El nuevo organismo coordinará inspecciones tributarias, laborales, migratorias y sanitarias con participación de 14 representantes de instituciones públicas.

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader dispuso la creación de una fuerza de tarea interinstitucional para enfrentar el comercio ilícito, la evasión tributaria y otras irregularidades detectadas en actividades de importación, distribución y comercialización de mercancías en República Dominicana.
La medida quedó establecida mediante el Decreto 818-26, firmado el 16 de noviembre, y procura integrar en una misma estructura de coordinación a organismos que tienen responsabilidades de supervisión y fiscalización sobre los establecimientos comerciales.
El mecanismo contará con 14 representantes institucionales y tendrá entre sus funciones coordinar inspecciones tributarias, laborales, migratorias y sanitarias, así como identificar prácticas que puedan afectar la competencia entre negocios que operan legalmente y establecimientos que presuntamente incumplen las disposiciones vigentes.
La decisión se produce en un contexto de operativos realizados por distintas autoridades en establecimientos comerciales, algunos de ellos pertenecientes a propietarios extranjeros, donde se han señalado posibles incumplimientos de obligaciones fiscales, laborales, migratorias y sanitarias. Es importante precisar que las inspecciones y las denuncias de irregularidades no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad de los propietarios.
Uno de los objetivos de la nueva estructura es evitar que las instituciones trabajen de manera aislada y facilitar el intercambio de información durante las investigaciones. La coordinación también permitirá abordar operaciones que podrían involucrar diferentes tipos de infracciones, incluyendo posibles actividades relacionadas con el lavado de activos.
La aplicación de este mecanismo plantea un desafío para las autoridades: fortalecer la fiscalización sin generar actuaciones arbitrarias ni afectar a comerciantes que cumplen sus obligaciones. Para ello, los procedimientos deberán respetar las garantías legales, la igualdad ante la ley y el derecho de los establecimientos a conocer las razones de cualquier intervención.
La efectividad del decreto dependerá de que las inspecciones produzcan resultados verificables, que las infracciones sean documentadas y que las sanciones se apliquen conforme a los procedimientos establecidos.


















