El presidente Luis Abinader emitió el Decreto 393-26, mediante el cual declara de utilidad pública e interés social varios terrenos situados en el Monumento Natural Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier, en la provincia San Cristóbal.
La medida surge como respuesta a la intensa presión social ejercida por organizaciones ambientales y comunitarias, las cuales habían denunciado durante las últimas semanas el impacto negativo de las actividades mineras en este ecosistema.
La disposición oficial, emitida el 15 de junio de 2026, ordena la adquisición de los terrenos identificados dentro de la parcela número 405 del distrito catastral número 02 del municipio San Cristóbal.
Los fondos para este proceso serán suministrados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La medida es considerada una victoria por parte de los grupos ambientalistas y la Plataforma San Cristóbal, que mantenían un conflicto activo tras la denuncia de la destrucción de la denominada «Cueva del Tándem».
Los defensores del patrimonio histórico habían convocado movilizaciones y vigilias, exigiendo el cese definitivo de las operaciones extractivas y una protección efectiva del área, tras meses de denuncias sobre el daño al sistema cavernario.
El decreto instruye al Ministerio de Medio Ambiente, a la Dirección General de Bienes Nacionales, al Abogado del Estado y al Registro de Títulos a ejecutar las acciones administrativas y legales correspondientes para formalizar la adquisición.
En caso de no alcanzarse un acuerdo económico con los propietarios de las parcelas, la institución procederá conforme a los mecanismos legales establecidos en la Ley 492 de 1969 y la normativa vigente.
La ejecución de este mandato busca salvaguardar el legado arqueológico y natural de la zona, reforzando las acciones de conservación y restauración ambiental frente a las amenazas que habían sido señaladas por los sectores sociales y académicos durante el presente mes.
Denuncian peligro en las Cuevas del Pomier
Este video es relevante porque documenta las denuncias previas realizadas por la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) sobre la situación crítica de las cuevas, lo cual impulsó el movimiento social que derivó en la reciente medida gubernamental.
