Santo Matos trabaja como chofer de carro público en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, y asegura que el alza de los pasajes es inevitable.
Lo mismo exclama con intención Franklin Ferrera desde el asiento trasero del vehículo, porque tanto usuarios como operadores del transporte público están convencidos de que el encarecimiento de los combustibles traerá un aumento en el costo de la vida, a pesar de las medidas de mitigación del Gobierno.
Producto del encarecimiento del petróleo en el mercado internacional, en dos semanas la gasolina en República Dominicana aumentó 15 pesos en total, posicionándose en 305.10 pesos el galón premium y 287.50 el regular.
Este sábado, motoconchistas, transportistas y usuarios de movilidad pública, aseguraron que el conflicto en Medio Oriente y su impacto en el crudo, hará que los costos de pasajes, alimentos y servicios aumenten de forma generalizada.
Con el alza de cinco pesos en el pasaje de la ruta de la avenida Gregorio Luperón crecen las especulaciones ante un futuro inmediato que parece anunciar un repunte en el costo de la vida.
Para mantener el precio en estos parámetros, el Gobierno destinará esta semana 1,702.2 millones de pesos. Sin embargo, el presupuesto de este año contempla subsidios a los combustibles por 12,000 millones.
Tras la pasada reunión del Consejo de Ministros se informó que se estaba identificando una partida adicional de 10,000 millones de pesos para enfrentar la situación.
Pacto de garantía
En un contexto en el que la ciudadanía anticipa un aumento sustancial en el nivel de vida y en el precio de los pasajes, se plantea un pacto nacional que garantice que los precios obedezcan a los principios de oferta y demanda en el mercado internacional.
El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Figueroa, descartó un aumento en el precio del pasaje en las más de 20 rutas que componen esa asociación. Sin embargo, presentó la necesidad de firmar un pacto nacional de garantía como condición para mantener estables los precios.
El pacto propuesto convocaría al Gobierno, transportistas, iglesias, universidades y directores de medios de comunicación. Su propósito es establecer un compromiso vinculante que obligue a bajar los precios de los combustibles cuando el barril de petróleo descienda, algo que históricamente no ha ocurrido de forma automática.
