto, con pocos equipos de compactación, casi siempre sólo cuentan con una pala mecánica para el amontonamiento, terrenos sin cercar, presencia de recuperadores (buzos)”.
Este modelo incontrolado de vertederos resulta insostenible para las ciudades, considera el ingeniero sanitario Raymond Martínez.
Partiendo del grado de contaminación que desprenden los vertederos incontrolados, tanto por la expedición de gases tipo biogás como de lixiviados y su impacto en las personas, considera urgente que el país pase a un manejo de sus residuos sólidos de forma controlada, basada en la clasificación y reciclaje.
El propio Ministerio de Medio Ambiente plantea, en el documento Política para Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales, que “el manejo de los residuos sólidos municipales en la República Dominicana, aún con todas sus deficiencias, se ha enfocado tradicionalmente en la recolección y transporte de los residuos sólidos con fines de disposición final, la cual se realiza a cielo abierto en condiciones que, en la gran mayoría de los casos, no responden a las mínimas normas sanitarias y ambientales; creando así un problema social, ambiental y de salud pública”.
Advierte que la pérdida de la salud por manejo inadecuado de residuos tiene costos sociales y económicos considerables, tales como: muertes, enfermedades, reducción de los años de vida, generación de gastos médicos, disminución de la productividad, alteración del estado físico y mental.
“En el mismo sentido y de suma importancia, se encuentran los costos ambientales asociados a la degradación de los recursos naturales, el patrimonio natural más importante de un país”.
Cuestionado sobre esta realidad, el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, parte de que, en el tema de los vertederos y el manejo de los desechos sólidos ha existido una negligencia e indiferencia histórica como parte del déficit de protección al tema medioambiental en general.
Aclara que en siete meses no es mucho tiempo para superar ese déficit, pero asegura que el Gobierno desarrolla las acciones para enfrentarlo. “Hasta el momento no ha existido costumbre de darle el debido tratamiento a estos residuos, por debilidades institucionales, pero son debilidades que tienen años, pero llegó el momento de todo el mundo ajustarse los cinturones”.
Su accionar, sin embargo, está ahora determinado por la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, número 225-20, aprobada en noviembre de 2020.
Dicha legislación dispone un régimen jurídico para “la gestión integral, fomentar la reducción, reutilización, reciclaje, aprovechamiento y valorización de los residuos, así como regular los sistemas de recolección, transporte y barrido; los sitios de disposición final, estaciones de transferencia, centros de acopio y plantas de valorización”.
Lo que plantea la Ley
La Ley 225-20 establece que la generación de residuos debe ser reducida en los procesos y en toda actividad, y que los productores, importadores y comercializadores tienen la responsabilidad del producto durante todo el ciclo de vida de este, incluyendo las fases post-industrial y postconsumo.
Dicta que toda persona jurídica o entidad deberá pagar una contribución especial obligatoria (que va van desde RD$500 a RD$260,000) con base a sus ingresos y con el objetivo de crear un fondo para mitigar los efectos negativos de la actual disposición de los residuos y desarrollar un sistema integral de gestión de los mismos.
También crea un fideicomiso destinado a la gestión integral de residuos que será el encargado de operar y gestionar el fondo destinado a la gestión integral de residuos sólidos, a la operación de estaciones de transferencia, vertederos y rellenos sanitarios, así como el cierre de vertederos a cielo abierto, en virtud de lo establecido en la presente ley.
Indica que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la autoridad rectora de la política nacional y la regulación de la gestión de residuos y le manda a crear unos diez instrumentos, sobre planes y diagnósticos para el manejo de las políticas.
“Este ministerio no estaba preparado para esa ley y entonces, en el marco de seis meses, hemos tenido que preparar la infraestructura humana que se va a encargar de esa área, y trabajar en el reglamento de aplicación de la ley”.
Dos firmas internacionales redactaron el reglamento, el cual deberá ser enviado esta misma semana al Poder Ejecutivo. Al superar la falta del marco legal que regulara el manejo de los desechos, asegura que llegó la hora de resolver el tema.
Jorge Mera explica que, si bien las acciones a realizar deben estar bajo el fideicomiso, su existencia no impide autorizar algunas soluciones a diferentes situaciones que se presentan.
En 2017, el gobierno de Danilo Medina lanzó el Plan Dominicana Limpia con la finalidad de buscar una solución integral a los problemas de residuos sólidos, desde un enfoque de educación ciudadana, recolección y disposición final, compra de equipos para los ayuntamientos y reciclaje.
Jorge Mera señala que, desde el fideicomiso se analizarán propuestas de casos que ya tienen estudios de soluciones adelantados, como es el Distrito Nacional y Santo Domingo, con el cierre técnico de Duquesa y la solución integral en esas demarcaciones que aportan alrededor del 60 % de todos los residuos del país.
También podrían conocerse los casos de los vertederos de Verón, Las Terrenas, Samaná, Puerto Plata y Haina, pero dentro del fideicomiso y conforme a sus reglas.
Nuevos vertederos para el Gran Santo Domingo y el cierre de Duquesa
Durante un consejo de ministros a finales de enero pasado, el presidente de la República, Luis Abinader, anunció que desde el Gobierno se colaboraría con las alcaldías para la construcción de una estación de transferencia en el municipio Santo Domingo Este, además de que se ubicaría un terreno para un nuevo vertedero para el Gran Santo Domingo.
Enfatizando en la voluntad del Presidente, el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, asegura que pronto, quizás a mediados de este año, se anuncie al país la solución integral al problema de desechos sólidos del Gran Santo Domingo. Sin entrar en muchos detalles, adelanta que se ha trabajado en una solución “extraordinaria y oportuna”, que incluye el cierre técnico del vertedero de Duquesa y la construcción de dos vertederos controlados, uno en Santo Domingo Este y otro en Santo Domingo Oeste.
La comisión que está a cargo de esos trabajos, incluido un organismo de cooperación internacional, analiza las propuestas de los terrenos donde funcionarían esos vertederos que, el ministro prefiere no identificar por el momento.
Lo que sí aclara es que el cierre técnico de Duquesa no será algo inmediato, sino que se trata de un proceso que puede tomar entre cinco y siete años.
Basado en los promedios diarios de generación de 1.46 kilogramos por habitantes, el Diagnóstico de Situación del Sector Residuos Sólidos en República Dominicana calcula que al 2020 el país generaría unas 17,344 toneladas diarias de desechos.
Contando desde 2015, cuando el estimado de generación era de 14,571 toneladas diarias, se proyecta que para 2030 la cifra podría aumentar un 60 %.
El diagnóstico de AECID encontró que el 93 % de los ayuntamientos consultados indica hacer una cobertura de recolección de entre el 80 % y el 100 % en las zonas urbanas, pero 43 % no da ese servicio en zonas rurales.
De ahí que, en la zona rural, el 60 % de la población elimina los residuos de forma inadecuada. “Se evidencia que el 14.6 % realiza vertido incontrolado y el 45.2 % realiza quema de residuos”, indica el estudio. Aunque a nivel urbano el 86.2 % recibe servicio de recolección, el 5.4 % de la población realiza vertido incontrolado y 5.2 % realiza quema de residuos”.
Otro aspecto que destaca es que el 64 % de los ayuntamientos no recibe ingresos o pagos por el servicio que ofrecen, pues, no cuentan con sistemas de facturación y cobros, siendo subvencionados en gran medida por el Gobierno central. “En el 46 % restante se aplican facturaciones y cobros mediante departamentos de arbitrios municipales, especialmente a comercios y grandes generadores”.
Esa realidad se traduce en que los vertederos municipales no cuentan con equipos, infraestructura de control de impactos: impermeabilización o adecuación del terreno, captura de gases, personal operativo o de vigilancia. “Por tal razón afectan los cuerpos de agua en sus proximidades y todos tienen algún tipo de recurso hídrico en distancias que van de 1.5 kilómetros hasta menos de 50 metros”, resalta.
Los cálculos en la materia señalan que el costo de transportar una sola tonelada de residuos del lugar de recolección hasta la disposición final, cuesta entre 22 y 30 dólares, sin embargo, el promedio de pago a nivel nacional es de unos 2 dólares.
El país tampoco ha logrado despegar una industria potente de reciclaje, actividad que, de acuerdo con los datos de Focimirs genera unos 300 millones al año, con apenas un 7 % de la basura recolectada.
A 2015 había un estimado de 15 empresas privadas dedicadas a actividades de reciclaje más otras 10 comunitarias en procesos de recolección y organización de los desechos.
Un vertedero controlado
En su idea de un vertedero controlado, el ingeniero Martínez que describe un lugar donde la basura se vierte durante el día y en la noche unos equipos la trituran y la compactan y le ponen un material compactable, como el caliche, de forma que quede lista para recibir la carga del día siguiente.
En cada capa de desechos y caliche se colocan tuberías para extraer el biogás que genera la descomposición anaeróbica de los desechos que, como en el caso dominicana, la mayoría es orgánica. Debería recolectarse mediante tuberías el lixiviado que generan los desechos, y llevarlo a una planta de tratamiento, previo a la descarga en el subsuelo, para evitar la contaminación.
También disponer de un personal capacitado para ello.
Martínez considera que el país debería aplicar este modelo en sus planes de intervención en los vertederos, una inversión que puede ser costosa, pero necesaria.
“Lo primero es identificar cuáles se pueden eliminar y cuáles no. Hay que tomar en cuenta la vida útil de cada uno de esos vertederos para saber cuánto puede durar la inversión en función de su costo”. Para decidir cuáles se pueden quedar o no, se toma en cuenta su ubicación respecto a las zonas urbanas, la disponibilidad de minas de material para el proceso de cobertura, pero, sobre todo, el tiempo de uso o vida útil, que debería ser un mínimo de 20 años.
