SANTO DOMINGO. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitió un manual para orientar el uso de los procedimientos de excepción en las compras estatales, una modalidad que permite contratar bajo condiciones especiales cuando se cumplen los supuestos previstos en la normativa.
El documento fue anunciado el 13 de octubre y se enmarca en la Ley núm. 47-25 y su Reglamento General de Aplicación núm. 52-26. Según la institución, sus disposiciones son de aplicación obligatoria para las entidades contratantes.
La finalidad declarada es establecer criterios claros sobre las condiciones, los requisitos y los pasos que deben observarse al recurrir a estas modalidades extraordinarias.
La excepción no debe convertirse en una regla
Los procedimientos de excepción cumplen una función en situaciones específicas, pero requieren controles que impidan utilizarlos como sustituto habitual de los mecanismos ordinarios de competencia.
La claridad de los requisitos es importante porque las decisiones de contratación pública comprometen recursos que provienen de los contribuyentes. La ciudadanía necesita poder conocer por qué se eligió una modalidad, qué circunstancias la justificaron y cómo se verificó el cumplimiento de las condiciones aplicables.
Un manual puede contribuir a uniformar criterios entre instituciones, pero su efectividad dependerá de la supervisión, la documentación de cada proceso y la aplicación de consecuencias cuando se incumplan las reglas.
La prueba será su aplicación
La publicación de nuevas orientaciones representa un avance normativo, aunque no demuestra por sí sola que hayan desaparecido las irregularidades en las compras públicas.
Para evaluar su impacto será necesario observar cómo las entidades justifican sus decisiones, si los expedientes ofrecen información suficiente y si los mecanismos de control actúan oportunamente.
La transparencia en las contrataciones no depende únicamente de las normas escritas. También requiere instituciones capaces de aplicarlas, datos accesibles y una ciudadanía que pueda fiscalizar el uso del dinero público.
